Estela Ambriz Delgado
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito revocó la determinación de un juzgado de distrito que había concedido el amparo a un núcleo agrario, que le permitía no acatar el decreto de Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) de la Sierra de San Miguelito, por lo que con la decisión se reconoce su validez constitucional.
El Colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito informó que, este miércoles 15 de julio en Sesión Ordinaria virtual del tribunal, se resolvió el amparo en revisión administrativa 544/2024, en el cual se revocó la determinación de un juzgado de distrito que inicialmente había concedido el amparo al ejido El Terrero contra el decreto de Área Natural Protegida (ANP).
Sin embargo ahora el tribunal colegiado decretó su validez constitucional al considerar que la declaratoria ambiental es acorde con la Constitución, en tanto que no priva al núcleo de su derecho de propiedad, sino que solamente lo limita, protegiendo un ecosistema cuya preservación fue considerada prioritaria por sus características ambientales.
El Ejido Terrero, mediante el juicio de amparo 89/2022, obtuvo sentencia en contra del decreto del 13 de diciembre de 2021, bajo la injerencia de la empresa Valoran, misma que es dueña de la empresas carreteras Mexicana de Técnicos en Autopistas (META) y de Infraestructura Potosina de Carreteras, las cuales pretenden realizar el proyecto carretero de cuota Entronque 75D Matehuala.
Guardianes de la Sierra expresó que el criterio emitido por el tribunal representa un hito en la interpretación y alcance de las ANP en el estado, pues impactará en las controversias que ejidos controlados por fraccionadores mantienen contra el APFF Sierra de San Miguelito.
Se explicó que, dentro de la estrategia empresarial de los grupos inmobiliarios contra la Sierra, que se desarrolla en los ejidos Escalerillas, El Aguaje, San Juan De Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito –tanto ejido como comunidad– los ejidos Calderón, Emiliano Zapata y Jesús María en Villa de Reyes, todos presentaron amparos bajo la misma tesitura bajo el argumento de que el decreto del ANP afectaba el derecho de posesión y propiedad de los núcleos agrarios y que se omitía una consulta para poder manifestar lo que en derecho correspondiera.
Asimismo el colectivo indicó que, el colegiado sigue un lineamiento que viene de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la supremacía de la protección del medio ambiente, a decisiones de núcleos de población con intención de desprenderse de las ANP y/ o acciones tendientes a la privatización de la tierra.
“Por tanto es de gran importancia este lineamiento porque ahí en ese tribunal colegiado están varios de los amparos que estaban ganando los grupos empresariales a través de los ejidos. El destino de esos amparos va a ser estas resoluciones, lo cual le va a cerrar el paso jurídico y judicial a todos los intentos por destruir el decreto, quedará firme y blindada, es una derrota de los grupos empresariales y sus aliados en el gobierno municipal y estatal”, concluyeron.
