Tribunal Electoral de SLP descarta actos anticipados de campaña a favor de Ruth González en evento de Torres Cedillo

Fernanda Durán

El Tribunal Electoral del Estado declaró inexistentes las infracciones denunciadas por el partido Somos contra el secretario de Cultura, Juan Carlos Torres Cedillo, por presuntos actos anticipados de campaña a favor de la senadora Ruth González Silva rumbo a la gubernatura de 2027, al determinar que sus declaraciones fueron realizadas de manera espontánea durante una entrevista periodística y que no existen pruebas de utilización de recursos públicos ni de afectaciones a la equidad de la contienda.

Durante la sesión pública de este miércoles 18 de noviembre, el pleno aprobó por unanimidad la resolución del procedimiento sancionador especial TESLP/PSE/03/2026, promovido por Xavier Nava Palacios, dirigente estatal de Somos, a partir de las declaraciones que Torres Cedillo realizó el 19 de agosto durante un evento en una comunidad de Tamazunchale.

La denuncia señalaba que el funcionario había promovido las aspiraciones de González Silva al referirse a ella como futura gobernadora y hablar sobre el potencial electoral del magisterio, incluidos los exalumnos que ya cuentan con edad para votar.

Sin embargo, el Tribunal concluyó que las expresiones no reunieron los elementos necesarios para configurar actos anticipados de campaña, ni existían condiciones para considerar que se vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad electoral.

Al presentar el proyecto, la ponencia a cargo de la secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de magistrada Sanjuana Jaramillo Jante, explicó que las declaraciones fueron emitidas como respuesta a las preguntas de un medio de comunicación digital, fuera del espacio donde se desarrollaba el evento y sin formar parte de un discurso político dirigido a los asistentes.

“Esto es, fuera del pódium del evento oficial al que hace referencia el denunciante y dirigido únicamente al entrevistador, no como parte de una narrativa política”.

De acuerdo con el análisis tampoco se acreditó que Torres Cedillo buscara promover una candidatura propia, que sus declaraciones constituyeran un llamado al voto o que existieran elementos para establecer que Ruth González sería postulada como candidata.

La ponencia sostuvo que las manifestaciones se realizaron fuera de los periodos electorales correspondientes y no formaron parte de una conducta reiterada o sistemática para posicionar a una persona.

Otro de los elementos considerados por el Tribunal fue la falta de pruebas que permitieran acreditar que el evento de Tamazunchale se realizó con recursos públicos o que el funcionario utilizó su cargo para promover a la senadora.

La resolución también estableció que no se aportaron elementos suficientes para demostrar que el grupo identificado como Fuerza Magisterio, responsable del encuentro, estuviera afiliado a un partido político o formara parte de una estructura partidista, por lo que no podía presumirse el carácter proselitista de la actividad.

Asimismo, el expediente no contenía pruebas de que la entrevista hubiera sido pagada, organizada o solicitada por Torres Cedillo, ni de que este se hubiera presentado en su calidad de secretario de Cultura para emitir las declaraciones.

“Una opinión espontánea sin guión no revela la intención sistemática de posicionar una candidatura”, señaló la ponencia.

Bajo estas consideraciones, el Tribunal concluyó que las manifestaciones estaban protegidas por la libertad de expresión y no rebasaron los límites establecidos en el artículo 134 de la Constitución federal, que regula la actuación de los servidores públicos respecto al uso de recursos públicos y los principios de imparcialidad en materia electoral.

Durante la discusión, la magistrada presidenta, María Carolina López Rodríguez, retomó un precedente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para precisar que los servidores públicos que no buscan una candidatura propia no necesariamente pueden ser considerados responsables de actos anticipados de campaña por expresiones relacionadas con terceras personas.

En ese sentido, explicó que las manifestaciones de apoyo a una posible candidatura realizadas por funcionarios deben analizarse también desde las obligaciones de imparcialidad previstas en el artículo 134 constitucional.

“La esencia de la prohibición constitucional radica en que no se utilizan recursos públicos para fines distintos, ni los servidores públicos aprovechan la posición en que se encuentran para que, de manera explícita o implícita, hagan promoción para sí o de un tercero que pueda afectar la contienda electoral”, leyó del precedente judicial.

La magistrada recordó que la legislación electoral identifica como posibles sujetos infractores de actos anticipados de campaña a partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidaturas independientes.

Aunque respaldó el proyecto, hizo un llamado al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para que las investigaciones de los procedimientos sancionadores se realicen de manera exhaustiva, particularmente ante el proceso electoral de 2026-2027.

La determinación representa un resultado desfavorable para una de las acciones legales promovidas por Somos contra actividades que considera parte del posicionamiento anticipado de Ruth González Silva y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La denuncia contra Torres Cedillo fue presentada el 1 de septiembre y admitida por el Ceepac, que celebró la audiencia de pruebas y alegatos el pasado 9 de noviembre antes de remitir el expediente al Tribunal Electoral.

El partido había señalado que las declaraciones del funcionario y las actividades de Fuerza Magisterio Verde debían investigarse por su posible relación con la promoción de una candidatura fuera de los plazos legales.

Además de este procedimiento, Somos impugnó el desechamiento de otra denuncia relacionada con los eventos de los denominados 20 años del gallardismo, realizados en la capital potosina y Ciudad Valles, en los que también señaló posibles actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos.

Finalmente, el pleno declaró por unanimidad:

“Se declara la inexistencia de la infracción denunciada consistente en los actos anticipados de campaña y vulneración a los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad de la contienda electoral atribuidos al ciudadano Juan Carlos Torres Zedillo, Secretario de Cultura del Gobierno del Estado”.