Por Victoriano Martínez
En la asamblea del 21 de julio de 2024, los dos grupos inmobiliarios que pretenden urbanizar parte de la Sierra de San Miguelito se disputaron el control del comisariado comunal de San Juan de Guadalupe: la planilla impulsada por Carlos López Medina y el Gobierno del Estado ganó por 71 votos contra 70 para la apoyada por el grupo de Alejandro Tamayo Ibarra y el ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga.
Fue así como Aniceto Jasso Bravo, por un voto de diferencia, resultó electo como presidente del Comisariado de Bienes Comunales. La planilla del movimiento de resistencia contra la urbanización y en defensa de la Sierra de San Miguelito, encabezada por Armando Rosales obtuvo 60 votos. Por la desaseada compra de votos impugnaron el proceso ante el Tribunal Unitario Agrario.
A casi 16 meses, a aquellas irregularidades se suma otra, ahora al interior del Tribunal Unitario Agrario (TUA). Un grupo de comuneros, principalmente mujeres, se manifestaron frente a las oficinas del Tribunal para denunciar que el expediente 712/2024 sobre la asamblea en la que se eligió al comisariado ejidal se resolvió de manera irregular.
El grupo de inconformes presentó un recurso ante el propio TUA para que fuera revisado el caso. Se trataría de una más de las irregularidades que cotidianamente enfrentan los comuneros de San Juan de Guadalupe en su lucha por proteger su territorio, de no ser porque circuló entre ellos un audio sobre una conversación entre Luis David Sandoval Huerta con una abogada gestora.
“¿Cuál amarro? Porque tenía la posibilidad, como la tengo así amarrada contra el cuello a la magistrada dije, ¿cuál amarro? Le dije, pues me interesa el de la elección y este, el de Gea, pues son los únicos que me interesan”, se escucha decir a Sandoval Huerta a su interlocutora.
A la gravedad de la expresión de tener “amarrada contra el cuello a la magistrada” se le suman más elementos de esa conversación que describen un Tribunal en el que se venden y se intercambian sentencias y se trafica con la información que en él se maneja.
Los comuneros inconformes jalaron la madeja del “me interesa el caso de la elección” por un dato muy relevante: Sandoval Huerta es el abogado del Comisariado Comunal de San Juan de Guadalupe desde hace varios años, lo que significa que la elección a la que se refiere es a la que ellos impugnaron desde julio del año pasado.
El punto quedó confirmado cuando en la propia grabación Sandoval Huerta menciona el expediente 712/2024, que es justamente sobre el que este martes los comuneros presentaron su recurso de inconformidad.
La red de tráfico de influencias no para ahí. Sandoval Huerta es hijo de María Norma Huerta Martínez, en cuya ficha como servidora pública aparece como “secretaria de Magistrado de Tribunal Unitario Agrario Dto. 25”, es decir, es la secretaria de la magistrada María de Lourdes Martínez Lastiri, a quien se menciona en el audio como “amarrada contra el cuello”.
Los comuneros lograron identificar a la interlocutora de Sandoval Huerta como Gloria Bárcenas, quien opera como gestora al servicio de Huerta Martínez.
En el audio, además del expediente 712/2024, se menciona el 357 sin especificar año, pero que los comuneros ubicaron en 2006 porque se menciona que también está relacionado con su Comunidad.
Se trata de un juicio que comenzó igual que el otro, sobre impugnaciones a una elección, pero que al paso del tiempo se transformó en acuerdos y convenios para repartir diferentes predios como el conocido como La Campana, se mantiene vivo y genera mucho conflicto.
Los comuneros ya enviaron una copia del audio al Tribunal Superior Agrario, desde donde les informaron que abrirán una investigación.
No es el primer caso en el que desde el territorio del Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito se denuncian irregularidades que involucran a Martínez Lastiri.
El pasado 28 de marzo, las autoridades ejidales de El Mezquital, en el municipio Villa de Arriaga, protestaron por la falta de seguimiento a una queja ante el Tribunal Superior Agrario en contra de Martínez Lastiri y su secretario de acuerdos, Uziel Eglé Arriaga Badillo, por realizar una ejecución con ex integrantes del comisariado y abogados que usurpan la actual representación.
