Fernanda Durán
La abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Urenda Queletzú Navarro Sánchez, rechazó que la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) signifique una autorización para que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) audite los recursos propios de la institución, como aseguró el órgano fiscalizador.
Durante una entrevista en medio de la manifestación estudiantil de Derecho realizada este jueves en el Edificio Central, la funcionaria universitaria respondió al tema al calificar como “completamente falso” el boletín emitido por el IFSE, y que la sentencia no le otorga “puerta abierta” para revisar los ingresos autogenerados de la universidad.
Explicó que el fallo únicamente resolvió sobre la vía jurídica utilizada al determinar que la UASLP no puede acudir a la controversia constitucional porque no es un órgano constitucional autónomo, sino un organismo descentralizado del Estado con autonomía de gestión.
Navarro puntualizó que el máximo tribunal no entró al fondo del conflicto de competencia entre la universidad y el IFSE, por lo que la afirmación de que la Corte avaló la fiscalización “es falsa”.
Aseguró que, de ser necesario, la institución hará pública la sentencia para que se conozca el contenido exacto y se descarte cualquier interpretación errónea.
Respecto a los procesos legales en curso, explicó que la universidad mantiene recursos intraprocesales y que, al momento, no se ha iniciado un procedimiento de fondo que justifique una defensa judicial completa.
Afirmó que la UASLP ha entregado información al IFSE y que las impugnaciones presentadas se han dirigido a cuestionar los actos internos de la fiscalización:
“Tan es así que yo afirmaría, contrario a lo que dicen, que no nos dejamos auditar; tan nos hemos auditado que les hemos entregado información y hemos atacado sus actos internos dentro de la fiscalización”.
Sobre la posibilidad de que el rector Alejandro Zermeño Guerra comparezca ante el Congreso del Estado o ante el órgano fiscalizador, Navarro sostuvo que ello sería una interferencia directa en la autonomía universitaria, ya que el único órgano facultado para requerir su presencia es el Consejo Directivo Universitario (CDU).
“Claro que se debe rendir cuentas a la sociedad e informarle de manera transparente, pero intentar vulnerar la autonomía a través de un ejercicio de comparecencia sobre el que no se tienen atribuciones es inapropiado e inadecuado”.
Las declaraciones se dan tras el pronunciamiento del auditor superior del Estado, Rodrigo Lecourtois López, quien afirmó que el fallo de la Corte “da un golpe sobre la mesa” al reconocer a la UASLP como un ente público auditable.
El IFSE sostiene que, con la resolución definitiva, puede continuar la fiscalización de los ejercicios 2022, 2023 y 2024, donde se acumulan observaciones que, según el organismo, ascienden a más de mil 800 millones de pesos.
Navarro, sin embargo, insistió en que el fallo no avala la fiscalización de los ingresos propios, sino que se limita a definir la naturaleza jurídica de la universidad y a señalar que la controversia no era la vía procesal idónea.
Reiteró que la institución seguirá litigando por las vías legales correspondientes para defender su autonomía y aclarar los alcances de la resolución.
