Por Victoriano Martínez
Las actividades en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se encaminan a su normalización en los próximos días, aunque con autoridades comprometidas a solventar omisiones que permitieron que se registraran los hechos que provocaron la indignación estudiantil y de la sociedad en general que se tradujeron en la crisis que estalló el 20 de octubre.
El rector Alejandro Zermeño Guerra resumió las demandas de los estudiantes en los que llamó tres ejes: (1) la mejora del protocolo universitario de atención a la violencia, (2) el fortalecimiento de la Defensoría de los Derechos Universitarios y (3) el reforzamiento de la seguridad en los campus. Tres aspectos en los que se puede observar una cadena de omisiones que abonaron a la crisis.
Considerar hasta ahora, tras la crisis que se vivió la semana pasada, una mejora del Protocolo Universitario para la Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación del Hostigamiento y el Acoso Sexual y la Violencia de Género (Protocolo PASE) refleja la poca atención que se le ha puesto al contenido del documento.
En el apartado B, Marco conceptual, inciso IV, “Sobre el mecanismo de revisión del protocolo” (página 26), prevé la revisión del Protocolo a los tres años de su aprobación, algo que debió darse en 2023. “La sustanciación de este procedimiento correrá a cargo de las y los integrantes del CIEVG-UASLP, quienes definirán las pautas y criterios para su mejora o reforma”, señala ese punto.
El CIEVG se refiere al Comité Institucional para la Erradicación de la Violencia de Género que, según el propio documento (página 5), “se encuentra conformado por representantes de las colectivas de alumnas organizadas de las distintas entidades académicas, las personas titulares tanto del Sindicato Administrativo como de la Unión de Asociaciones del Personal Académico así como de la oficina del Abogado General, coordinado por la Defensoría de los Derechos Universitarios”.
O bien ninguno de los actores que conforman el Comité le dio importancia a la revisión del documento hace dos años o, lo que sería peor, se trata de un Comité que ni siquiera existe, lo que resulta muy probable si se toma en cuenta que durante las movilizaciones de la semana pasada nadie levantó un reclamo contra ese organismo, pero tampoco ninguno de sus integrantes salió para exponer algo.
Entre 2020, cuando se aprobó el Protocolo PASE como una de las primeras acciones del entonces nuevo rector, y el 2023, cuando tendría que haber sido revisado, su mejora ya era una necesidad ante la acumulación de casos de hostigamiento y acoso y violencia de género, que a la fecha el propio rector reconoció que hay entre 35 y 40 expedientes activos relacionados con denuncias.
Un antecedente que exige en primer lugar que se demuestre la forma en que se aplican las disposiciones de ese protocolo, especialmente las que tienen que ver con medidas y acciones de prevención, para lo que incluso se creó una Defensoría Adjunta de Promoción y Difusión (página 28), que valdría la pena que demostrara haber hecho un esfuerzo suficiente para que toda la comunidad universitaria conociera y estuviera en condiciones de aplicar el protocolo.
“Esta Defensoría Adjunta implementará acciones de información, sensibilización y capacitación contra el acoso y el hostigamiento sexual en la universidad, así como para la difusión de los alcances de este protocolo y sus procedimientos”, señala el documento.
Las omisiones y deficiencias en el tratamiento del caso de la agresión sexual en la Facultad de Derecho dan cuenta de que atrás de esa falta se encuentra el incumplimiento de esa Defensoría Adjunta y de algo más: por mucho que se fortalezca a la Defensoría de los Derechos Universitarios en el Protocolo, o lo que lo sustituya, si no hay un compromiso real por parte de quienes lo encabecen y de toda la comunidad universitaria, poco avance se puede esperar.
Si en el caso de la Defensoría de los Derechos Universitarios contar con un Protocolo en forma, que en su presentación se presumió que tiene “los estándares más actualizados de la materia y que en la parte procedimental, dejará de ser un instrumento revictimizante, confuso y sin la efectividad necesaria” ni previno la violencia de género ni mejoró la atención a un caso tan grave, en cuestión de seguridad las deficiencias resultan mayores.
Tanto en el Estatuto Orgánico de la UASLP, como en el reglamento interno de la Facultad de Derecho, sólo se menciona en una ocasión la cuestión de seguridad con referencia a las la protección de la integridad de la comunidad universitaria y, entre la normativa de la Universidad, no aparece ningún reglamento, lineamiento o protocolo para garantizarla.
En el sitio Web de la UASLP aparece una referencia a las funciones del Departamento de Seguridad y Resguardo de Bienes Patrimoniales, en la que se menciona entre sus funciones una que los acontecimientos en la Facultad de Derecho muestran su poco cumplimiento:
“Promover la cultura de seguridad y la prevención entre los universitarios, así como proporcionar seguridad en facultades, escuelas y dependencias. Proporcionar asesoría a la comunidad universitaria, con la finalidad de prevenir conductas nocivas dentro de las instalaciones de esta casa de estudios”.
Entre sus funciones “proponer al secretario General, protocolos de seguridad”. ¿Cuántos protocolos de seguridad habrá propuesta ese departamento? Por lo menos es de esperar que haya propuesto una de aplicación general, pero su ausencia en la relación del marco normativo de la UASLP es indicador de que no existe, como sí aparece el Protocolo PASE.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí se encamina a la normalización de sus actividades, pero en la atención de las demandas de los estudiantes y una auténtica erradicación de la violencia de género y protección a la integridad de la comunidad universitaria apenas se abre una ruta en la que el tiempo abre un riesgo de simulación, que es lo primero que se tiene que prevenir y erradicar.
