María Ruiz
El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, informó que ya se entregó a la Fiscalía General del Estado las grabaciones de las cámaras de vigilancia relacionadas con el caso de abuso sexual ocurrido en la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”, donde una estudiante fue agredida presuntamente por tres alumnos.
Zermeño señaló que la Fiscalía es la autoridad competente para determinar las sanciones correspondientes, pues se trata de un delito que rebasa el ámbito universitario.
“Se les dieron todas las cámaras de vigilancia y la Fiscalía está investigando. Estoy seguro de que van a llegar a una razón justa para que se haga justicia en este caso”, declaró el rector.
El funcionario universitario recalcó que la UASLP no tiene facultades para detener a personas ni para aplicar sanciones penales, aunque sí puede imponer medidas administrativas internas.
“Nosotros no tenemos facultades para detener a una persona porque no somos autoridad que pueda quitar la libertad. Lo máximo que podemos hacer es aplicar sanciones administrativas, incluso la expulsión, pero eso no resuelve la situación. Si son delincuentes, deben pagar ante la Fiscalía”, dijo.
Añadió que la Defensoría de los Derechos Universitarios, la Abogada General y la Dirección de la Facultad ya tienen conocimiento del caso y actúan conforme a los procedimientos internos.
En cuanto al acompañamiento a la víctima, el rector reconoció que no ha tenido contacto directo con ella, pero otras áreas de la universidad sí mantienen diálogo y apoyo.
“En lo personal, no he hablado con la afectada, pero sí lo han hecho la abogada general, el secretario general y la dirección de la Facultad. Se están tomando acciones y hay comunicación con ella”, explicó.
El caso ha provocado movilizaciones y protestas del estudiantado en las instalaciones de la Facultad y en el Edificio Central, donde exigieron justicia, seguridad y la aplicación de protocolos efectivos ante casos de violencia sexual.
Zermeño Guerra reiteró que la universidad no tolerará ningún acto de violencia o acoso dentro de sus espacios, además de que colaborará plenamente con la Fiscalía para que los responsables sean sancionados conforme a la ley.
