Fernanda Durán
Luego de permanecer acéfala durante meses, en medio de retrasos, renuncias y cuestionamientos por la falta de resoluciones en casos de violencia de género, el Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí designó este viernes 27 de febrero al abogado Julián Ruiz Contreras como nuevo presidente de la Comisión Institucional de Justicia Universitaria (CIJU), con dos votos en contra y cuatro abstenciones.
La designación ocurre en un contexto de controversia institucional dentro del sistema de justicia universitaria, particularmente tras el prolongado estancamiento de expedientes por violencia de género que acumularon más de 17 meses sin resolución que también exhibió vacíos operativos, renuncias y falta de claridad en la integración y funcionamiento de las instancias encargadas de resolver estos casos.
Ruiz Contreras sustituye en el cargo a la anterior titular, Paola Iliana de la Rosa, llegando así a una Comisión que, desde entonces, no contaba con una presidencia formal, lo que contribuyó a retrasar la presentación de dictámenes pendientes ante el máximo órgano de gobierno universitario.
El nombramiento no estuvo exento de controversia. Durante la sesión, integrantes del Consejo cuestionaron el perfil propuesto, en particular por su parentesco con el ex fiscal general del estado y ex secretario de Seguridad Pública, José Luis Ruiz Contreras, así como por su antecedente público en el caso del feminicidio de Karla Pontigo.
De acuerdo con resoluciones judiciales y documentación hemerográfica, Julián Ruiz Contreras fue el primer juez que conoció ese caso y lo calificó inicialmente como homicidio culposo. En 2021, el Juzgado Primero de Distrito determinó que existía un conflicto de interés en la investigación, entre otros factores, por el parentesco entre el entonces vicefiscal jurídico, José Luis Ruiz Contreras, y el propio Julián Ruiz Contreras, situación que contribuyó a que la Fiscalía General de la República atrajera el expediente.
Además, su nombre ha aparecido en otros episodios públicos como el conflicto interno dentro del Poder Judicial del Estado entre 2019 y 2020, donde participó en acciones legales contra el entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Paulo Almazán Cue, así como en registros administrativos y jurisdiccionales donde se documenta su trayectoria como juez en distintos juzgados, incluido el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Distrito.
Pese a estos señalamientos, el rector de la UASLP defendió la designación y sostuvo que es facultad de la rectoría proponer el perfil que considere idóneo para el cargo, el cual debe ser sometido a votación del Consejo.
El rector afirmó que Ruiz Contreras cuenta con la trayectoria, experiencia y capacidad necesarias para desempeñar la función, y rechazó que su nombramiento deba ser cuestionado por el desempeño de su hermano en la administración pública estatal al tratarse de trayectorias independientes.
La designación también dejó fuera otros perfiles propuestos por integrantes del propio Consejo Directivo Universitario, entre ellos especialistas con trayectoria directa en derechos humanos y perspectiva de género como Beatriz Aguilera, integrante de la Defensoría de Derechos Universitarios y recientemente finalista para la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV); así como las académicas Roxana Montejano Villaseñor y Suhey Tristán, vinculadas a la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP e integrantes de la colectiva académica 6N; y la abogada y activista Raquel Chaqueño.
La exclusión de estos perfiles se da en un momento en que diversos sectores universitarios han cuestionado la capacidad institucional de la Comisión de Justicia para atender casos de violencia de género con celeridad, imparcialidad y perspectiva especializada.
Creada en 2023 como parte del sistema de justicia universitaria, la Comisión Institucional de Justicia Universitaria es el órgano encargado de investigar y emitir dictámenes sobre quejas por violaciones a derechos universitarios y humanos, incluidos casos de acoso y violencia de género, cuyos resultados deben ser presentados ante el Consejo Directivo Universitario para la determinación de sanciones.
Sin embargo, su funcionamiento ha sido objeto de críticas en los últimos meses, luego de que el propio Consejo reconociera que no tenía claridad sobre quién integraba algunas de las comisiones encargadas de revisar expedientes específicos, y tras múltiples sesiones en las que la presentación de dictámenes fue pospuesta por renuncias, ausencias o falta de representación.
