Abelardo Medellín
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) presentó una controversia constitucional, registrada con el número 178/2025, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Congreso del Estado y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
El recurso promovido el pasado 24 de junio intenta combatir la invasión de su esfera de competencia en la fiscalización de recursos propios autogenerados, dado que ambas instituciones han intentado auditar a la Universidad pese a que ya lo hacen entidades federales.
Específicamente, la UASLP argumenta que el IFSE, a pesar de las justificaciones presentadas sobre su falta de competencia para fiscalizar estos recursos ―reconocida en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Universidad, en correlación con el artículo 135, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y el artículo 3º Constitucional, fracción VII―, presumió un daño a la hacienda pública por 646 millones 880 mil 706 pesos, basándose en la falta de entrega de información por parte de la institución educativa, según la Cédula de desahogo final de observaciones AEFPO-35-UASLP-2023, notificada mediante el oficio IFSE-AEFPO-308/2025.
Adicionalmente, la máxima casa de estudios reclama la invasión de la competencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aludiendo a la publicación del Programa Anual de Auditorías y la notificación del Informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública 2023 (AEFPO-35-UASLP-2023), que incluye la fiscalización de recursos ya revisados por la ASF, así como los requerimientos de información sobre el Programa Anual de Obra Pública y Proyectos de Inversión, y la relación de contratos adjudicados de Obra Pública en 2023.
La UASLP argumenta que la realización de obras con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples de naturaleza federal no justifica la fiscalización por parte del IFSE.
Adicionalmente, la Universidad solicitó una medida cautelar, a través de la cual pide a la SCJN que el asunto se considere de atención urgente o preferente.
El expediente ha sido turnado a una ministra de la SCJN para que instruya el procedimiento correspondiente.
Este recurso se suma al historiales reciente de acciones legales que tanto la UASLP como el IFSE han presentado en un conflicto institucional, donde el Estado afirma que puede y debe auditar los recursos autogenerados por la Universidad, mientras que la máxima casa de estudios sostiene su posición respecto a que esos recursos solo pueden ser auditados por su propio órgano de control.
