Texto y fotografías de María Ruiz
Entre reconocimientos tardíos y promesas de cambio, autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) dialogaron este martes con estudiantes de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”, luego de la expulsión de los alumnos implicados en la agresión sexual contra una estudiante, la renuncia del director Germán Pedroza Gaytán y las protestas estudiantiles que mantienen paralizadas varias facultades.
En punto de las 11:30 de la mañana, la abogada general Urenda Queletzú Navarro Sánchez, la titular del Órgano Interno de Control, Karla Pantoja Banda, y el secretario general Federico Garza Herrera, se reunieron con el estudiantado a las afueras del plantel.
El ambiente fue tenso, pues mientras las autoridades hablaban de protocolos, reparación y ética institucional, las y los jóvenes exigieron resultados y sanciones reales ante una cadena de violencias que ya rebasó los discursos administrativos.
La abogada general Urenda Queletzú Navarro reconoció que la universidad ha fallado en la aplicación y difusión de sus propios protocolos de prevención y atención de la violencia de género.
“Lo que hemos detectado es que hace falta informar, documentar e instruir al personal universitario sobre los protocolos de prevención y hostigamiento sexual. No basta con tenerlos, hay que aplicarlos”, admitió.
El reconocimiento, sin embargo, llega después de una serie de hechos que evidencian omisiones.
Apenas la semana pasada se denunció la agresión de un profesor a una estudiante de la Facultad de Economía, y ahora la comunidad universitaria enfrenta el caso de violencia sexual en Derecho, que detonó la protesta y el paro de actividades.
Mientras tanto, las y los estudiantes insistieron en que las acciones institucionales parecen más reactivas que preventivas, y que los protocolos solo se mencionan una vez que el daño ya está hecho.
Reparaciones simbólicas ante el pasado
Durante el encuentro, las autoridades también fueron cuestionadas por la falta de responsabilidad institucional en el feminicidio de Samantha Jocelyn, estudiante de Medicina asesinada en 2016.
La abogada general aseguró que el rector Alejandro Zermeño Guerra, quien entonces dirigía la Facultad de Medicina, inició un proceso de reparación del daño con la familia.
“Desde el inicio de la actual administración se estableció diálogo con la familia de la víctima para iniciar un mecanismo de reparación integral. Incluso se construyó un mural en la zona universitaria como parte de ese proceso”, dijo Navarro.
Sin embargo, el gesto fue calificado por algunas alumnas como una reparación simbólica insuficiente frente a la gravedad del caso y a las omisiones institucionales que permitieron que el feminicidio ocurriera.
“Hablar de reparación mientras siguen ocurriendo agresiones dentro de los espacios universitarios es contradictorio. No queremos murales, queremos garantías”, expresó en entrevista una de las jóvenes manifestantes.
Por su parte, Karla Pantoja Banda, titular del Órgano Interno de Control, habló de la importancia de reforzar la ética universitaria y fortalecer los valores institucionales.
“Tenemos un código de ética, pero no basta con conocerlo: se trata de vivirlo. Necesitamos campañas permanentes de sensibilización y una cultura de integridad en todos los niveles”, declaró.
No obstante, las y los manifestantes subrayaron que esos códigos pocas veces se traducen en acciones efectivas. Denunciaron que los mecanismos de denuncia son lentos, burocráticos y poco empáticos, además de que la mayoría de los casos terminan en la impunidad o en sanciones mínimas.
Pese a que las autoridades universitarias reiteraron su compromiso de reforzar los mecanismos de prevención y sanción frente a la violencia de género, el estudiantado mantiene la toma de la Facultad de Derecho y el paro de actividades en exigencia de una revisión integral de los protocolos, atención real a las víctimas y cambios estructurales dentro de la UASLP.
