Alejandro Rubín de Celis
La corrupción siempre ha estado presente entre la clase política de San Luis Potosí, pero nunca antes se había hecho tan evidente como en la presente administración estatal pese a que en su discurso de toma de protesta Juan Manuel Carreras se comprometió a combatirla en serio.
Ya sea porque el gobernador ha hecho todo lo que está a su alcance para evitar que funcione el Sistema Estatal Anticorrupción ─lo más reciente ha sido retrasar el envío de una nueva terna para nombrar un nuevo fiscal anticorrupción─; o porque la Fiscalía General del Estado (FGE) ─supuestamente autónoma─ retrasa o congela indagatorias durante años bajo el argumento de que es complejo integrar carpetas de investigación sólidas para judicializarlas y que no se les caigan en los juzgados, o rechaza denuncias bien fundamentadas de organizaciones sociales apoyadas por ciudadanos aduciendo que no tienen personalidad jurídica; o porque los diputados no revisan diligentemente los informes de las Cuentas Públicas; o porque la Auditoría Superior del Estado (ASE), con su anterior titular, dejó operar una red de extorsión a alcaldes, mientras que la actual auditora ha demostrado que el trabajo de fiscalización que encabeza es deficiente y sospechoso de encubrimiento; pero el caso es que hay un claro bloqueo a una auténtica impartición de justicia en San Luis Potosí.
A pesar de todos los diques que ha puesto la clase política para proteger a sus miembros, en años recientes se han gestado importantes movimientos sociales que han luchado porque se aplique la ley y que los actos de corrupción en los que han incurrido servidores públicos de alto rango no queden impunes. Incluso, han impedido que se cometan otros abusos que dañan a la sociedad.
Al menos desde 2016, colectivos como el Frente Ciudadano Anticorrupción, Ciudadanos Observando, Ganemos, Cambio por San Luis y el Frente Amplio Opositor (FAO), han emprendido investigaciones ─dentro y fuera del estado en algunos casos─, han presentado denuncias ─y les han dado seguimiento─, han realizado manifestaciones y se han hecho presentes en recintos oficiales para denunciar irregularidades y excesos del poder público y privado.
La más reciente batalla que han ganado las tres primeras agrupaciones mencionadas fue hacer que la ASE realizara una nueva auditoría a las finanzas de la legislatura anterior y confirmara su denuncia de que un grupo de ex diputados desvió recursos por 11.3 millones de pesos de la partida de Gestoría Institucional. De suyo, dos de ellos ya fueron vinculados a proceso, Dulcinea S. y Mariano N. El siguiente paso debe ser que se les exija que devuelvan el dinero que se llevaron, que sean cesados quienes ocupan un puesto público y que se les prohíba postularse a otro cargo de elección popular a los que lo intenten.
Ya en 2017, junto con Ganemos, esas organizaciones obligaron a tres exdiputados a pedir licencia al cargo con motivo de la Ecuación Corrupta y que, a quien la reveló, el panista Enrique Flores, le dictaran una sentencia de ocho meses de cárcel ─que no pisó debido al torcido sistema de justicia penal que tenemos, que es el que hay que cambiar─.
De 2018 a la fecha han presentado denuncias ante la FGE contra Ricardo Gallardo Juárez, su hijo Ricardo Gallardo Cardona y otros familiares, por enriquecimiento inexplicable y por la compra de medicamentos a la fantasmal Sandra Sánchez Ruiz. Las pesquisas están detenidas porque los promoventes litigaron la negativa de la Fiscalía a reconocerles personalidad jurídica y por esa razón el asunto se encuentra en tribunales.
Con la presión que han ejercido ante la ASE y la FGE han logrado que se castigue a cuatro ex funcionarios del municipio de Ciudad del Maíz por obras simuladas o inconclusas en un caso que fue conocido hace más de dos años como Moches-Gate.
Consiguieron que el Congreso del Estado exigiera a la ASE aplicar una auditoría especial a los Servicios Estatales de Salud que encabeza Mónica Rangel, independientemente de que el FCA pidió una revisión exhaustiva al órgano fiscalizador, por las numerosas irregularidades que han detectado por contratos con empresas fantasma, adjudicaciones directas, falsificación de firmas y costos inflados, entre otras anomalías. La auditoría especial y la revisión aún están en proceso.
Gracias a una poderosa manifestación en el Congreso del Estado, evitaron que diputados de la anterior legislatura aprobaran una modificación al contrato que se tenía con Panavi, promovida por el alcalde Ricardo Gallardo Juárez, que implicaba aumentar en más de 200 millones de pesos la instalación y mantenimiento de luminarias en la ciudad.
En lo que toca a las agrupaciones ambientalistas, entre las que se encuentra el FAO, han logrado una importante participación en la consulta pública a la que convocó el ayuntamiento de la capital para opinar sobre la actualización de los programas de ordenamiento territorial y han evitado, mediante amparos y otras estrategias de lucha, que esos programas se aprueben en el Cabildo y con ellos el cambio de uso de suelo en la Sierra de San Miguelito ─pulmón y zona de recarga del acuífero─ para darle gusto a un oligopolio de desarrolladores inmobiliarios que buscan la aprobación oficial para construir el mega proyecto conocido como Las Cañadas.
¿En qué situación estaríamos ahora los habitantes de la capital del estado y de otros municipios sin los esfuerzos emprendidos por estas organizaciones sociales en los últimos cinco años?
En primer término en una condición de mayor corrupción y menor rendición de cuentas, sin un solo caso judicializado, sin saber del desvió de recursos públicos y el peculado en que incurrieron exdiputados, con el desconocimiento ─al menos parcial─ de la forma como han operado las redes de corrupción en el Congreso y la ASE, quizá con un Ricardo Gallardo Juárez repitiendo como alcalde y con intenciones de ser gobernador ─¿quién sería peor, el hijo o el papá─, con una deuda mayor a la que éste dejó a la presente administración, con mayor escases de agua e inundaciones en el mediano y largo plazo en el municipio de la capital, y con afectaciones a comuneros y ejidatarios de tres municipios conurbados: San Luis Potosí, Villa de Reyes y Mexquitic de Carmona.
Los movimientos sociales que han alcanzado estos logros están compuestos por unas cuantas decenas de personas y en algunos casos hasta por menos de una decena de activistas.
Si estos grupos ─pequeños en cantidad pero con genuinos anhelos de justicia─ han ganado importantes batallas en beneficio de todos, ¿qué no se podría lograr si se sumaran cientos o miles de personas a las causas que combaten la corrupción?, a esa que el gobernador se comprometió a atacar a fondo y que durante cinco años y casi tres meses se ha dedicado a solapar.
