Por Victoriano Martínez
Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2022 se han registrado en el Estado 149 feminicidios, con una tendencia creciente a pesar de que a lo largo de ese periodo haya meses en los que pudiera parecer que su incidencia podría ir a la baja.
Se trata de 149 ocasiones en que la violencia contra las mujeres tendría que encender focos de alarma que debieran atender las autoridades obligadas a sancionar tales crímenes y por las que la indignación de familiares y cercanos a las víctimas tienen que padecer el enfrentarse a funcionarios cuya insensibilidad prolonga el dolor de su pérdida.
Este fin de semana fue el caso de Chuyita, una estudiante de 14 años de edad, desaparecida el 14 de septiembre y encontrada muerta al día siguiente, en el municipio de Villa de Arista.
El alcalde de ese municipio, Bernabé Mares Briones, debió enfrentar la protesta de una parte del pueblo y se comprometió a buscar al gobernador y al fiscal General del Estado para conocer los avances en la investigación.
Poco podrá informar a los familiares y habitantes de su municipio cuando haya logrado las entrevistas que ofreció buscar.
Basta con echarle un vistazo a los datos del informe de “Resultados de información diagnóstica del Análisis de Carpetas Asignadas a la Unidad de Investigación de Feminicidios y Acceso a la Justicia” de 2016 a finales de 2021.
De 112 carpetas de investigación por muertes violentas contra mujeres, solo 56 fueron identificadas como feminicidio y 44 como homicidio doloso, con 11 reclasificaciones. La Fiscalía General del Estado (FGE) evade tratar como feminicidios la mitad de la muertes violentas de mujeres
En 109 se identificó la identidad de la víctima, 15 fueron vinculados con el crimen organizado y cinco por trata de personas y trabajo sexual.
El dato más desalentador es que sólo en 27 casos se identificó al victimario, y aunque seis cuentan con orden de aprehensión emitidas sólo cuatro han sido ejecutadas.
De 112 asesinatos de mujeres (la mitad consideradas feminicidio por la FGE), según el citado informe, sólo hay cuatro detenidos. Algo así como que las posibilidades de que Mares Briones pueda informarle a los habitantes de Villa de Arista que el feminicida de Chuyita fue detenido son de apenas un 3.58 por ciento.
Un panorama en torno a la violencia contra las mujeres con pocos indicios de cambiar.
En los primeros diez meses del actual gobierno, en el Estado se han registrado 13 feminicidios de acuerdo con el reporte de víctimas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Si un solo feminicidio debe considerarse grave, 13 lo son mucho más. Aun así, desde la actitud de la autoridad que siempre tiende a justificarse, es muy probable que se pretenda señalar que la incidencia va a la baja porque en los últimos nueve meses del gobierno de Juan Manuel Carreras López se reportaron 19 feminicidios.
No obstante, si se comparan periodos similares como los primeros diez meses del anterior sexenio con los primeros diez meses del actual, la variación podría considerarse hasta alarmante: un solo feminicidio en el caso del arranque del sexenio carrerista contra 13 en el arranque del actual.
Limitar los periodos para la comparación siempre generará un sesgo en el análisis, por lo que el dato que resulta más relevante es conocer la tendencia general por el periodo más amplio posible. En este caso, el registro de feminicidios disponible arranca en enero de 2015 y concluye en julio de 2022.
Durante esos 91 meses la tendencia se mantiene al alza con una incidencia que se ubica cerca del doble de los feminicidios que ocurrían al inicio del periodo, así haya habido picos muy altos y otros con cero casos durante ese lapso.
Si un solo feminicidio debe considerarse grave, que la tendencia en el número de casos sea del doble que hace siete años tendría que ser motivo de una alerta que exigiría una respuesta directa, que no podría ser otra que la petición de Amnistía Internacional para la creación de una Fiscalía Especializada para investigar con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres.
Una alerta que no parece estar en el radar de autoridades capaces de ofender a las víctimas con el retiro de los simbolismos del Memorial por Mujeres Víctimas de Feminicidio, pero tampoco en la instancia responsable de investigar y sancionar los delitos sobre la que pesa la atracción del caso Karla Pontigo por parte de la Fiscalía General de la República por detectar un conflicto de interés.
Una insensibilidad ante un problema en crecimiento que, al considerar innecesaria una fiscalía especializada e incumplir el ofrecimiento de establecerla, pareciera hacer extensivo el conflicto de interés ya acreditado en el caso Karla Pontigo a la atención en general de los casos de feminicidios, como si se tratara de evadir a toda costa atender esos casos con perspectiva de género.
