Por Victoriano Martínez
Podrían ser detalles, pero como el diablo está en ellos, lo que representan es la enorme distancia que hay entre personajes que asumen el servicio público sólo para satisfacer sus intereses y su ego y lo que realmente es su obligación para con el pueblo: la falta de un puente peatonal en la carretera a Rioverde y la defensa de un árbol en la colonia Torres de México.
Dos casos que ejemplifican el divorcio entre los intereses de autoridades estatales y municipales y los intereses y necesidades de la población que dicen gobernar.
¿Cuántas patrullas y personal de seguridad, según el decreto administrativo que modificó la Secretaría Particular para “proteger y salvaguardar la integridad física y moral del Ciudadano Gobernador y su familia”, ocuparía el mandatario para cruzar a pie la carretera a Rioverde a la altura del puente superior de Quintas de la Hacienda?
¿Dejaría el gobernador Ricardo Gallardo Cardona que sus hijos, como tantos preparatorianos se ven obligados a hacerlo, cruzaran esa arteria a riesgo de ser atropellados por los vehículos que por ahí transitan a alta velocidad por ser una vía rápida?
Desde luego que se trata de cuestionamientos que ni por casualidad se haría, lo que lo define claramente como un administrador de los recursos públicos que privilegia al automóvil y sus gustos personales, por encima de dar seguridad a las personas.
¿Cuántos puentes peatonales podrían construirse con lo que cuesta la ridícula e innecesaria estructura con que se pretende simular que el puente superior de Quintas de la Hacienda es un puente atirantado? ¿De verdad es preferible derrochar los recursos públicos en caprichos que lejos de ser motivo de orgullo lo son de vergüenza?
Desde los primeros días de operación de ese puente, hubo una solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) para la construcción de un puente peatonal.
La respuesta que se obtuvo fue que ya habían iniciado la toma de medidas topográficas y análisis de suelo para su construcción… y seis meses después todo sigue igual y con algunos accidentes fatales que se acumulan.
Si en Quintas de la Hacienda la seguridad de la población se compromete físicamente de manera directa, en la colonia Torres de México la autoridad municipal se asume como parte de los barones del concreto y enfrenta la resistencia de residentes por salvar un árbol con al menos 40 años de antigüedad.
Quizá en el contexto del calentamiento global, la resistencia de Guisela García ante la insistencia de la autoridad municipal por talar de manera injustificada el árbol parezca una acción insignificante, pero resulta pertinente la fábula del colibrí: ella hace su parte.
En cambio, la autoridad municipal incumple con la suya. Guisela García “notó que los trabajos dentro del fraccionamiento carecían de consideración por la vegetación existente, ignorando por completo las necesidades y opiniones de los vecinos”, relató María Ruiz en su reporte sobre el caso.
“Los residentes de la colonia Torres de México se han unido en una causa común: solicitar al Ayuntamiento un proyecto de rehabilitación que priorice la regeneración urbana y la recuperación de las áreas verdes”, agregó.
Dos ejemplos más en los que la ciudadanía, que conoce y entiende mejor sus necesidades y requerimientos, los tiene que visibilizar ante autoridades indolentes y cegados por sus ambiciones y su ego: uno con caprichos faraónicos, el otro con afanes reeleccionistas. Los dos, lejos de poder ser considerados genuinos servidores públicos.
