Una más sobre los embates contra la propiedad comunal y ejidal

Por Victoriano Martínez

En casi 33 años, Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), S.A. de C.V., asociada a Grupo Valoran, extendió la concesión para un libramiento de 33.7 kilómetros a más de 175, y de un plazo de ocho años y medio a 60 años, con un trayecto que hoy involucra a la armadora insignia del clúster automotriz: BMW.

Tras ocho modificaciones al título de concesión otorgado el 15 de octubre de 1990, Grupo Valoran a través de META hoy está presente en prácticamente todos los libramientos que rodean la ciudad con especial atención a facilitar la conexión de la producción en los distintos complejos industriales.

El 18 de diciembre del año pasado, los ejidatarios de La Pila fueron testigos de una asamblea ejidal que, de no ser porque no cumplía con las formalidades legales y lo acordado representaba prácticamente el despojo de 30.26 hectáreas de su territorio, pudieron considerar beneficiosa, pues a cada uno de los 520 ejidatarios les pagarían, a partir del día siguiente, 60 mil pesos.

Se trataba de la parte proporcional que recibirían por la venta de ese terreno al grupo META, a razón de 138 pesos por metro cuadrado. El pago total al Ejido La Pila por parte de la empresa sería de 39 millones 349 mil 254 pesos, aunque sin el requerido Convenio de Ocupación Previa que revelaba que todo se basó en asambleas simuladas para validar la presunta.

Todo un procedimiento irregular sobre el que un grupo de ejidatarios inconformes iniciaron el juicio agrario 568/2022 que tuvo como uno de sus efectos la suspensión de la construcción de la autopista ante la imposibilidad de tomar posesión de los terrenos por los que se tiene contemplado parte de su trayecto.

Una serie de irregularidades en las que los funcionarios del Centro SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes) quedaron exhibidos y hoy son investigados por participar en la adjudicación irregular de los predios sin haber integrado los expedientes necesarios para el trámite ante esa dependencia.

La extensión de los libramientos carreteros del grupo META fue dejando en el camino indicios de esa ocupación irregular de ese terreno, pero también de la confabulación que se dio con funcionarios de la SICT hasta desembocar en un actor interesado en la existencia del trayecto que atraviesa el Ejido La Pila: BMW.

Durante el mes de enero, los ejidatarios inconformes comenzaron a enviar mensajes en video al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el irregular despojo de sus tierras para facilitar la salida de la producción de plantas instaladas en el Parque Logístico, especialmente la armadora alemanda de automóviles.

El 30 de enero, a cuatro días de la visita de López Obrador para anunciar la inversión de más de 800 millones de euros por parte de BMW para ampliar su planta en San Luis Potosí, los ejidatarios le enviaron al presidente un video desde el acceso a la armadora automotriz.

Hasta entonces, los señalamientos por parte de los ejidatarios inconformes hacían referencia a BMW como una empresa beneficiaria de las irregularidades encabezadas por META en confabulación con el comisariado ejidal y funcionarios de la SICT.

Conforme ha avanzado el juicio agrario, los ejidatarios consideran llegado el momento en el que la empresa alemana comparezca ante los tribunales ante los indicios sobre la forma en que se precipitaron las irregularidades por parte de META, el comisariado ejidal, y los funcionarios del Centro SICT para la compra al margen de la ley para no perder el negocio con la BMW.

“Haremos que la BMW comparezca ante los tribunales, y ellos van a tener que decir si esa vialidad los conecta y para qué la estuvieron exigiendo. Pareciera ser una condición para poderse haber instalado en San Luis… a espaldas de la gente”, expresó la ejidataria Ma. del Carmen Gómez Silva.

Sin duda grandes inversiones como las de la armadora alemana resultan benéficas para la economía estatal; no obstante, eso en ningún momento justificaría que se pasara por encima de la ley y mucho menos por encima de los derechos de los ejidatarios.

Deslindar responsabilidades sobre tales afectaciones no sólo sería un acto de justicia, sino de prevención hoy que embates en contra de los derechos ejidales y comunales se encuentran a la orden del día por el atractivo lucro que despiertan sus territorios.

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