Por Victoriano Martínez
Para los abogados del proyecto extractivista en el Ejido Corcovada que pretendían avanzar en el despojo de territorio ejidal la asamblea de este domingo marcó la pérdida total del control, en tanto que los ejidatarios dieron una muestra de su nivel de conciencia agrarista y ambiental expresado en posturas cargadas con un toque de dignidad.
Desde temprano, este domingo 18 de mayo, el acceso al salón ejidal de Corcovada fue el espacio en el que se libró la batalla por marcar el rumbo que tomaría la asamblea, con un ingrediente inesperado para los representantes jurídicos de Cemat Constructions, la empresa con nexos con Ricardo Salinas Pliego que pretende la depredación ecológica del Ejido.
Quien controló la entrada marcó el rumbo de la asamblea, y quienes llegaron primero a cuidar quiénes ingresarían al salón fueron los ejidatarios que se oponen a la venta de su territorio, momentos antes de que llegaran más de una decena de patrullas de la Guardia Civil Estatal (GCE) y colocaran unas vallas para controlar lo que los ejidatarios ya tenían controlado.
En la confusión, uno de los abogados de la empresa exigió que sólo se permitiera el acceso a quienes acreditaran ser ejidatarios. “Por supuesto”, aceptaron los ejidatarios inconformes y le hicieron ver que él y sus abogados acompañantes no tienen ese carácter y tampoco podrían entrar.
Del lado derecho del salón, en el borde de la valla, una de las abogadas de la empresa dio instrucciones a unos obedientes guardias civiles para que se colocaran en fila, pegados a la pared, hasta la puerta del inmueble para habilitarles el acceso en el momento que consideraran oportuno.
La inesperada –para los abogados– aparición de los representantes de la Procuraduría Agraria Nacional y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), como efecto de la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Mañanera del Pueblo del pasado viernes, cambió el escenario previsto por los abogados de la empresa.
Seguramente habían evaluado lograr que, sin las formalidades legales, la asamblea aprobara el acuerdo de enajenación de las 426 hectáreas, tomar posesión y que después se litigara en tanto se consumaba la explotación de las tierras, con su consecuente daño al medio ambiente, pero también la inviabilidad de su recuperación por parte de los ejidatarios.
Para lograrlo tendrían que entrar a la asamblea. Pero el control del acceso lo tomó de manera estricta el representante de la Procuraduría Agraria. Así que cuando quisieron utilizar el acceso preparado con guardias civiles, se interpusieron hombres y mujeres del Ejido que terminaron por correr a los abogados de CEMAT Construction del lugar.
La GCE incumplió el cometido para el que, conforme al cumplimiento que le dieron a las instrucciones de la abogada de la empresa, todo indicaba que se encontraban ahí.
“El pinche comandante ya nos la volvió a hacer”, se quejó uno de los policías tras ver que su superior abandonó el lugar. A partir de ahí, los elementos de la corporación se convirtieron en un elemento más de la logística y la escenografía que acompañó el desarrollo de la asamblea.
Con la participación de 64 ejidatarios, finalmente se desarrolló la asamblea que se dio por concluida antes de desahogar el cuarto punto, relativo a la autorización de la enajenación de más de 426 hectáreas de uso común.
Aunque ejidatarios partidarios de la venta, como Francisco de la Rosa y Silvano Rodríguez, intentaron que se pasara directo a la votación del acuerdo, otros cuestionaron la presencia de los representantes de la Procuraduría Agraria y la Sedatu, a quienes se dio la palabra y advirtieron sobre las ilegalidades en las que incurrirían en caso de tomar los acuerdos que pusieron en la agenda.
Las dos razones principales: (1) la Procuraduría Agraria les advirtió que la convocatoria no reunía las formalidades legales y sus acuerdos serían nulos, y (2) la enajenación planteada en el cuarto punto no está permitida por la Ley, es decir, no se pueden vender tierras de uso común.
La asamblea que pudo abrir paso al despojo de 426 hectáreas de Corcovada paso a ser el arranque de acciones que se perfilaron desde el pasado viernes con la postura de Sheinbaum Pardo ante las preguntas que le planteó Julio Hernández López y que hoy continuarán con medidas adicionales.
Desde el pasado fin de semana, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccionó las obras de exploración y desmonte realizadas por la empresa. Hoy lunes esas acciones se traducirán en una certificación de los daños ecológicos provocados por las empresas CEMAT Construction e Inkazteca Drilling, y la potencial clausura de esos trabajos.
Reunidos tras la conclusión de la asamblea, los ejidatarios inconformes acordaron dar acompañamiento al personal de la Profepa en la certificación de los 43 objetivos de daños ambientales (barrenos) y 10 modificaciones de uso de suelo (desmontes) realizados por la empresa sin autorización de la asamblea ni de la Semarnat.
Tanto cambió el panorama para el pretendido despojo de las tierras ejidales que, una vez que se suspendió la asamblea, dos viejos ejidatarios le plantearon a su grupo:
“Si con la revolución y la reforma agraria se les quitó a los hacendados sus haciendas para entregárselas al pueblo, cómo quieren que ahora se las regresemos para volver a hacernos sus esclavos”, dijo uno.
“Esto es por lo que luchó Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja y no de quien quiere destruirla, es el patrimonio que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos y nuevas generaciones”, dijo el otro.
Este domingo 18 de mayo en Corcovada, el proyecto extractivista y depredador ecológico dejó ver que para cada vez más ejidatarios la defensa del territorio no es una cuestión de precio, sino de valores que tienen que ver con su dignidad y con la dignidad ambiental.
