Por Marcela Del Muro
Los problemas legales, el hostigamiento y la preocupación constante ante la posibilidad de perder su único patrimonio empezaron hace nueve años. En ese tiempo, la señora Lupita Ávila ha sacrificado todo: su negocio, sus ahorros, su salud y su tranquilidad, para intentar no perder su casa en el municipio de Matehuala.
En los noventas, su crédito hipotecario quedó en el limbo tras la crisis bancaria que llevó a la quiebra del banco Bancrecer. Los Hernández Ávila hicieron todo lo posible por llegar a un acuerdo, pero no tuvieron respuesta de los compradores de la deuda y decidieron ahorrar los pagos pendientes. Sin aviso, casi 20 años después, su vivienda fue sometida a un juicio sucesorio intestamentario tras el fallecimiento del marido de Lupita y la compra de la deuda por Jorge López Enríquez, del entonces despacho de abogados Zárate López, en el 2016.
“Lo raro es que en lugar de buscarnos para llegar a un arreglo o solicitar el pago de la casa, esta persona entabla directamente un juicio sucesorio”, comenta Rocío Hernández, hija de la señora Lupita.
El abogado no compró el inmueble de la familia Hernández Ávila, adquirió únicamente los derechos para cobrar la deuda pendiente. Sin embargo, desde entonces, las irregularidades y la corrupción han ensuciado el juicio, llevándola a una desgastante lucha judicial que parece interminable.
Los juicios irregulares plagados de corrupción
Las irregularidades han manchado el juicio sucesorio intestamentario desde su inicio. La familia Hernández Ávila no recibió notificación sobre el inicio del proceso. El expediente muestra que ese aviso fue enviado por correo certificado, pero fue el mismo López Enríquez quien interceptó la notificación y la entregó a los juzgados.
Con este movimiento, el juicio quedó sin herederos –aunque las hay: la señora Ávila y sus tres hijas– por lo tanto, los promoventes pidieron que se nombrara heredera universal de la propiedad a la Beneficencia Pública del Estado de San Luis Potosí. El juez accedió, sin embargo, en lugar de notificar a la institución estatal, López Enríquez solicitó se designara como albacea a un agente del Ministerio Público (MP) adscrito a ese juzgado. Inicialmente la agente rechazó el cargo por escrito, pues se encontraba impedida por la Ley de la, entonces, Procuraduría del Estado. Pero, a pesar de la improcedencia, la juez designó a otro agente que aceptó el encargo.
Entonces, Jorge López Enríquez promovió un segundo juicio, ahora mercantil, en León, Guanajuato, donde se encuentra toda la cartera de deudas de Bancrecer. “En este juicio mercantil sí tenía que demandar a mi mamá y a la Beneficencia Pública como si fuera mi papá, porque la casa estaba como 50 y 50. Es ahí donde notifican a mi mamá y hay un primer acercamiento”, explica Rocío, quien ha sido de gran ayuda para la señora Lupita porque es abogada.
La deuda, que había sido comprada por 120 mil pesos, ascendió a un millón 300 mil pesos para la familia. Durante la primera y única negociación entre López Enríquez y la señora Ávila, acordaron que abonarían 800 mil pesos, que tenía ahorrados, y pagaría el resto a plazos, pero había dos condiciones para las Hernández Ávila: que no contestaran la demanda y tampoco consultaran con un abogado. Al día siguiente, con el dinero en la mano, firmarían ante un notario una intención de compraventa.
“Llegan al notario, mi mamá ya trae el dinero y le pregunta, obviamente con preocupaciones, que esos eran sus ahorros de la vida y que si ya no había necesidad de contestar la demanda”, recuerda Rocío. El notario se interesó en el acuerdo y preguntó más. “A ver, no, señora, tiene que ir y contestar su demanda. Y ya después, vienen y hacen la intención. No debería dejar pasar su oportunidad de defenderse”, le aconsejó el notario. Jorge López Enríquez se enojó y se fue. Lo que no sabían las Hernández Ávila es que el abogado no podía venderles la casa porque aún no era dueño del inmueble.
El juicio mercantil siguió avanzando y las posibilidades de perder la casa, que Lupita Ávila compró con su esposo y donde crecieron sus hijas, eran cada vez más altas. Decidieron promover un amparo y demandar a la Beneficencia Pública. Sin embargo, la titular de la dependencia argumentó que ellos no tenían conocimiento del caso. “Yo soy la única que puedo representar a la Beneficencia Pública. Y el Ministerio Público no tiene ninguna capacidad jurídica para hacer lo que están haciendo”. El abogado López Enríquez y el juez incurrieron en una violación procesal al asignar al MP como albacea.
Rocío y sus hermanas promovieron un nuevo juicio sucesorio testamentario, reclamando su herencia, presentaron las escrituras de la casa y el juez les concedió una orden de protección de su vivienda, que fue anexada al Registro Público de la Propiedad.
Mientras tanto, en el juicio mercantil en León se emitió el embargo de la propiedad. La titular de la Beneficencia Pública se apersonó en el juicio; señaló la violación procesal, demandó se le asignara la personalidad jurídica y pidió que se repusiera el proceso porque existieron irregularidades. El juez aceptó a la nueva albacea, sin embargo, negó la reposición del juicio. La familia, desesperada, metía amparos tras amparos, pero todos les eran negados. En la sentencia, Jorge López Enríquez vendió el derecho litigioso a un familiar de Matehuala, Víctor Nava Muñoz.
Con todos los antecedentes de irregularidades, la familia interpuso una queja al Consejo de la Judicatura, proceso que se detuvo por la pandemia. En octubre de 2021, después de una larga pausa, un nuevo juez tomó el caso mercantil. La señora Lupita se encontró con él mientras revisaba el expediente; el juez le pidió un escrito para promover la nulidad del proceso. “Yo lo voy a pasar a revisión. Pero esto está todo mal”, le dijo.
Tras la nulidad y la queja contra funcionarios públicos en San Luis Potosí y en León, las cosas comenzaron a avanzar. La Fiscalía de León emitió una segunda medida de aseguramiento para la casa, dejando el folio del Registro Público de la Propiedad congelado. “Nosotras nos relajamos poquito porque con las medidas de aseguramiento ellos no pueden escriturar, no pueden vender, no pueden hacer absolutamente nada ni desalojar”, explica Roció.
Sin embargo, unos días después, mientras revisaban el expediente, se dieron cuenta que había una orden de desalojo emitida desde León y, tras revisar en el Registro Público de la Propiedad, se percataron que la vivienda se encontraba a nombre de Nava Muñoz. Las dos órdenes de protección fueron violadas por el Registro en Matehuala, incurriendo en un delito.
Rocío y su mamá se movieron: viajaron a León para dar aviso a la Fiscalía sobre la violación de las medidas de aseguramiento y para solicitarle al juez la cancelación del desalojo, que fue negada; viajaron a Matehuala para revisar en el Registro Público, donde les dijeron que ellos solo acataron órdenes judiciales; y terminaron hablando con Gobierno del Estado, en la capital, donde se comprometieron a enviar una auditoría al municipio para revisar las acciones.
A raíz de la solicitud de información de la Fiscalía de León por el desacato de las medidas de protección, la titular del Registro Público en Matehuala fue despedida; resultó que la titular tiene una relación familiar con Nava Muñoz y, por esa razón, se prestó a firmar la nueva escritura ilegal. Pese al aparente avance, el desalojo seguía vigente. Entonces, Lupita y Rocío viajaron de nuevo a León, donde Rocío se encadenó en los juzgados. Tras más de ocho horas de manifestación y un gran movimiento mediático, el juez salió a excusarse y se comprometió a sacar un acuerdo que canceló el desalojo.
Con tantísimas pruebas de corrupción e irregularidades documentadas por la familia Hernández Ávila, la Fiscalía de León, Guanajuato, solicitó a la Fiscalía Anticorrupción potosina se abriera una investigación sobre el acto de corrupción mediante el cual le fue adjudicada la propiedad a Nava Muñoz. Este proceso sigue abierto.
Para llegar hasta aquí, los ahorros de la señora Lupita y su negocio se han ido en pagar abogados, viajes y copias. Sin embargo, lo que más ha afectado a la mujer de 60 años es el constante estrés al que ha sido sometida, que la ha llevado a sufrir un trastorno de estrés postraumático. Hace unos meses fue diagnosticada con cáncer, su doctor y sus hijas perciben que el estrés ha influido en la enfermedad, que la ha frenado en su lucha legal por un tiempo.
El acoso y hostigamiento constante
Desde hace unas semanas, Nava Muñoz había rondado la casa de las Hernández Ávila, revisando el medidor de la luz. Las vecinas avisaron a la señora Lupita, y a su vez ella dio aviso a la Fiscalía Anticorrupción, pidiéndoles protección y el desglose de la participación de Nava Muñoz en la investigación abierta, sin obtener respuesta.
El pasado 7 de julio, sin aviso previo, fue retirado el medidor de la casa. Una funcionaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que Nava Muñoz solicitó el cambio de titular, presentando esos documentos ilegales emitidos por el Registro Público. Posteriormente, pidió la cancelación del contrato, que no fue tan rápido como esperaba; así que se generó un reporte de manipulación del medidor, que fue revisado por los técnicos de la CFE, cortando la luz de la casa. La señora Lupita estuvo cinco días sin electricidad, forzada a acudir a las oficinas de la CFE para intentar solucionar el problema, pese a su enfermedad.
“Al parecer, lo que hizo este señor es un delito federal y también un acto de hostigamiento ante la permisividad de la Fiscalía Anticorrupción, que se niega a desglosar la investigación de Nava Muñoz y no le ha procurado medidas de protección. Este tipo actúa de manera ilegal, la acecha, la hostiga. ¡La va a terminar matando!”, reclama, preocupada, Rocío.
La familia Hernández Ávila identifica al menos tres casos de familias que fueron despojadas de sus propiedades en Matehuala, de la misma manera como les han intentado quitar su casa.
