Por Victoriano Martínez

La lucha de María de Jesús Armendárez Prieto (Marychuy) por la reparación integral del daño provocado ante las violaciones a sus derechos humanos continúa: el pasado 5 de marzo la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 6/2020 en la que propone, entre otros puntos, “la reincorporación plena a su centro de trabajo original”.

No obstante, Marychuy criticó que la recomendación quedó incompleta porque la CEDH juntó en un solo caso las últimas tres quejas que presentó: una porque en su oficina les proporcionaron por varias semanas agua de garrafón enlamada, otra por falta de aseo en su espacio laboral y la tercera por discriminación en el uso de parquímetros.

“En ningún lado dice que la Comisión pueda juntar recomendaciones y menos porque son tres cosas diferentes en tiempo y en los hechos, pero las juntaron para proteger a la Secretaría de Salud y al Ayuntamiento, a los que también debieron dirigir las recomendaciones, que se tenían que hacer por separado”, expresó.

Mencionó que la Secretaría de Salud estaba involucrada porque debió pronunciarse sobre la falta de inspección ante las condiciones insalubres del abastecimiento de agua a las oficinas del gobierno estatal.

En el caso del Ayuntamiento de la capital, Marychuy señaló que debió explicar por qué algunos empleadas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) podían utilizar gorras de policías municipales en sus tableros para evitar el pago de parquímetros.

“Tenían que ser tres recomendaciones por separado, pero la Comisión no quiere hacerlas para proteger al Gobierno de que no se le haga larga la lista de recomendaciones y sale nomás para la Seduvop porque al fin ya lleva muchas que, aunque las acepta, no las cumple y ya ni se nota”, comentó.

Como parte de la recomendación del pasado 5 de marzo, como en otras anteriores, se propone que Marychuy sea reinstalada en su centro de trabajo original.

“Se le garantice (…) la reincorporación plena a su centro de trabajo original asignándoles las actividades ordinarias que (…) venía desempeñando antes de la agresión que detonó su salida de su área de adscripción, garantizándole además un clima laboral adecuado que le permita ejercer su derecho al trabajo en las condiciones dignidad a que tiene derecho”, dice la recomendación.

Entre mayo y junio de 2017, Marychuy permaneció encadenada en la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado para exigir que se cumpliera una de las primeras recomendaciones en las que se incluía su reinstalación en la Seduvop. Levantó su protesta, pero aunque la reinstalaron en esa dependencia, lo hicieron en una oficina del centro de la ciudad y no en las oficinas centrales.

En su nuevo centro de trabajo fue donde ocurrieron los tres hechos que originaron las tres quejas ante la CEDH sobre las que ahora este organismo emitió la recomendación 6/2020.