Angélica Campillo y Carlos Rubio

El 8 de julio se cumplieron 20 años de haberse hecho público el cierre de la Unión de Crédito Regional (Unicrer). Un caso que afectó a más de cuatro mil personas en nueve estados de la República Mexicana. Un caso en el que dominaron los intereses políticos y económicos de unos pocos. Un caso sin resolver, en el que hubo personas que murieron a la espera de volver a ver su dinero invertido.

Unicrer comenzó a operar en San Luis Potosí, en noviembre de 1985, como una de las Uniones de Crédito que mayores intereses generaba para quienes decidieran depositar su dinero en ella. Confiados en lo que ofrecía la Unión, empresarios, trabajadores, pensionados, entre otros, decidieron depositar sus ahorros, que en general oscilaban entre los 50 mil y los tres millones de pesos.

Expandió sus servicios hasta Zacatecas, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Coahuila, Querétaro, Aguascalientes y en ese entonces el llamado Distrito Federal, logrando conjuntar a cerca de cinco mil socios. 

El director de Unicrer era Fernando Gil Blanco. El Consejo de Administración estaba presidido por Alejandro Torres Corzo, hermano del ex gobernador Teófilo Torres Corzo. Como secretario, Javier Gómez Madrazo. Como comisario fungía el ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga. En el consejo también se encontraba Luis Mahbub Sarquís, quien recientemente fue candidato al Senado de la República.

El inicio de la agonía

Casi 14 años después, el 7 de julio de 1999, la concesión que le permitía a Unicrer actuar como casa de préstamo fue revocada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), mediante el Oficio No. 601-1-VJ-44726/99, ordenando su disolución y liquidación. 

El 8 de julio de 1999, a través de los periódicos, Unicrer publicaba un comunicado en el que le informaba a los socios e inversionistas sobre la disolución de la sociedad y cómo se procedería con el reembolso de sus inversiones, justificando el cierre como una consecuencia de la crisis de 1994, además del incremento de la cartera vencida, es decir, la falta de pagos a los prestamos realizados a sus clientes. 

A partir de ese momento, la CNBV estableció un plazo de hasta 60 días hábiles para designar a un Liquidador, cuya función sería recabar todos recursos con los que contaba la Unión para realizar los pagos correspondientes al personal que laboraba en Unicrer y a los inversionistas. En ese momento se mencionaba que Unicrer contaba con los recursos suficientes para saldar sus deudas.

Un día después del anuncio, Unicrer convocaba a todos sus accionistas a una Asamblea General Extraordinaria que se celebraría el 26 de julio del mismo año a las 7 pm, en su domicilio ubicado en la calle Jesús Goytortúa #150, del fraccionamiento Tangamanga; ese emblemático edifico del que resaltaban los grandes ventanales que lo rodeaban, hoy completamente transformado, sin rastro de su abrupto pasado.

La disolución de Unicrer desató incertidumbre entre los socios. Había quienes necesitaban urgentemente el dinero para atender su salud o realizar pagos importantes. Desesperados, acudieron a las instalaciones en busca de respuestas, donde únicamente se encontraron con unas puertas cerradas y la vaga declaración del ejecutivo responsable, Abel Aguilera, quien sólo les explicó el proceso de liquidación que se seguiría, pero no les dijo que podría tardar más de un año o que habría quienes nunca recibirían ni la mitad de lo invertido.

Otra de las sorpresas de los inversionistas fue el enterarse de que no fungían como ahorradores en la Unión, sino que tenían carácter legal de socios.

Ante una ola de reclamos y el descontento de los potosinos, las autoridades a cargo en ese tiempo trataron de evitar el inminente descontrol de la sociedad; Fernando Silva Nieto, gobernador del Estado, y el secretario general Juan Carlos Barrón Cerda, se pronunciaron pidiendo a los afectados un voto de confianza para la institución. A la par, el presidente del Centro Bancario, Fulvio Poumián Ferro, convocaba a mantener la calma y la prudencia, argumentando que la disolución no había ocurrido por malos manejos, señalamientos que se comenzaban a realizar por parte de los ahorradores.

Actores políticos de distintos partidos también emitieron su opinión sobre el cierre de Unicrer y pidieron que se investigara el tema, además de una pronta solución al problema.   

Los reclamos se redirigieron hacia Marcelo de los Santos Fraga, comisario de Unicrer, acusado del incumplimiento de su trabajo, el cual era, según la Ley General de Sociedades Mercantiles: revisar las operaciones de la sociedad y dar a conocer cualquier irregularidad a los accionistas, además de exigir información financiera cada mes. Inmediatamente se deslindó de las acusaciones y les aseguró a los afectados que comenzarían a recibir su dinero desde el 27 de julio de 1999, sin embargo ya han pasado 20 años desde esa engañosa declaración, que no se cumplió para muchos. 

Por otro lado, los ahorradores afectados se comenzaron a reunir y conformaron un grupo que era representado Rebeca Aldave Morales de Tristán, Mónica Sánchez Sáenz y Miguel Maya Romero. Ellos se dieron cuenta de los conflictos que desencadenó el cierre de Unicrer en la vida de muchas personas, por lo que su principal propósito fue que las personas de la tercera edad, los ahorradores menores y quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad, recuperaran su dinero. 

El presidente del Consejo de Administración, Alejandro Torres Corzo, declaraba que sólo poseía el cuatro por ciento de las acciones de la institución y que no había créditos a su nombre. Además, rechazaba que se hubieran otorgado créditos de manera irresponsable.

Sin embargo, en una investigación publicada por La Jornada San Luis el 7 de agosto de 1999, se mostraba que varias empresas en las que miembros de la familia Torres Corzo figuraban como funcionarios, incluyendo a Alejandro, habían entregado a Unicrer bienes inmuebles sobrevaluados como daciones de pago, es decir, las empresas solicitaban un préstamo y para saldarlo, en lugar de efectivo, daban edificios o terrenos valuados por encima de lo que en realidad costaban, los cuales eran aceptados por Unicrer. De esta forma comenzó a transparentarse la verdad y el rumor de que Unicrer en realidad había quebrado por malos manejos, se volvía más fuerte.

En aquel entonces, el notario Eduardo Martínez Benavente fue entrevistado al respecto y manifestó que la CNBV debía asumir también su responsabilidad, ya que desde tres años antes debió ordenar el cierre de Unicrer, pero no lo hizo. Asimismo, los administradores debieron haber clausurado la institución al darse cuenta de su situación insostenible, pero permitieron que los ahorradores siguieran confiando en ella.

El grupo de afectados fue creciendo y la dificultad para controlar a tantas personas aumentó. Mientras unos pedían paciencia, otros querían radicalizar el movimiento que ya habían conformado y amenazaban con realizar marchas y plantones. Las opiniones se encontraban divididas. Además, los líderes denunciaban el tener intervenidos su teléfonos.

El 26 de julio, día de la esperada asamblea, estaban presentes Alejandro Torres Corzo, Marcelo de los Santos Fraga, Javier Gómez Madrazo y Fernando Gil Blanco, quienes fueron fuertemente insultados y acusados de fraude por parte de los ahorradores presentes.

Se acordó nombrar al Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fideliq), como el liquidador de la institución, y se dijo que comenzaría a pagar a más de dos mil ahorradores, con depósitos de hasta 45 mil pesos. Esta situación no gustó a los afectados, por lo que no aceptaron y decidieron comenzar a movilizarse por las calles de la ciudad para exigir justicia.

Posteriormente se estaría nombrando a Alfredo Zellhuber Campos como liquidador, quien más tarde llevaría el caso hacia otra arista.

Durante el mes de agosto, los ahorradores afectados salieron a las calles en numerables ocasiones para llevar a cabo una serie de manifestaciones en lugares significativos para San Luis y los socios Unicrer: el Palacio de Gobierno, la Caja del Agua, la casa de Alejandro Torres Corzo, las afueras del edificio de Santiago y en la vivienda de Marcelo de los Santos, donde salió, esta vez con otro rostro, a mostrar apertura, por lo que los ahorradores lo invitaron a una reunión con el Gobernador.

Tras la manifestación, mediante una carta publicada en los periódicos, la familia Torres Corzo se deslindaba de Unicrer y de Alejandro, argumentando que aunque él tuviera el cuatro por ciento de las acciones de Unicrer, no significaba que los demás miembros de la familia tuvieran responsabilidad en el caso. Posteriormente se publicó un desplegado por parte de Torres Corzo Automotriz, en donde se negó que esta empresa hubiera contratado créditos con la Unión.

La intervención de Gobierno del Estado

Luego de que se comenzó a visibilizar el movimiento en el país y ante las críticas por su silencio, a mediados de agosto de 1999 el gobernador Fernando Silva Nieto decidió reunirse con los ahorradores de Unicrer, reunión a la que acudió Marcelo de los Santos, sin embargo, al dar cuenta de ello, el mandatario estatal le solicitó al panista que se retirara, diciéndole que “no tenía la calidad moral para encabezar a los afectados”. Un Marcelo cabizbajo y con toques de enojo se retiró de Palacio de Gobierno.

Silva Nieto les informó a los afectados que pediría a quienes intervenían en el asunto de Unicrer que establecieran un mecanismo para pagar, con urgencia, a los pequeños ahorradores. Hasta el 18 de octubre de ese año fue aceptada en una asamblea la renuncia de Marcelo de los Santos al cargo de comisario de la Unión de Crédito.

El 7 de septiembre de 1999 se podía leer en las portadas de los diarios títulos como: “Alejandro Torres Corzo, tras las rejas”. Esta situación derivó de una denuncia realizada por el abogado Miguel Maya Romero. Se giraron órdenes de aprehensión en contra de Abel Aguilera, Guadalupe Rivera, Alejandro Torres Corzo; este último decidió entregarse a las autoridades, por lo que fue detenido el 6 de septiembre, mientras que los otros dos nunca fueron arrestados. Se le imputaban los delitos de fraude preciso maquinado y asociación delictuosa. Sin embargo, lo encontraron inocente del segundo cargo, por lo que alcanzó la libertad bajo una fianza de 315 mil pesos y sólo pasó tres días en la cárcel.

Asesores de ahorradores, como Martínez Benavente, consideraron el encarcelamiento de Torres Corzo como un mecanismo ideado por Fernando Silva Nieto para presionar a los directivos de Unicrer.

Posteriormente hubo una serie de negociaciones entre los ahorradores afectados, el Fideliq y el Gobierno del Estado. Luego de observar que el tiempo transcurría y la gente desesperaba, la administración estatal prometió la formación de un fideicomiso de 100 millones de pesos para comenzar a pagar a los ahorradores, mismos que se obtendrían de los bienes aportados por los directivos de Unicrer.

A finales de septiembre, los ahorradores afectados de San Luis Potosí, Matehuala, Zacatecas, Fresnillo, Irapuato, León, Cuernavaca, Querétaro y Aguascalientes, acudieron en caravana a manifestarse al Congreso de la Unión, en la Ciudad de México (entonces Distrito Federal), y lograron ser atendidos por los representantes populares, a quienes les solicitaron su intervención en el caso, la cual nunca llegó.

Los meses de octubre y noviembre se vivieron entre una oleada de promesas para los ahorradores afectados, quienes, según declaraba Rebeca Aldave, ya se encontraban al borde del suicidio y a punto de comenzar huelgas de hambre.

Unicrer no sólo debía a sus inversionistas, también a diversas instituciones bancarias que estaban a la espera de pagos millonarios, esta situación imposibilitaría el pago a los pequeños ahorradores. No obstante, luego de negociaciones que llevó a cabo Gobierno del Estado, accedieron a reducir sus adeudos y cobrar hasta el final, dándole prioridad a los afectados.

A la cabeza seguían Rebeca Aldave y Mónica Sánchez, quienes se encargaron de presentar a los ahorradores la propuesta de pago que llevarían al Fideliq, la cual, finalmente, con algunas modificaciones, el 18 de octubre de 1999 fue aceptada en una asamblea: se llevaría a cabo un pago inicial de 50 mil pesos a todos los ahorradores. A la par, el Gobierno del Estado anunciaba que el fondo de 100 millones que había prometido, únicamente sería de 50 millones de pesos, con el que complementaría el pago del Fideliq, para así comenzar a desahogar las deudas y disminuir la presión mediática que se vivía.

El pago y el olvido de Unicrer

El 2 de diciembre, casi cinco meses después del cierre de Unicrer, el liquidador Alfredo Zellhuber anunciaba que a partir del 15 de diciembre los ahorradores podrían pasar a recoger su capital, aportado por el Fideliq y Gobierno del Estado. Sin embargo, los pagos únicamente serían al 90 por ciento del total, impidiéndoles recobrar la totalidad de su dinero.

Luego de estos anuncios, el movimiento de ahorradores perdió fuerza y la dirigente principal, Rebeca Aldave, salió, abriendo paso a otros líderes. Ahora Alejandro Zapata Arce, Patricia y Ricardo Ayala, eran los encargados de representar a los ahorradores. Continuando con su deber, realizaron algunas manifestaciones en la ciudad.  

El 15 de diciembre, alrededor de 600 personas se aceraron a unas fantasmales instalaciones de Unicrer, en donde ya se encontraban patrullas y personal de seguridad creando un perímetro para salvaguardar la seguridad de los ahorradores, quienes saldrían con cheques por grandes sumas de dinero. Los abogados ya esperaban ansiosos a las afueras del edificio para el pago de sus servicios.

Parecía que la tranquilidad podía volver a imperar entre los potosinos. Según el Fideliq, se entregaron pagos a más de dos mil ahorradores.

Alfredo Zellhuber, el liquidador

Luego de un tiempo, la presión mediática cesó y Unicrer comenzaba a sumergirse en el mar del olvido. Llegó el nuevo milenio, que acompañó a los ahorradores que no recuperaban su dinero. Hasta que el 6 de julio del año 2000, Rebeca Aldave, ahora ex ahorradora, regresaba a la luz pública para denunciar al liquidador Alfredo Zellhuber, de haber hecho tratos y negocios con los bienes inmuebles embargados, y además prometía destrabar negociaciones a cambio de comisiones. También mencionaba que entre 300 y 500 ahorradores, seguían sin recuperar su dinero.

Óscar Vera Fabregat, actual diputado de la LXII Legislatura, quien en ese entonces fungió como abogado de algunos ahorradores, declaró para Astrolabio Diario Digital que Alfredo Zellhuber “se robó el dinero que se había recuperado para cubrir los pagos a los afectados”. Además, confirmó la existencia de una persona entre sus clientes que aún no ha recibido un pago de alrededor de 300 mil pesos, esta cifra sin considerar el ajuste inflacionario de 20 años.

De igual forma, calificó el caso Unicrer como un “fraude histórico” para San Luis Potosí.

Por su parte, el abogado Miguel Maya Romero, quien invirtió 250 mil pesos en Unicrer y recuperó el 90 por ciento de su capital, 20 años después, declaró: “Este terrible terremoto económico que vivimos los potosinos hace muchos años dejó muchos heridos y hasta la fecha existen muchos damnificados”.

La fugaz reaparición de Torres Corzo

El 7 de marzo de 2001, nuevamente aparecería Alejandro Torres Corzo en las portadas de los diarios. Había sido detenido por segunda vez. Ahora, por una orden de aprehensión girada en Guanajuato. Fue llevado al Cereso de Irapuato donde se le dictó auto de formal prisión, acusado de fraude contra 54 ahorradores de Unicrer. Se le fijó una fianza de 20 millones de pesos, de los cuales 19 eran para la reparación del daño y un millón para su libertad caucional.

Días después de haber gozado de la libertad bajo fianza, se daba a conocer que el rostro de Unicrer, Alejandro Torres Corzo, había fallecido en un accidente automovilístico, dándole fin a casi tres años de conflicto y a las esperanzas de los ahorradores de algún día recobrar su dinero.

Las causas

En el proceso, y entre los meses que pasaron para comenzar a realizar los pagos, se dieron a conocer las verdaderas causas que llevaron a Unicrer a la quiebra: para el 1 de julio de 1998, el 44 por ciento de la cartera de préstamos de Unicrer se concentraba en tan solo 80 personas (un cuatro por ciento del total de socios acreditados), cuya deuda conjunta era de 722 millones de pesos, que para marzo de 1999, aumentó a 942 millones de pesos.

Unicrer había otorgado préstamos a socios que ascendían a 698 millones 54 mil pesos, entre ellos destacaban 56, cuyo importe total ascendía a 381 millones 808 mil pesos, es decir, 55 por ciento del total acreditado.

Entre las deudas que Unicrer mantenía con bancos, figuraba una con Bancrecer y Nacional Financiera por 480 millones de pesos. Además, estableció compromisos para pagarlas que nunca cumplió.

De igual forma, por medio de sus empresas, Alejandro Torres Corzo pidió préstamos, debiéndole millones de pesos a la Unión. Dichas deudas eran disminuidas por acuerdo del Consejo Administrativo, permitiéndole pagar menos de la mitad de lo que en realidad adeudaba.   

Así fue como los miembros principales de la Unión de Crédito Regional absorbieron todo el dinero que personas de nueve estados distintos habían obtenido durante toda su vida y que con plena confianza depositaron. Así se conformaron grupos de resistencia que velaron por quienes no tuvieron la fuerza suficiente para luchar por ellos mismos.

La extensa agonía que vivieron los ahorradores. El interés político de quienes deseaban ascender. Excesos por parte de los directivos. Movilizaciones en las calles. Promesas incumplidas. Todo esto fue lo que para muchos se trató del mayor fraude financiero en la historia de San Luis Potosí.