Redacción

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) turnó a la Dirección General de Análisis la denuncia que interpusieron los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra de ex militantes de ese partido pertenecientes al grupo político conocido como “la gallardía”, por “probables hechos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Lo anterior fue dado a conocer por la dirigencia estatal del PRD en San Luis Potosí a través de un comunicado en el que se señaló que los probables hechos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita corresponden a “operaciones simuladas” utilizando las cuentas del PRD cuando era dirigido por los gallardistas José Luis Fernández Martínez y Juan Ignacio Segura  Morquecho, ambos ex presidentes del PRD y ahora militantes del Partido Verde Ecologista de México.

Cabe recordar que el pasado 29 de septiembre los integrantes de la nueva dirigencia del PRD en San Luis Potosí presentaron los resultados de la auditoría y revelaron que detectaron cientos de operaciones de las que no existe evidencia física ni documental por un monto cercano a los 15 millones de pesos.

Además, dieron a conocer que existe un presunto desvío de recursos del PRD que habrían sido utilizados para pagar propaganda del PVEM en una revista, hecho que ya es investigado por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE en el expediente INE/Q-COF-UTF/65/2020/SLP.

“En la instalaciones de la UIF, se formalizó la entrega de la documentación que soporta el hallazgo de 508 operaciones realizadas desde las  cuentas del partido de las cuales no existe evidencia en la prestación de un bien o  servicio por aproximadamente 15 millones de pesos; así mismo que 303 estaban construidas en múltiplos exactos donde participaron 16 personas morales y 18 personas físicas”, dio a conocer la dirigencia estatal del PRD.

Arturo Prida Romero, dirigente estatal del PRD, dijo que las acciones jurídicas están “muy avanzadas” y que esperan que las autoridades federales desahoguen rápidamente las investigaciones “para que se siente el primer precedente en el que, un grupo político que organizada e ilegalmente extrajo recursos  públicos de un partido político, tenga una sanción ejemplar”.