Por: Eduardo Delgado.
Porque “no queremos falsos mártires”, Ricardo Sánchez García, representante del Centro Potosino de Derechos Humanos “Samuel Ruiz García”, denunció que el agente José Andrés Velázquez García, fallecido en el tiroteo registrado esta madrugada en la zona metropolitana, incurrió en graves omisiones y actuó en forma extraña y sospechosa en torno a la extorsión de que fue víctima una de las familias de cuatro jóvenes desaparecidos en 2009 y que ese año colaboraron en la campaña de proselitismo del hoy gobernador saliente, Fernando Toranzo Fernández.
El 11 de octubre de 2009, precisó, durante el primer mes de la administración torancista, desaparecieron Moisés Gámez Almanza, Julio César Coronado Castillo, Marco Antonio Coronado Noriega y Luis Francisco Medina.
Recordó que hace seis años Andrés Velázquez fue el encargado de la indagatoria, sin embargo su actuación fue omisa y sospechosa, lo que motivo la presentación de una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Sánchez García dijo que tres años después, “cuando nosotros tuvimos del conocimiento caso, nos cuestionamos por qué no inicio muchas líneas de investigación en torno a la desaparición”.
Posteriormente, añadió, cuando una de las familias recibió llamadas telefónicas anónimas para exigirles dinero a cambio de su hijo, Andrés Velázquez persuadió a los familiares para cubrir el pago con el argumento de evitar que le pasara algo al joven.
Con la misma razón se opuso a desplegar un operativo para atrapar a los delincuentes el día del pago del rescate. “No, no por seguridad de su hijo. ¿Qué tal si lo matan?”, le objeto al papá.
“Esas y otras cosas levantan la sospecha de que pudo estar involucrado en la extorsión, no en la desaparición”, detalló, porque, abundó, “nunca rindió informes oficiales de su actuación, lo que resulta muy extraño”.
A través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos “se les pidieron los informes de sus actuaciones y nunca contestaron”, dijo en alusión también al entonces director de la corporación, Antonio Varela, quien un día corrió a la mamá del joven de su oficina porque le advirtió: “Ni aquí está usted segura”.
Expuso que los afectados confiaron en Andrés Velázquez, quien el día del pago del rescate los acompañó, y en esa ocasión recibieron llamadas de los extorsionadores, que a su vez les aseguraron tenerlos plenamente localizados.
Incluso detectaron que la mamá se trasladó a pagar el rescate en un vehículo ajeno, “mientras Andrés permanecía en la casa brindándoles protección al resto de la familia”, comentó.
Asimismo, detectaron omisiones porque hubo investigaciones que debieron ser inmediatas. “Por ejemplo, el retrato hablado de uno de los extorsionadores se hizo dos años después y Andrés Velázquez supo que la familia vio la cara de uno de ellos y en ese momento no les pidió hacer el retrato hablado”.
La familia reportó también el dato de una placa de un coche de los delincuentes “y dos años después no se había hecho una pesquisa”. Por esa razón, subrayó, tras su deceso “no queremos falsos mártires”.
