Desiree Madrid
La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado, Araceli Martínez Acosta, afirmó que ya no es momento de buscar diálogo con las empresas de transporte por aplicación, sino de avanzar en una reforma legal que permita sancionar y regular a quienes operan sin registro ni control estatal ante el crecimiento desmedido de vehículos que ofrecen servicio privado sin autorización.
Martínez Acosta explicó que la prioridad de la dependencia es garantizar la seguridad de los usuarios y el equilibrio económico del transporte público concesionado, particularmente del servicio de taxi, que sí se encuentra regulado y sujeto a estudios de factibilidad.
“Lo que buscamos es legislar para sancionar a las empresas por el incumplimiento de las leyes locales. Primero deben registrarse las empresas y después sus conductores. Hoy tenemos un vacío legal que impide saber quiénes están operando”, señaló.
La funcionaria detalló que los taxistas no se oponen a la existencia de plataformas digitales, sino al número excesivo de vehículos que operan bajo esa modalidad sin control alguno.
“El problema no es la modalidad, sino el desbordamiento de unidades que impactan en la economía de quienes tienen una concesión legal. A ellos se les autorizó con base en estudios de factibilidad, mientras que los conductores de plataformas entran al mercado sin límites ni vigilancia”, dijo.
Martínez Acosta advirtió que la falta de registro representa un riesgo directo para la ciudadanía, pues el Estado no tiene manera de saber quiénes conducen los vehículos ni si cumplen con los requisitos mínimos para ofrecer el servicio.
“No generalizamos, pero ya tenemos un caso muy lamentable en San Luis Potosí donde una mujer fue víctima de violación por un vehículo de plataforma. Esta autoridad no tiene registro ni conocimiento de quiénes son esas personas, porque no hay regulación”, enfatizó.
La titular de la SCT consideró indispensable que las reformas incluyan la obligación de las plataformas a registrar a sus operadores, así como la aplicación de evaluaciones psicométricas y toxicológicas.
Además, propuso revisar la legislación general para que las empresas internacionales que no cuentan con domicilio legal en el estado no evadan su responsabilidad ni operen fuera del marco jurídico.
“No podemos permitir que cualquiera convoque a la ciudadanía a ofrecer un servicio de transporte sin vigilancia”, apuntó.
Cuestionada sobre el número de vehículos que actualmente brindan servicio sin autorización, Martínez Acosta reconoció que no existe un dato certero, precisamente porque se trata de autos particulares.
“No sabemos cuántos son ni quiénes son. Al no haber registro ni en la Secretaría de Finanzas ni en otra instancia, estamos en un estado de indefensión”, dijo.
En ese sentido, explicó que la SCT solo puede actuar dentro de los límites que marca la ley, asegurando vehículos cuando se comprueba que realizan transporte con cobro sin permiso estatal.
La funcionaria subrayó que las acciones de la dependencia no son una persecución contra particulares, sino un intento por establecer orden y seguridad en un sector que hoy opera sin control.
“No es cacería. Es un tema de seguridad, de garantizar que quien transporte personas esté regulado y vigilado. Definitivamente sí o sí tiene que haber control de la autoridad. No podemos por la libre todos ofrecer este servicio sin vigilancia ni registro”, concluyó.
