Fernanda Durán
La falta de coordinación institucional, los vacíos en la legislación vigente y la ausencia de políticas educativas efectivas son los principales obstáculos que enfrenta la protección animal en el estado, coincidieron especialistas y legisladores durante el panel Del compromiso social a la política pública, realizado en la Universidad Politécnica como parte del Foro Nacional para Prevenir el Maltrato Animal.
La docente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Rosa Eréndira Fosado, relató que desde hace más de una década ha enfrentado resistencia institucional en la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano para promover acciones de rescate y esterilización de animales abandonados en Matehuala.
“He recibido mofas, críticas y cartas administrativas (…) entiendo que la universidad no es un espacio para la crianza animal, pero cuando el problema es tan grave, ninguna institución se puede hacer para atrás”.
A pesar de ello, explicó que con apoyo estudiantil ha logrado colocar en adopción a más de 20 perros y realizar alrededor de 100 esterilizaciones, aunque persiste una “falta de vigilancia, voluntad política y empatía social”. A su juicio, los esfuerzos ciudadanos resultan insuficientes sin respaldo institucional y sin mecanismos de denuncia seguros que garanticen la aplicación de la ley.
Desde el ámbito legislativo, el diputado Luis Felipe Castro Barrón, vicepresidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, admitió que la legislación potosina aún presenta deficiencias para sancionar de manera efectiva el maltrato y la crueldad animal.
Mencionó que se han aprobado reformas para tipificar el daño a especies protegidas, obligar la reparación del daño y declarar el 1 de octubre como el Día Estatal de Protección y Cuidado Animal, con actividades educativas en todos los niveles.
El legislador anunció además que se trabaja en un registro estatal de personas agresoras de animales, con el propósito de identificar reincidencias y prevenir nuevas adopciones hacia quienes tengan antecedentes.
Sin embargo, advirtió que “de nada sirve subir penas si los delitos no están bien tipificados”, por lo que es necesario diferenciar legalmente el maltrato de la crueldad, así como reconocer a los animales como seres sintientes para dotarlos de una personalidad jurídica que permita protegerlos efectivamente.
El legislador recordó que los ayuntamientos son responsables por ley del control de la sobrepoblación canina y felina, y deben contar con áreas de recuperación para capturar, esterilizar y vacunar a los animales callejeros. No obstante, muchos municipios carecen de presupuesto, personal especializado y voluntad política.
“Algunos alcaldes dicen que tienen 15 problemas más graves antes que este, pero si no atendemos el tema educativo y preventivo, la violencia seguirá reproduciéndose”.
Durante la ronda de preguntas, surgieron dudas sobre cómo abordar el manejo de perros comunitarios o ferales, por lo que un representante de la Fiscalía General del Estado explicó que la mayoría de los casos de maltrato animal no prosperan porque no se identifica al responsable, lo que impide iniciar carpetas de investigación.
Indicó que cuando un animal agrede a una persona, la responsabilidad penal recae en su dueño o garante, pero “en los perros comunitarios o ferales hay lagunas jurídicas porque no hay a quién imputar”.
Añadió que no existen protocolos unificados para la captura o manejo de jaurías, tarea que corresponde a los municipios.
Entre los temas comentados, los participantes advirtieron que el maltrato animal está estrechamente ligado a otras formas de violencia como la familiar, por lo que propusieron que las denuncias por crueldad animal sean analizadas también como indicadores de riesgo social.
Uno de los puntos más debatidos fue la situación de los municipios rurales e indígenas, donde los usos y costumbres dificultan la aplicación uniforme de la ley. El diputado explicó que si bien algunas comunidades ya cuentan con autonomía normativa, es necesario establecer presupuestos específicos en los planes de egresos municipales para programas de control animal, campañas de esterilización y acciones de sensibilización social que no contravengan sus tradiciones locales.
También se abordó el impacto ambiental y la pérdida de biodiversidad derivada de la expansión de la fauna doméstica sobre especies silvestres, en la que se destacaron casos recientes en la Huasteca donde felinos como jaguares o pumas atacaron perros o ganado, lo que generó tensiones con los pobladores.
Ante ello, se planteó fortalecer la coordinación entre los ayuntamientos, el Gobierno del Estado y la Federación, a través de instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y las áreas de protección ambiental, para atender estos conflictos y proteger a las especies endémicas sin recurrir a la cacería o represalias.
Los asistentes coincidieron en que la solución pasa por fortalecer la educación formal y cívica, incorporar el bienestar animal en los programas escolares; capacitar a policías, agentes del Ministerio Público y personal municipal, así como establecer canales de denuncia accesibles y con seguimiento verificable.
