Estela Ambriz Delgado
El Comité de Vecinos Afectados por la Contaminación de la Zona Poniente manifestó su rechazo e indignación ante la respuesta del alcalde Enrique Galindo Ceballos sobre sus denuncias por las emisiones de humo que se perciben en colonias aledañas a la empresa Pintone, pues consideran que intenta desviar la atención hacia la quema de basura clandestina.
Ante las declaraciones del edil en las que indica que el Ayuntamiento ya realiza investigaciones para determinar el “origen real” de la contaminación —pues podría involucrar tiraderos clandestinos y quemas de residuos en la zona—, la organización vecinal emitió un posicionamiento público y un video en redes sociales en el que señalan incompetencia y omisión ambiental de la autoridad municipal.
Los vecinos apuntaron a que las declaraciones son ambiguas y evasivas, al igual que la respuesta ante su denuncia contra la empresa de pinturas y solventes, que les fue entregada por la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos a cargo de Jaime Mendieta Rivera, en el oficio DGEMR/0822/2026 del 18 de mayo.
En este, afirmaron que, derivado de la primera denuncia el 26 de marzo se hizo una visita de inspección el 24 de abril de la que, de acuerdo con las observaciones resultantes, la representación legal de Pintone suscribió con la autoridad una carta compromiso.
Aunque no se especifica nada de lo observado en la inspección, pese a ser un oficio interno dirigido al jefe de la oficina de la presidencia, se indica que se obligó a regular su actividad de manera inmediata a través del Dictamen de Ecología, de la documentación pertinente de sus residuos y de su resolutivo de Autorización de Impacto Ambiental de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).
Asimismo, en el oficio se hace mención de que posterior a la recepción de la denuncia por escrito con firmas y pruebas aportadas por los vecinos en una memoria USB, se implementó un Programa de Monitoreo Aleatorio Nocturno durante las madrugadas, con la finalidad de constatar en flagrancia el origen del posible desequilibrio ecológico y documentar jurídicamente el incumplimiento de la carta compromiso.
Además, en este puntualiza que, de ser el caso que las emisiones contaminantes y olores provengan de manera directa de su proceso productivo, la competencia legal absoluta para regular, aplicar sanciones de fondo o decretar una clausura definitiva, corresponde por ley a la Segam, por lo que una vez concluidas las inspecciones nocturnas emitirá las actas correspondientes a la secretaría.
Respecto a este oficio, los afectados consideraron que se reconoce implícitamente la responsabilidad de la empresa de las emanaciones tóxicas. Sin embargo, estiman que hay evasión burocrática y complicidad, pues no se les responde directamente a los ciudadanos, sino que se les remite copia de un oficio interno en el que finalmente tratan de deslindarse.
“En lugar de clausurar, se lavan las manos argumentando que la competencia absoluta de la clausura definitiva es de la Segam. Omitiendo por completo la obligatoriedad de su competencia (…) el capítulo de sanciones del Reglamento de Ecología faculta a la autoridad municipal a imponer la clausura si, tras una inspección derivada de una denuncia o revisión de oficio, la empresa ignora las medidas correctivas urgentes impuestas por la Dirección, o si existe contaminación de suelo o descargas prohibidas a la red de drenaje local”.
Por otra parte, el comité de vecinos criticó que Galindo Ceballos muestra indolencia ante una problemática que afecta la salud de las personas, y se atreve a presumir que, con base en fotos que le han mostrado, al parecer la empresa no es la responsable, con lo que exhibe una doble moral al querer quedar bien con Pintone.
En este sentido, señalaron que se pretende gobernar a “percepción” y no con ciencia ni conciencia, y es evidente la pretensión de desviar la atención hacia la quema de basura. Además, apuntan a que con sus afirmaciones anuló las pruebas científicas que le hicieron llegar de forma anexa a la denuncia, con las que se demuestra que hay formaldehídos en el aire y que se relacionan con la fabricación de pinturas y solventes además de partículas VOC PM 10 y PM 2.5.
“Esto prueba también que su declaración es tendenciosa, al querer convencer a la población de la inocencia de la empresa responsable que nos esta matando minuto a minuto. Por humanidad le exigimos no confundir a la opinión pública”.
Evidencia científica vs inoperancia municipal
Los ciudadanos destacaron que, mientras el Ayuntamiento capitalino carece por completo de medidores ambientales y equipo técnico personal especializado para proteger a la ciudadanía, ellos como vecinos se organizaron y obtuvieron acceso a monitores ambientales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Los registros del medidor ambiental arrojan datos alarmantes y constantes de formaldehídos, compuestos orgánicos volátiles (VOC), PM 2.5 y PM 10 en el aire por 580 por ciento arriba de lo que marca la norma.
Puntualizaron que estos contaminantes se encuentran directamente relacionados con la industria de pinturas y solventes que opera a unos metros de sus casas, lo que potencialmente puede ser aspirado cada uno de los más de 17 mil habitantes, de acuerdo con información y estimación de viviendas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ocho colonias hasta ahora detectadas en riesgo sanitario.
Por ello, las y los afectados cuestionaron a quién protege el Ayuntamiento al prestarse a firmar una simple “carta compromiso” con la empresa Pintone, en lugar de aplicar medidas cautelares inmediatas,
“El Ayuntamiento demuestra una grave omisión y al mismo tiempo una acción grave de encubrimiento, entre que lo admite, pero acuerda eso lo hace cómplices de la situación; no sancionó, no verificó, y no clausuró. Además, está dejando pasar el tiempo sin que al responsable se le aplique una sanción ejemplar mientras las familias de las colonias afectadas respiramos gases tóxicos lo que nos hace preguntarnos: ¿A qué intereses están protegiendo?”.
Finalmente, exigieron que las autoridades actúen bajo criterios técnicos, científicos y transparentes, pues no quieren más discursos ni respuestas ambiguas. Además de que exigen su derecho constitucional a un medio ambiente sano.
