Fernanda Durán
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) confirmó que mantiene en curso un juicio ordinario mercantil contra la empresa Distribuidora VEM S.A. de C.V., derivado del incumplimiento del contrato de arrendamiento del terreno universitario ubicado en Lomas Cuarta Sección.
Como parte del mismo juicio, VEM ha promovido una reconvención legal en la que demanda a la universidad el pago de 684 millones 95 mil 212 pesos por concepto de presuntos daños y perjuicios.
La cifra, revelada en el Informe Financiero del cuarto trimestre de 2025, representa la principal contingencia legal vigente para la UASLP, por encima de otras obligaciones fiscales o litigios activos. Por ejemplo, el monto más alto en pasivos contingentes fiscales es por concepto de impuesto predial y asciende a 29.5 millones de pesos.
“De acuerdo con la información proporcionada por la Abogacía General, el referido reclamo constituye una expectativa de derecho, cuya procedencia se encuentra sujeta a la resolución que, en su momento, emita la autoridad judicial competente”, se lee en el informe.
Asimismo, la administración universitaria precisó que, al cierre de 2025, no existe sentencia firme ni resolución judicial que determine la existencia de una obligación exigible a cargo de la Universidad. Por tanto, y con base en el análisis de riesgo legal realizado, no se ha considerado procedente registrar una provisión contable por esta contingencia, conforme al marco normativo contable aplicable.
El litigio se origina tras el incumplimiento del contrato firmado en abril de 2024, mediante el cual la UASLP arrendó un terreno de 46 mil metros cuadrados a VEM para el desarrollo del proyecto “Centro Deportivo Santa Fe”. En lugar del complejo deportivo, la empresa promocionó el desarrollo comercial “Distrito Santa Fe”, incluyendo agencias automotrices como BMW, tiendas y restaurantes.
La Universidad solicitó formalmente la rescisión del contrato en abril de 2025 por medio del oficio OAG-482/2025, al considerar que VEM incumplió con los términos aprobados por el Consejo Directivo Universitario. Aunque se otorgó un plazo de 30 días para corregir la situación o devolver el predio, éste venció sin respuesta satisfactoria ni pago de los adeudos.
Desde entonces, las autoridades universitarias han reiterado su decisión de no litigar en medios, por lo que las actualizaciones sobre el caso se han canalizado únicamente a través de vías judiciales y reportes financieros.
