Desiree Madrid
En una conferencia de prensa, víctimas de un supuesto “cártel inmobiliario”, como ellos lo denominaron, denunciaron haber sido despojadas de sus bienes a través de fraudes y amenazas.
El grupo, presuntamente liderado por un hombre identificado con el nombre de Daniel N., está acusado de inventar deudas y utilizar el sistema judicial para despojar a sus víctimas de casas, vehículos y negocios.
Según los abogados de las víctimas, la organización está compuesta por unas 15 personas.
Una de las 14 víctimas logró la detención de Daniel N. la semana pasada y una jueza decretó prisión preventiva justificada en su contra. Marco Antonio Barrera, uno de los abogados, señaló que estas denuncias se remontan al menos a 2018.
El abogado Lorenzo Sánchez Andrade explicó que el grupo utilizaba procedimientos ilegales para apoderarse de bienes. Por ejemplo, simulaban la existencia de un pagaré para después realizar emplazamientos en una casa que el propio acusado usaba como centro de operaciones.
En un caso, el presunto líder alteró la firma de una persona en un pagaré por 700 mil pesos. En otros casos, el acusado se aprovechaba de la falta de conocimiento de las leyes y se valía de las puertas legales que permitían estas maniobras.
Una de las víctimas, una médica familiar, relató que fue despojada de su casa, la cual el sujeto utilizaba como oficina para sus actividades fraudulentas.
Otro afectado, Ignacio Álvarez, compró una casa a Daniel N. en 2022 por 800 mil pesos. Después de pagar una parte, este lo amenazó y le exigió más dinero, llegando incluso a advertirle que lo despojaría de otras propiedades y vehículos.
Una veterinaria, Miriam García-González, contó que el hombre la amenazó de muerte y le pidió 700 mil pesos después de que ella interpusiera una denuncia en su contra.
A pesar de los resultados obtenidos, los oradores creen que la organización operaba con la complicidad de algunos funcionarios judiciales. Aunque los abogados admitieron que no tienen nombres específicos, sospechan que hay personas de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Poder Judicial involucradas.
Una de las víctimas, un médico veterinario, sugirió que la organización utilizaba un documento que indicaba que el demandado quería ser notificado a través de los estrados del juzgado, para así evitar notificaciones directas.
En respuesta a una pregunta sobre el funcionamiento del grupo, uno de los abogados afirmó que Daniel N. usaba a sus padres como cómplices, quienes se hacían pasar por las víctimas, especialmente si eran de edad avanzada. La orden de aprehensión fue girada por una jueza y se cumplimentó a pesar de los esfuerzos del sujeto por evitar la prisión.
Daniel N. ya se encuentra detenido y se le ha dictado auto de vinculación a proceso. Los abogados informaron que se tienen seis meses para integrar más carpetas de investigación y esperan que los cómplices también sean detenidos.
A pesar de las dificultades y la percepción de que el caso estaba perdido, las víctimas y los abogados expresaron esperanza y confianza en que se hará justicia. Los delitos que se le imputan son falsificación de documento e intimidación.
También se menciona la detención de una segunda persona llamada Gael, aunque no se dieron más detalles sobre su rol.
