Fernanda Durán
Un grupo de víctimas se manifestó este miércoles afuera de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) en San Luis Potosí, en el marco de la entrada en funciones del nuevo sistema judicial y de los nuevos juzgadores. Su exigencia fue sobre el acceso a la justicia y respeto a su derecho a la salud, al denunciar que la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) se niega a entregarles los medicamentos que necesitan.
Las manifestantes, María de Jesús “Marichuy” Almendarez Prieto, Lourdes Rodríguez y Mario Hernández Bravo, colocaron pancartas frente al PJF para exigir la entrega inmediata de los fármacos que requieren.
Señalaron que la CEEAV, bajo el argumento de no contar con recursos, se niega a otorgarlos, a pesar de que cuentan con resoluciones judiciales a su favor.
Almendarez Prieto explicó que desde hace años enfrenta diabetes y necesita insulina. Relató que cuando acudió a solicitarla, le respondieron que “no hay dinero”.
Consideró esta negativa como una represalia debido a que recientemente ganó un amparo para la reposición de su proceso, lo que la ha obligado a protestar públicamente para que se respete su derecho a la salud.
Por su parte, Hernández Bravo expuso que sus dos hijos requieren atención médica: uno padece depresión severa con episodios de agresividad y el otro hiperactividad, pero que la CEEAV le ha negado los medicamentos bajo el esquema de que primero los adquiera por su cuenta y después se le reembolse, aunque los reintegros tardan meses en concretarse.
En tanto, Lourdes Rodríguez afirmó que, tras una década de buscar justicia en contra del dueño de un salón de fiestas —a quien denunció por agresiones físicas que le ocasionaron la pérdida de una muela y la fractura de un dedo del pie—, no ha habido avances significativos, pues acumula 17 carpetas de investigación sin resultados.
Acusó a la CEEAV de haberle asignado un asesor jurídico que no le brindó una defensa adecuada, lo que derivó en la pérdida de su denuncia penal. Por ello, buscará llevar su caso hasta el Senado de la República.
Paralelismo con protesta en la Suprema Corte
Esta manifestación en San Luis Potosí coincidió con otra protesta nacional que evidenció el hartazgo de este grupo de víctimas frente al sistema judicial y las instituciones nacionales y estatales.
El martes, medios nacionales reportaron que en el primer día de “puertas abiertas” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Silvia Castillo Hernández, madre de Alan Ibarra Castillo —asesinado e incinerado en 2019—, se desnudó en el vestíbulo del edificio principal para reclamar justicia.
“Así estoy desnuda de justicia”, exclamó mientras era rodeada por personal de resguardo. Minutos antes, Castillo había colocado lonas y utilizado un altavoz para denunciar la falta de castigo a los responsables del homicidio de su hijo y el maltrato recibido por parte de jueces.
La acción provocó que la puerta principal de la Corte fuera cerrada y reabierta quince minutos después.
Castillo Hernández acusó que los jueces la discriminan por no tener recursos económicos y reprochó a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, a quien señaló de prometerle apoyo legal que nunca se concretó.
“¡Esa es la Piedra! ¡Me prometió un abogado y no cumplió!”, gritó cuando la funcionaria pasó frente a ella sin detenerse.
Tanto en San Luis Potosí como en la Ciudad de México, las manifestaciones ponen de relieve la percepción de un acceso restringido a la justicia y a la salud para las víctimas.
Mientras en el ámbito local las quejas apuntan contra la CEEAV por negarse a cubrir tratamientos médicos esenciales, a nivel nacional las críticas se dirigen al Poder Judicial y a la CNDH por su presunta indiferencia y falta de resultados.
Las protestas ocurren justo cuando se renuevan jueces y ministros lo que, según las víctimas, abre una oportunidad para que se concrete un cambio real en el acceso a la justicia tras años de omisiones e incumplimientos.
Además, las y los inconformes forman parte del grupo de víctimas que en distintas ocasiones se ha plantado frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos e incluso en el Congreso del Estado, donde han reclamado atención a sus casos y señalado omisiones en el acompañamiento institucional.
