María Ruiz
A casi nueve meses de que entró en vigor el Decreto 0468, mediante el cual se creó legalmente la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas Cometida por Particulares, esta instancia todavía no cuenta con la estructura necesaria para operar plenamente. Mientras tanto, las familias buscadoras continúan enfrentando falta de personal, rezago en las investigaciones e incertidumbre sobre su instalación.
El decreto, publicado el 23 de febrero de 2026 y vigente desde el día siguiente, estableció en su artículo transitorio segundo que la nueva Fiscalía contaría con los recursos humanos, materiales y presupuestales previstos y asignados en el Presupuesto de Egresos de 2026. También dispuso su entrada en operaciones inmediata y contempló cinco áreas especializadas para investigar, analizar contextos, atender a víctimas y realizar búsquedas inmediatas y de larga data.
Sin embargo, la estructura no se ha materializado. Tras una reunión con la fiscal general del estado, Manuela García Cázares, el miércoles 4 de noviembre, integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C. señalaron que todavía no existe certeza sobre la aplicación de los recursos, la integración del personal ni la fecha en que comenzará a funcionar plenamente.
Edith Pérez Rodríguez, líder del colectivo, explicó que solicitaron el encuentro para conocer directamente el proyecto de la institución, luego de que anteriormente les habían informado que estaría lista en noviembre. No obstante, señaló que durante la reunión no recibieron una ruta definida para su instalación: “No tiene planeado nada todavía”.
Los 4.6 millones de pesos siguen sin liberarse
Uno de los principales pendientes es la liberación de los 4 millones 600 mil pesos contemplados en el presupuesto de la Fiscalía General del Estado (FGE) para 2026, destinados a la nueva área especializada.
Aunque el decreto de creación no establece una cantidad específica para su operación, Edith señaló que la asignación de estos recursos fue uno de los acuerdos alcanzados con la fiscal general. Sin embargo, el dinero no fue entregado desde el inicio y durante la reunión les informaron que podría liberarse hasta el 31 de diciembre, lo que consideró contradictorio, pues se trata de un presupuesto correspondiente a un ejercicio fiscal que está por concluir.
Los recursos están previstos para la contratación de agentes del Ministerio Público y policías de Investigación, además de la adquisición de vehículos, materiales e insumos necesarios para poner en funcionamiento la nueva instancia.
La representante del colectivo indicó que la FGE ha enviado cinco oficios a la Secretaría de Finanzas para solicitar la liberación del presupuesto; sin embargo, durante el encuentro no les mostraron los documentos ni les precisaron qué instancia o funcionario debe autorizar la entrega.
“Nos dicen que están esperando ese recurso para poder empezar”, comentó Edith sobre la explicación que recibieron de las autoridades.
Por separado, la Fiscalía General del Estado solicitó 32 millones 233 mil 204 pesos con 34 centavos para su presupuesto de 2027. Según lo informado a las familias, la propuesta contempla recursos para el funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Desaparición, pero todavía debe ser aprobada por el Congreso del Estado.
El monto corresponde a la solicitud presupuestal de toda la Fiscalía General, no exclusivamente a la nueva instancia, por lo que la cantidad que finalmente se destinará a esta área durante el próximo ejercicio fiscal aún está por definirse.
Sin certeza sobre las instalaciones; la Unidad actual trabaja con cinco policías y seis agentes ministeriales
Las familias también cuestionaron la falta de un espacio definido para la nueva Fiscalía. Edith explicó que inicialmente les habían informado que la Fiscalía de Derechos Humanos facilitaría instalaciones, pero ahora les plantearon que podría ser necesario rentar un inmueble.
“Lo veo como otro pretexto para decir que no hay dónde”, expresó.
Mientras se concreta la nueva estructura, la Unidad Especializada para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas cuenta, según las cifras compartidas por Edith, con cinco policías de Investigación y seis agentes del Ministerio Público para atender los casos de todo el estado.
Tres policías estarían asignados a la zona Centro y Altiplano, uno a Rioverde y otro a Ciudad Valles. También mencionó que Alerta Amber tiene tres agentes ministeriales, aunque persiste la falta de claridad sobre su relación con la Unidad, pues las familias han recibido versiones contradictorias sobre si ambas áreas forman parte de la misma estructura.
Edith también cuestionó la falta de acercamiento de la actual titular de la Unidad, Karla Victoria García Leura, con las integrantes del colectivo y otras víctimas de desaparición forzada cuyos expedientes se encuentran en esa área.
Señaló que, hasta ahora, la funcionaria no se ha reunido con ellas para conocer sus casos y necesidades, pese a que la Unidad continúa siendo el principal enlace institucional para las familias mientras se concreta la operación de la Fiscalía Especializada.
A esta situación se suma la falta de continuidad en el trabajo con las familias desde el cambio de titularidad, así como la ausencia de las reuniones de seguimiento previstas para septiembre, tanto la general como las correspondientes a las distintas regiones del estado.
“Hay un rezago en los expedientes de cada una”, señaló Edith, quien también cuestionó que las investigaciones recientes reciban mayor atención cuando existen personas detenidas, mientras los casos de larga data continúan sin avances.
Además, consideró que la antigüedad de una desaparición no debería ser el único criterio para determinar la urgencia de una búsqueda, pues una persona puede llevar pocos días sin ser localizada y encontrarse ya en una situación que requiere atención inmediata.
Prevén instalación de nueva Fiscalía durante el primer trimestre de 2027
Las familias esperan que las contrataciones comiencen en enero de 2027 y que la Fiscalía Especializada pueda instalarse durante el primer trimestre del año. Para revisar los avances, acordaron una nueva reunión con las autoridades durante la última semana de enero.
Sin embargo, el colectivo también contempla recurrir a movilizaciones ante la falta de respuestas concretas. Edith explicó que están al tanto de las gestiones que se realizan a nivel nacional con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), organización que anunció una serie de encuentros y actividades con colectivos de madres y familias buscadoras durante diciembre, como parte de una iniciativa de acompañamiento y solidaridad con quienes buscan a personas desaparecidas.
La representante señaló que Voz y Dignidad por los Nuestros se sumó a esta convocatoria y participará en distintas actividades junto con la agrupación y otros colectivos del país.
En ese contexto, advirtió que, si antes de diciembre no se concreta la disposición del personal y los recursos humanos, la liberación del presupuesto para la nueva Fiscalía y el inicio de sus funciones, se unirán a las movilizaciones nacionales. Entre las acciones que contemplan está el cierre de la carretera 57 para exigir que las autoridades atiendan sus demandas.
Edith explicó que han intentado agotar las vías de diálogo con las autoridades, incluido el encuentro del miércoles con la fiscal general, pero si no observan avances concretos consideran que tendrán que recurrir a otras formas de presión para conseguir que la institución entre en funcionamiento.
Señaló que las familias ya no encuentran otra vía para conseguir que se atiendan las necesidades de una Fiscalía que, aunque fue creada legalmente, todavía no cuenta con las condiciones para cumplir sus funciones.
“El que avisa no traiciona”, advirtió Edith al referirse a las acciones que podrían emprender si continúan los retrasos.
