Fernanda Durán
A tres días de que venza el plazo constitucional para armonizar la reforma federal en materia de transparencia, la presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, Diana Ruelas Gaitán, reconoció que aún no existe una definición clara sobre la ruta legislativa que seguirá San Luis Potosí para cumplir con la extinción o transformación de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).
“Estamos analizando todavía”, dijo en entrevista. “Yo creo que ahorita el sacar una nueva convocatoria no tendría algún sentido, ya que habría que primero ver qué es lo que sigue. Ahorita vamos a buscar la manera de aplazar un poco esto, para que realmente sea todo como debe de ser, porque ya tenemos el tiempo encima”.
La legisladora se refirió también al relevo de la comisionada Sara Viridiana Tapia Rincón, cuyo encargo concluye el próximo 30 de junio. Al ser cuestionada sobre si se lanzará una nueva convocatoria para cubrir el cargo, respondió:
“Yo creo que vamos a esperar un poco ese tema de la convocatoria, hasta no ver cómo vamos a trabajar, porque todavía está un hoyo de diferentes especulaciones, pero aún no tenemos algo congruente”.
La declaración ocurre a menos de 72 horas del 20 de junio, fecha que fue establecida a nivel federal como límite para que los congresos locales adecuen su marco constitucional y legal al nuevo modelo nacional de transparencia.
Dicha reforma implicaría la desaparición de los órganos garantes autónomos y su eventual integración en secretarías u organismos descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo.
Consultada sobre si se busca aplazar tanto la reforma como el proceso de relevo de comisionada, Ruelas aclaró que “no se va a extender.
“Más bien necesitamos ya cerrarlo antes de que concluya el tiempo”, por lo que esta semana se llevará a cabo una reunión para “definir el tema y ver qué sigue”.
Actualmente, además de Sara Tapia, la CEGAIP está integrada por los comisionados José Gerardo Navarro Alviso, quien además es presidente para el periodo 2024–2026, y Ana Cristina García Nales, cuyo nombramiento termina en 2026.
Hasta ahora, el Congreso del Estado no ha presentado públicamente un dictamen sobre la reforma constitucional local ni ha sometido a votación la legislación secundaria que establezca el nuevo modelo institucional.
Tampoco se ha informado de manera oficial si el futuro órgano garante dependerá de la Contraloría General del Estado u otra figura administrativa, como se había especulado en otras ocasiones y como ha ocurrido en otras entidades federativas.
