Fernanda Durán
En una conferencia que combinó diagnóstico financiero y mensajes técnicos, el titular de la Unidad de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos de Banobras, Antonio García Carreño, expuso ante el Congreso del Estado un llamado explícito a aprovechar la capacidad de deuda de San Luis Potosí.
Su intervención, presentada como un ejercicio de capacitación, terminó orientada a convencer a diputadas y diputados de que la inversión pública estatal y municipal está lejos de su potencial por no utilizar los mecanismos de financiamiento disponibles.
Desde el inicio, García Carreño se ubicó como un actor aliado de los gobiernos locales. Agradeció el espacio “a Banobras, la institución del federalismo”, además de recordar que el banco, con 92 años de existencia, participa en casi la mitad de toda la deuda de los gobiernos estatales del país.
Además, enfatizó que sus funcionarios “le rinden cuentas a ustedes”, en referencia directa a autoridades estatales y municipales.
También defendió la estructura de vigilancia sobre la banca de desarrollo: “Estamos regulados igualito que cualquier banco, más dos adicionales que es el órgano interno de control y la Auditoría Superior de la Federación”.
El funcionario insistió repetidamente en el blindaje normativo que hoy rige el endeudamiento, pues desde la reforma de 2016 quedó establecido en la Constitución “que los financiamientos solo se pueden utilizar para inversiones públicas productivas”, mientras que el proceso consiste en la autorización del cabildo, la aprobación del Congreso por mayoría calificada, una licitación pública entre instituciones financieras y la verificación posterior del uso del dinero por parte de órganos de control.
El énfasis apuntó a desactivar la estigmatización histórica del endeudamiento municipal y, aunque los casos de abuso fueron “los menos”, sus consecuencias en la opinión pública inhiben decisiones de inversión que podrían financiarse hoy bajo estrictos controles.
Deuda de largo plazo aproximada que cada ayuntamiento podría contratar de manera responsable, según la Ley de Disciplina Financiera.
Uno de los puntos más sensibles de la conferencia fue el contraste entre la gran capacidad de financiamiento y el bajo nivel de inversión en lo subnacional. García Carreño señaló que, en conjunto, los estados pudieron haber contratado más de 200 mil millones de pesos de deuda sostenible en 2024, pero ejercieron apenas una fracción de 6 mil millones de pesos. En municipios, la situación es más extrema: “contratan apenas el 6 por ciento de su techo de financiamiento”.
A su juicio, la consecuencia directa es la precariedad en los servicios básicos: agua potable, pavimentación, alumbrado, transporte público y tratamiento de residuos; debido a que el 115 constitucional asigna estas responsabilidades a los municipios, muchos “no tienen los recursos suficientes para tener esos servicios en la calidad” necesaria.
Banobras expuso distintos esquemas para detonar obra pública:
- Programa Banobras–FAIS, que adelanta hasta 25 por ciento de recursos futuros a municipios para que puedan ejecutar obras grandes en lugar de pequeñas acciones dispersas.
- Crédito simple con participaciones, que permite endeudarse usando como fuente de pago el Fondo General de Participaciones.
- Decretos globales, donde el Congreso autoriza de una sola vez financiamientos para todos los municipios, sin tener que emitir decretos individuales.
Durante la exposición, García Carreño subrayó que los decretos generales de financiamiento no son una rareza, sino una práctica extendida en el país, por ejemplo, “en 18 estados el sexenio pasado” hubo mecanismos equivalentes para autorizar de forma global el acceso de sus municipios a financiamientos, y en la administración actual “ya tuvimos 16 decretos globales”, lo que confirma que cada vez más entidades recurren a esta vía para simplificar la contratación de deuda para obra pública.
La mención buscó evitar que San Luis Potosí vea estos esquemas como excepcionales o riesgosos, y colocarlo dentro de una tendencia nacional que normaliza el uso de decretos amplios para agilizar el endeudamiento municipal y estatal.
En el caso de San Luis Potosí, García Carreño afirmó que el estado podría contratar más de mil millones de pesos sin comprometer su semáforo de sostenibilidad. Sin embargo, no profundizó en la capacidad real de ejecución de obras ni en los riesgos de concentrar recursos al final del sexenio.
El funcionario habló que el predial, agua e impuesto sobre adquisición de inmuebles, son “políticamente muy sensibles”, pero que eso no puede seguir siendo excusa para no fortalecer las finanzas: “Nunca vamos a empezar”.
Incluso sugirió “poner progresividad” en el ISAI, aumentar tasas en rangos altos o en zonas industriales y mejorar la eficiencia recaudatoria, que en algunos municipios apenas alcanza el 50 por ciento, además de ofrecer acompañamiento técnico gratuito para actualizar catastro y diseñar sistemas de cobro.
Aunque el diagnóstico es correcto, el mensaje omitió los riesgos sociales de actualizar valores catastrales sin medidas de protección para grupos vulnerables, o de depender exclusivamente de incrementos tarifarios para apuntalar finanzas municipales históricamente debilitadas.
La prensa cuestionó el “círculo vicioso” de municipios que piden créditos para pagar aguinaldos mientras mantienen congeladas sus tarifas y contribuciones; García Carreño evitó una respuesta categórica, al decir “me cuesta trabajo hacer una respuesta general” y que es mejor revisar la programación del gasto y eficiencia recaudatoria, además de que Banobras no participa en créditos de corto plazo.
Cuando se le preguntó cómo podrían endeudarse municipios que recaudan casi nada, respondió que incluso aquellos que dependen casi por completo de participaciones podrían usar hasta 5 por ciento como fuente de pago, porque “la fuente de pago son las participaciones, no el predial”.
El argumento, no obstante, ignora que muchos municipios ya consumen sus participaciones en gasto corriente y se enfrentan a recortes u oscilaciones que les impiden planear a mediano plazo.
El cierre político de la conferencia lo dio el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, quien convirtió el encuentro en una defensa abierta de los créditos públicos.
“Cuando hablamos de deuda, pues evidentemente siempre es motivo para que algunas extensiones se preocupen”, mientras que el rechazo proviene de “críticas severas… por desconocimiento legal”.
También llamó a distinguir entre financiamiento responsable y la confusión social por los ajustes recientes en la recaudación estatal.
“Algunos se confundieron y pensaron que eran créditos, y no, porque es confuso el tema financiero”.
Antes de retirarse, lanzó un mensaje directo “a los amigos de Finanzas, anímense, ¿no?”, frase que sintetizó el espíritu de la conferencia: dejar servida la mesa para que el Congreso evalúe, y posiblemente apruebe, nuevos esquemas de financiamiento para obra pública.
