Fernanda Durán
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) pospuso la entrega de su informe anual de actividades 2025 ante el Congreso del Estado, luego de que víctimas encabezadas por María de Jesús Almendárez Prieto, “Marichuy”, se manifestaran en el recinto legislativo para denunciar presuntos abusos de poder y persecución institucional por parte de la presidenta del organismo, Giovanna Itzel Argüelles Moreno.
La presentación del informe estaba programada para la tarde de este jueves 26 de febrero ante la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, como lo establece la normatividad vigente. Aunque el acto fue incluido de último momento en la agenda legislativa, la convocatoria no pasó desapercibida para las víctimas, quienes desde las 15:00 horas comenzaron a concentrarse en la sede del Congreso, ubicada en Vallejo 200.
Las personas manifestantes colocaron pancartas y mantas en las que denunciaron lo que calificaron como una actuación indebida de la titular de la CEDH. Entre las consignas se leía: “En San Luis Potosí la presidenta de Derechos Humanos, Giovanna Argüelles se extralimita en sus funciones al dar medidas de restricción a una víctima, presentar denuncia penal contra otras víctimas”, así como “En la Comisión de Derechos Humanos hay persecución de víctimas”, “Las víctimas pedimos auditoría externa al Congreso del Estado” y “Presidenta defínete, ¿eres víctima o eres presidenta?”.
Las protestas se desarrollaron en el acceso principal del recinto legislativo, donde el personal de seguridad solicitó a las víctimas que ejercieran su derecho a la manifestación sin bloquear el ingreso de funcionarios y visitantes, particularmente el de la ombudsperson, cuya llegada se esperaba durante la sesión.
Conforme avanzó la tarde, alrededor de las 18:00 horas, se incrementó la presencia de elementos de la Guardia Civil Estatal en el exterior del Congreso. Sin embargo, la titular de la CEDH no se presentó y la entrega del informe fue pospuesta sin que se informara una nueva fecha oficial.
Las víctimas que acudieron a la protesta, entre ellas Marichuy, han denunciado públicamente que la presidenta del organismo ha promovido medidas precautorias, órdenes de restricción y denuncias penales en contra de personas que previamente habían acudido a la Comisión en calidad de víctimas, lo que “representa un uso indebido de las facultades institucionales”.
La manifestación ocurre en medio de una confrontación prolongada entre organizaciones y la actual administración de la CEDH, marcada por acusaciones de revictimización, falta de acompañamiento y represalias contra quienes han cuestionado el actuar del organismo.
No es la primera vez que la entrega del informe anual de la CEDH ocurre en medio de controversia. En 2025, el informe correspondiente al ejercicio 2024 fue entregado sin el aval del consejo general del organismo ni convocatoria pública ni acto protocolario, y su recepción se conoció únicamente a través de publicaciones en redes sociales del diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
Un año antes, en 2024, el informe correspondiente al ejercicio 2023 fue recibido durante una reunión con diputadas de la LXIII Legislatura en medio de protestas de víctimas, que lanzaron señalamientos e inconformidades contra la presidenta y diputadas. Al término de ese encuentro, las involucradas solicitaron respeto ante las manifestaciones y críticas realizadas en su contra.
