María Ruiz
Diversas asociaciones, colectivas e integrantes de la comunidad LGBTIQ+ del estado, difundieron un posicionamiento público en respuesta a las recientes expresiones realizadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona durante la entrega del programa Tu Casa, Tu Apoyo en la colonia Ciudad Satélite.
Adrián Barrios, activista y miembro de la colectiva Todes Trans, explicó que el pronunciamiento busca visibilizar la gravedad de los comentarios y convocar a más colectivos, activistas y defensoras y defensores de derechos humanos para exigir respeto hacia la comunidad LGBTIQ+.
El motivo del posicionamiento fueron los comentarios estigmatizantes emitidos por el gobernador sobre la orientación sexual de dos funcionarios, entre ellos Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal por el Distrito seis.
Durante un evento público celebrado está semana, Gallardo Cardona dijo:
“Que es novio de Juan Carlos Valladares, mañana van a decir. Ya le van a decir que también era gay. Porque así es la maldita herencia, poniendo sus lonas los cabrones poste por poste llenándonos de publicidad por todos lados. Y hasta se hacían Photoshop. Porque estaban prietitos como yo y se ponían güeros. Llegaban, se paraban y las señoras decían, ‘Ay, chingado, ya sé quién es.’ Ni se parece al de la lona. No, ya se quitaban como 20 años en la lona. Si desde ahí nos echaban mentiras, ¿qué chingados nos esperábamos en el gobierno?”.
Barrios señaló que estas expresiones constituyen un ejemplo de violencia simbólica, ya que minimizan delitos graves, reproducen estigmas y legitiman la discriminación.
El utilizar la orientación sexual como motivo de burla transmite un mensaje de homofobia y pone en riesgo la integridad de las personas LGBTIQ+, mientras que convertir el color de piel en un chiste político refuerza prejuicios raciales que históricamente han justificado la exclusión y la desigualdad.
En su posicionamiento señalado que las expresiones del gobernador tienen implicaciones legales, ya que la Constitución Política de México prohíbe cualquier forma de discriminación y garantiza que todas las personas sean tratadas con igualdad, sin importar su orientación sexual, identidad de género, edad o color de piel.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y su equivalente estatal, establecen que los comentarios que denigren o refuercen prejuicios pueden ser sancionados, mientras que el Código Penal de San Luis Potosí contempla responsabilidades frente a actos discriminatorios.
Además, México está obligado por tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW y los Principios de Yogyakarta, a garantizar un entorno libre de violencia y discriminación, incluyendo la obligación de que las autoridades eviten discursos que fomenten estigmas o agresiones hacia personas vulnerables.
Las colectivas y organizaciones firmantes hicieron un llamado urgente al gobernador y a todas las figuras públicas a abstenerse de utilizar expresiones que hieran, estigmaticen y profundicen desigualdades, y exigieron a las instituciones de derechos humanos investigar y pronunciarse sobre estos hechos.
Destacaron la importancia del poder de la palabra, además de que las autoridades tienen una responsabilidad directa en la construcción de un espacio público respetuoso de la dignidad y los derechos de todas las personas.
Finalmente, Adrián Barrios dijo que el pronunciamiento enfatiza que San Luis Potosí debe ser un estado donde las palabras de quienes gobiernan no legitimen la violencia, sino garanticen dignidad, igualdad y derechos.
