Fernanda Durán
La Comisión del Agua del Congreso del Estado aprobó este viernes los criterios técnicos que guiarán la actualización de las leyes de cuotas y tarifas de los 21 organismos operadores de agua potable para el ejercicio fiscal 2026, tomando como base el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) del sector agua potable, equivalente a 4.93 por ciento, tal como lo establece la legislación vigente.
El asesor técnico recordó que las propias leyes de cuotas y tarifas obligan a calcular los ajustes con el acumulado del INPP de enero a septiembre, porque las iniciativas deben presentarse antes del 5 de noviembre.
Bajo ese parámetro, la Comisión acordó homologar las propuestas: ajustar a 4.93 por ciento a los organismos que plantearon porcentajes menores y recortar a ese mismo nivel las iniciativas que se fueron por encima, algunas de hasta 15 o 20 por ciento en ciertos conceptos.
La presidenta de la Comisión, diputada Nancy Jeanine García Martínez, explicó que muchos organismos afirmaron basarse en el índice inflacionario, pero usaron una cifra equivocada.
“Ellos manifestaban que se estaban basando al índice nacional, pero su dato era incorrecto, entonces el dato correcto es el 4.93”.
En el paquete se identificaron casos particulares. Cárdenas y Tamuín no solicitaron ningún ajuste general vinculado al 4.93 por ciento, pese a respaldar públicamente un “cero aumento”; en el caso de Tamuín, solo se planteó un incremento muy elevado de hasta 800 o 900 por ciento en el cobro por contratación del servicio sin justificación técnica suficiente, por lo que la Comisión anticipó que no podrá autorizarlo en esos términos.
En Villa de Reyes, el organismo propuso una reducción de 26 por ciento en el servicio doméstico medido, pese a arrastrar un déficit estimado en 56 por ciento en su tarifa media de equilibrio, lo que llevó a los asesores a cuestionar la viabilidad presupuestal de ese “decremento”.
En Ébano, la iniciativa incluyó un ajuste de 25 por ciento y la corrección de tramos donde, por errores acumulados en años anteriores, se cobraba menos a quien consumía más agua. La Comisión acordó corregir esos rangos para que las tarifas sigan un criterio progresivo, proporcional al volumen de consumo.
En paralelo, se desechó de manera definitiva la propuesta de diferenciar tarifas domésticas por tipo de vivienda (popular, media o residencial). Siete organismos consultados rechazaron esa ruta y advirtieron que el cobro debe basarse en el volumen de agua y no en el valor o la ubicación del inmueble, para no vulnerar los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.
En torno a Interapas, organismo que opera en la zona metropolitana, a diferencia del resto, su propuesta no se alinea de manera plana al 4.93 por ciento, sino que plantea un esquema de subsidio cruzado: 3.8 por ciento de incremento para el servicio doméstico popular y 6.6 por ciento para los servicios comercial, industrial y residencial.
El asesor explicó que la intención del organismo es “tratar de compensar, de no pegarles al sector popular y compensarlo con un incremento mayor a sectores que tienen una mayor capacidad económica”, de modo que quienes tienen más paguen un poco más para sostener el servicio a las colonias populares.
En entrevista posterior, García Martínez confirmó que, tras la discusión interna, la Comisión decidió respetar ese diseño tarifario específico. Además, la iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Junta de Gobierno del organismo, integrada por los municipios usuarios, lo que añadió un elemento de consenso político local.
Durante la sesión, algunos diputados advirtieron la necesidad de acompañar estos ajustes tarifarios con mejoras en la operación y transparencia de los organismos operadores, particularmente Interapas, para evitar que la actualización al INPP se perciba únicamente como un aumento sin resultados.
Las diputadas del PVEM, Diana Ruelas Gaitán y Gabriela Martínez, aunque votaron a favor de los criterios generales, expresaron reservas y adelantaron que exigirán al organismo metropolitano mejoras en la calidad del servicio y en la cobertura antes de avalar incrementos de esta naturaleza en el futuro.
García Martínez insistió en que la Comisión del Agua actuará con apego estricto a la norma y a los parámetros técnicos acordados. Asimismo, la intención es dar certeza a usuarios y organismos, despresurizar el componente político de la discusión y avanzar hacia un marco tarifario más homogéneo en el estado.
En una próxima sesión, la Comisión del Agua votará esos dictámenes y, posteriormente, los enviará al pleno del Congreso del Estado, donde se definirá en definitiva el esquema de cuotas y tarifas de agua potable que regirá en San Luis Potosí durante 2026.
