Fernanda Durán
Las comisiones unidas de Normatividad Legislativa y Prácticas Parlamentarias, y de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobaron un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de San Luis Potosí, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del Congreso, con el objetivo de homologar los criterios sobre el llamado voto calificado en las decisiones legislativas.
La iniciativa apenas había sido recibida por el congreso este martes 3 de marzo y para la noche del miércoles ya se había citado a comisiones unidas, por lo que finalmente luego de una hora de retraso se realizó la votación este jueves 5 de marzo.
La propuesta, impulsada por el diputado Luis Felipe Castro Barrón, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Comisión de Normatividad Legislativa, plantea modificar la redacción de diversos artículos constitucionales para establecer de forma uniforme que las decisiones que requieran mayoría calificada se aprueben con el voto de “las dos terceras partes de los miembros presentes” en el Pleno.
Durante la exposición del dictamen, el secretario técnico explicó que actualmente la legislación local contiene al menos tres formas distintas de definir este tipo de votación, lo que genera inconsistencias interpretativas.
“Tenemos por lo menos tres redacciones en la Constitución: dos terceras partes del total de los miembros del Congreso, dos terceras partes de los diputados presentes y dos terceras partes de los integrantes del Congreso”.
Ante esta diversidad de criterios, el dictamen propone adoptar la fórmula utilizada en diversos artículos de la Constitución Política de México, basada en el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes.
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (…) utiliza para poderlo definir la siguiente redacción: dos terceras partes de los miembros presentes”, explicó el funcionario legislativo.
La modificación impactaría distintos artículos relacionados con decisiones relevantes del Congreso, como la designación de integrantes de organismos autónomos, la aprobación de endeudamiento público, la resolución de observaciones del Ejecutivo a leyes aprobadas por el Legislativo y procedimientos de responsabilidad de servidores públicos.
No obstante, el dictamen mantiene una excepción: el artículo 121 de la Constitución del Estado, relativo a la suspensión o desaparición de ayuntamientos, conservará el requisito de dos terceras partes del total de integrantes del Congreso, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 115 de la Constitución federal.
Además de la homologación del voto calificado, el proyecto incorpora cambios al Reglamento del Congreso para establecer que, cuando un dictamen no obtenga la mayoría necesaria, será considerado automáticamente desechado y archivado como asunto concluido. Actualmente, en esos casos la asamblea decide si el proyecto regresa a comisión o si se descarta definitivamente.
El secretario técnico explicó que esta previsión busca evitar que iniciativas rechazadas permanezcan abiertas de manera indefinida dentro del proceso legislativo.
“En el caso de que un dictamen resulte con mayoría de votos en contra, salvo disposición en contrario se desechará y se archivará como un asunto totalmente concluido”.
Tras la aprobación en comisiones, el diputado Luis Felipe Castro Barrón defendió que la reforma no modifica el equilibrio político dentro del Congreso, sino que únicamente pretende clarificar las reglas de votación.
“Lo que busca es homologar criterios que ya teníamos (…) teníamos dos redacciones diferentes y lo que se busca es homologar una misma que tenga que ver con el voto de los diputados que están presentes en el pleno”.
Cuestionado sobre el riesgo de que este esquema permita que decisiones relevantes se aprueben con menos votos efectivos en escenarios de baja asistencia o abstenciones, el legislador rechazó que la reforma tenga ese propósito.
“No se pone en riesgo porque eso también estaría sucediendo ahorita… cada una de las bancadas son responsables de sus votos”.
Ante la posibilidad de que la modificación facilite acuerdos mayoritarios sin necesidad de un consenso más amplio entre todas las bancadas, Castro Barrón insistió en que la iniciativa no pretende generar ventajas políticas. “No se está buscando hacer una iniciativa modo para poder aplanar a la oposición”.
La discusión en comisiones concluyó con el voto a favor de la mayoría de sus integrantes y la abstención del grupo parlamentario de Morena, cuyo coordinador y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Carlos Arreola Mallol, explicó que su bancada optó por analizar con mayor detenimiento los alcances de la reforma antes de fijar una postura definitiva.
“En este momento la determinación fue ir en abstención para analizar bien el asunto… no estamos en contra del tema, ni a favor todavía”.
Arreola Mallol también expresó preocupación por la rapidez con la que se han aprobado reformas relacionadas con el funcionamiento interno del Congreso. “Esta es la segunda reforma en materia reglamentaria que se propone y que se aprueba muy rápido”, dijo, por lo que su grupo parlamentario buscará revisar con mayor detalle el contenido antes de la discusión en el Pleno.
El legislador reconoció que en el proceso parlamentario las mayorías tienen la capacidad de impulsar cambios en las reglas internas del Congreso, pero es necesario revisar cuidadosamente sus implicaciones.
“Entendemos que en el juego legislativo las mayorías ganan, las mayorías imperan, y somos respetuosos del trabajo legislativo”, expresó.
El dictamen será turnado al pleno del Congreso del Estado para su discusión y eventual votación en los próximos días.
Durante la discusión en comisiones también se precisó que el dictamen fue modificado respecto de la propuesta original. Inicialmente la iniciativa planteaba que la mayoría calificada se calculara con base en los ‘votos emitidos’, lo que habría excluido del cómputo tanto las abstenciones como las ausencias.
Sin embargo, en el proyecto final se optó por adoptar la fórmula de “dos terceras partes de los miembros presentes”, criterio similar al utilizado en diversos artículos de la Constitución federal y que sí considera la presencia de los legisladores en la sesión, aunque mantiene fuera del conteo a quienes se abstengan de votar.
