Fernanda Durán
El diputado Luis Felipe Castro Barrón, integrante de la comisión de transparencia y autor de las dos iniciativas para expedir una nueva Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y una nueva Ley Estatal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, sostuvo que la referencia para elaborar las nuevas leyes secundarias de transparencia debe ser la legislación general derivada de la reforma federal y no necesariamente las condiciones más favorables que ya existen en San Luis Potosí, pese a que su iniciativa modifica disposiciones locales que actualmente permiten respuestas más rápidas y una actualización más frecuente de la información pública.
“Recordemos que esta armonización es con la ley general que es un mandato constitucional que ya se aprobó, no es sobre lo que ya se tenía. Yo estoy consciente que anteriormente había ciertas disposiciones en cuanto a la transparencia de nuestro estado, sin embargo tenemos un mandato constitucional y sobre ese vamos a tener que armonizarlo”.
La postura fue expresada luego de que se le cuestionó sobre las diferencias entre la Ley de Transparencia vigente y la propuesta que presentó para sustituirla. Entre los cambios se encuentra el plazo para responder solicitudes de información: actualmente es de diez días hábiles, con una posible prórroga de otros diez, mientras que la iniciativa lo amplía a 15 días y conserva la extensión adicional de diez, por lo que el máximo podría pasar de 20 a 25 días hábiles.
El proyecto también modifica la periodicidad de las obligaciones de transparencia. Mientras el artículo 76 de la ley vigente establece que la información deberá actualizarse por lo menos cada mes, la iniciativa propone una actualización trimestral, salvo que la legislación general disponga un plazo distinto.
Asimismo, desaparece de la propuesta la obligación estatal específica de publicar mensualmente la relación de egresos, que actualmente permite consultar en la Plataforma Estatal de Transparencia los cheques emitidos y pagos realizados por los sujetos obligados que cumplen con esa disposición.
Las diferencias también alcanzan las obligaciones específicas de transparencia. La iniciativa deja sin un apartado propio de obligaciones específicas a partidos políticos, sindicatos y fideicomisos; reduce el catálogo correspondiente al Poder Ejecutivo, ayuntamientos, Congreso del Estado y Comisión Estatal de Derechos Humanos, mientras que mantiene el del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y amplía algunas obligaciones para instituciones públicas de educación superior y el Poder Judicial.
Al preguntarle directamente si las nuevas disposiciones podrían representar una regresión respecto de derechos ya adquiridos en San Luis Potosí, Castro Barrón declaró:
“Por supuesto los derechos no se están negando, la gente sigue teniendo, los ciudadanos siguen teniendo su derecho a la información totalmente salvaguardado, lo que cambian ahora son los procedimientos y nos tenemos que adecuar este mando constitucional”.
La iniciativa de Castro Barrón propone expedir una nueva Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 116 artículos, frente a los 215 que contiene actualmente la legislación estatal. La disminución en el número de disposiciones muestra la desaparición o modificación de reglas que actualmente amplían las condiciones mínimas establecidas a nivel nacional.
La propuesta forma parte de las leyes secundarias necesarias para completar la extinción de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). El paquete fue presentado cuatro días después de que venciera el plazo de 120 días naturales establecido para que el Congreso ya hubiera aprobado la nueva legislación.
Pese al retraso, Castro Barrón anticipó que el análisis no se realizará de inmediato, sino hasta que el Poder Legislativo retome sus actividades:
“Ahorita la información que yo tengo es que lo van a debatir hasta que se regrese el periodo que estamos hablando ya de tres semanas aproximadamente”.
El legislador señaló que, antes de la discusión se prevén mesas de trabajo con organizaciones interesadas en incorporar modificaciones.
“Se hizo la propuesta de la armonización y se va a discutir cuando regresemos del receso en el que está este poder”, afirmó.
Al ser cuestionado sobre la urgencia de convocar a un periodo extraordinario, como ha ocurrido durante el actual receso para resolver otros asuntos, Castro Barrón argumentó que la decisión de convocar a un periodo extraordinario corresponde a la Directiva, mientras que la Jucopo y la propia Directiva definirán la dinámica de las mesas y foros con organizaciones. Añadió que, antes de una eventual sesión extraordinaria, las iniciativas tendrían que ser dictaminadas en comisiones.
“Yo sí considero que está bien que lo hagamos hasta que regresemos y que se puedan establecer las mesas de trabajo”.
La postura prolongaría nuevamente la transición de la CEGAIP, pues el propio diputado reconoció que el organismo no desaparecerá mientras las leyes secundarias no sean aprobadas.
El retraso ocurre después de que el Congreso dejó vencer el plazo previsto en el Decreto 0506 para armonizar la legislación secundaria. Las iniciativas de Castro Barrón fueron fechadas el 31 de julio, cuando concluyó ese periodo, pero fueron recibidas formalmente por el Poder Legislativo hasta el martes 4 de agosto.
Además de modificar las condiciones para el ejercicio del derecho de acceso a la información, el proyecto cambia la autoridad encargada de resolver las inconformidades. Para el Poder Ejecutivo y los municipios se propone crear el Instituto Potosino de Apertura Gubernamental (IPAG), organismo sectorizado a la Contraloría General del Estado.
Castro Barrón confirmó que tendría una sola persona titular y que su designación correspondería al Ejecutivo.
De acuerdo con la iniciativa, la persona titular sería nombrada por el gobernador, mientras que los requisitos específicos de capacidad, experiencia y probidad quedarían establecidos posteriormente en el reglamento interior del nuevo instituto.
Para el Congreso, Poder Judicial y organismos constitucionales autónomos, los recursos de revisión serían resueltos por sus propios órganos internos de control, en sustitución del actual esquema en el que una autoridad externa y autónoma, la CEGAIP, conoce de las inconformidades.
Castro Barrón reconoció además que el nuevo organismo tendría dependencia presupuestal respecto de la estructura gubernamental a la que estaría adscrito.
El diputado también manifestó disposición para incorporar participación ciudadana en el nuevo sistema y señaló que una de sus propuestas es incluir ciudadanos dentro del organismo de coordinación estatal previsto en la iniciativa.
La participación, sin embargo, tendría que ser incorporada durante el análisis legislativo y no formó parte de un proceso previo de consulta para elaborar las iniciativas ya presentadas. Castro Barrón aseguró que las mesas y foros con organizaciones se realizarán durante las próximas semanas, antes de que los dictámenes sean sometidos a votación.
