Fernanda Durán
Las comisiones de Salud y Derechos Humanos del Congreso del Estado desecharon por unanimidad una iniciativa que buscaba introducir y regular la figura de maternidad subrogada en San Luis Potosí, un tema que desde hace años mantiene abierto el debate entre el derecho a formar una familia, los riesgos de explotación reproductiva y la falta de condiciones jurídicas para legislar sobre la materia.
La propuesta, presentada por la ciudadana Miriam Castillo Moreno desde 2023, planteaba reformas al Código Familiar del Estado para reconocer la maternidad subrogada, establecer requisitos para las mujeres gestantes e incorporar modalidades como la subrogación total, parcial, onerosa y altruista.
Durante la discusión en la Comisión de Salud, presidida por la diputada Frinné Azuara Yarzábal, se explicó que el dictamen consideró improcedente la iniciativa al advertir problemas de constitucionalidad, falta de diagnóstico local, ausencia de certeza jurídica y posibles requisitos discriminatorios.
De acuerdo con la exposición técnica del dictamen, la propuesta pretendía permitir que mujeres de entre 25 y 35 años pudieran participar como gestantes, siempre que tuvieran al menos un hijo consanguíneo sano y buena salud psicosomática. Sin embargo, esos requisitos fueron señalados como discriminatorios, además de que la iniciativa no justificaba la dimensión del problema en San Luis Potosí.
“No sabemos de qué tamaño es el problema. Si realmente justifica llevar a cabo una reforma de este tipo”, se expuso durante la sesión, al advertir que tampoco existe información suficiente sobre los resultados de esta figura en entidades como Tabasco y Sinaloa, donde sí se contempla en la legislación.
Otro de los puntos centrales fue que la maternidad sustituta actualmente está declarada como inexistente en el artículo 243 del Código Familiar vigente, además de que la Ley General de Salud no regula la gestación subrogada, pese a que en el Congreso de la Unión se han presentado cerca de nueve iniciativas que no han prosperado.
En la comisión se señaló que no existe jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni un marco federal que permita avanzar con certeza en el tema.
“No podemos crear granjas humanas”, expresó uno de los integrantes de la comisión durante la discusión, aunque reconoció que se trata de una realidad que también toca a familias que buscan alternativas para tener hijos.
En el debate, la diputada Aranzazu Puente planteó la necesidad de contar con “candados” para evitar riesgos de trata, explotación económica e incertidumbre jurídica para niñas y niños nacidos mediante estos procedimientos, mientras que el análisis técnico advirtió que la falta de regulación puede dejar en vulnerabilidad tanto a las mujeres gestantes como a los menores.
El diputado Luis Felipe Castro Barrón consideró que el tema debe discutirse con mayor profundidad, incluso mediante foros, pues aunque puede relacionarse con el derecho de las familias, también debe analizarse frente a la realidad de niñas y niños que se encuentran en espera de adopción y “también merecen una oportunidad de vida y de familia”.
Finalmente, el dictamen fue votado a favor por las y los integrantes de la Comisión de Salud, con lo que la iniciativa fue desechada por improcedente.
No obstante, durante la discusión se reconoció que la gestación subrogada es un tema complejo, con implicaciones éticas, económicas, sociales, jurídicas y de derechos humanos, por lo que cualquier intento futuro de regulación tendría que partir de un estudio más amplio, interdisciplinario y con evidencia suficiente, por ello analizarán la convocatoria a un foro de difusión sobre el tema.
