Estela Ambriz Delgado
Aunque la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, asociada a Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), tiene el propósito de convencer a los ejidatarios de El Peyote, municipio de Guadalcázar, de que los acuerdos se realicen únicamente con esta, sin asesores ni abogados, sólo con el apoyo del Gobierno del Estado, y partiendo del precio de 50 pesos por metro cuadrado por la ocupación de sus tierras, ellos se mantienen firmes en su petición de 400 en efectivo y obra social.
En una asamblea informativa llevada a cabo el lunes 11 de agosto, en relación a las negociaciones para el proyecto carretero de cuota Entronque 75-D Matehuala, el presidente del comisariado ejidal Severo Rosales Medrano manifestó a los asistentes que en una reunión que sostuvo con la empresa le dijeron que no se podía mantener su propuesta de 200 pesos por metro cuadrado más diversas obras sociales complementarias, y que no había ningún acuerdo sobre las mismas.
Esto no obstante que el pasado 5 de agosto, en reunión con el procurador agrario Víctor Suárez Carrera, así como en asamblea informativa el día 7, se acordó mantener su petición por la cantidad mencionada, además de tener el asesoramiento de la dependencia.
Rosales Medrano indicó a la asamblea que el dueño de la empresa, de nombre David Zavala, le dijo que si lo invitaban al ejido él iba a explicarles, y que se partiera ahora de un ofrecimiento de 50 pesos por metros cuadrado, además de que la obra social se podría hacer cuando el proyecto esté en funcionamiento.
“La empresa dice que con ellos se debe acordar todo, sin asesores y abogados, y que el gobierno estatal es quien debe de ayudarnos (…). Así que ya nadie debe de meterse, más que los ejidatarios y los empresarios”, dijo el comisario.
Sumado a esto, una abogada de nombre Azucena, quien apareció de imprevisto, tomó la palabra con la autorización del comisariado ejidal y que al ver en redes sociales lo que sucedía, buscó a Rosales Medrano para hacerle el ofrecimiento de concertarle una plática con la empresa y el Gobierno del Estado, sin asesores ni autoridades de la Procuraduría Agraria (PA), que tuvo lugar el pasado viernes.
Ante lo planteado en la asamblea, los ánimos se calentaron y en su mayoría los asistentes se mostraron inconformes.
En esos momentos se hizo presente Alondra Flores Flores, jefa del Departamento de Jurídico de la representación estatal de la PA, quien dijo que ellos sólo buscarían que se diera el dialogo sin intervenir, contradiciendo lo establecido por Suárez Carrera respecto a un acompañamiento puntual de los núcleos agrarios de El Peyote y Peotillos.
Al respecto, por parte de Guardianes de la Sierra de San Miguelito se hizo mención de que el procurador agrario estableció oportunamente que la decisión es del ejido, pero que debe ser apoyada con asesoría y vigilar que las convocatorias se ajusten a derecho, por lo que se le cuestiono a la funcionaria y dijo que esa era su opinión personal.
Método de chantaje
Posteriormente, Severo Rosales dijo a la asamblea a manera de advertencia que si no se acepta el trato el proyecto se realizará por otra zona, a lo que la mayoría de los asistentes respondió:
“De ser así que les vaya bien, sirve que no vienen a molestar”.
Sin embargo, Guardianes de la Sierra explicó que las empresas suelen utilizar este método de “chantaje” e inclusive podrían llegar al extremo de ir a marcar en otra zona, hacer una simulación y “ponerse en un plan dramático” para presionar, pero de acuerdo con su propuesta de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), eso no es posible.
Por otra parte, el comisariado les indicó que en unos días será inaugurada una obra en San Lorenzo, pero el colectivo advierte que, al realizar este tipo de actividades sin autorización ambiental, se incurre en una falta que trae como consecuencia que se niegue el permiso federal y la obra se clausure, como sucedió en Corcovada, municipio de Villa Hidalgo.
Los ejidatarios concluyeron que se necesita realizar una asamblea debidamente convocada, para escuchar cualquier planteamiento de los empresarios. A pesar de que durante la reunión hubo mucha polarización, todos los presentes acordaron mantener la propuesta de 400 pesos metro cuadrado, en efectivo y obra social.
“Si no traen esa propuesta, no hay ni habrá nada de negociación y aquí simplemente les va a llover, porque podremos tener diferencias, pero en esto todos estamos de acuerdo (…). Nos quieren agarrar solos, sin asesoría, para hacernos lo que en Tapona y San Lorenzo, y mandarnos abogados que sólo son empleados de la empresa”, señaló el ejidatario Oscar Rosales.
