Estela Ambriz Delgado
Fotografías de Héctor Guevara
Aunque el comisariado ejidal de El Peyote había emitido una segunda convocatoria para realizar una asamblea este miércoles 8 de octubre, en la que se pretendía llevar a cabo un acuerdo para la ocupación previa de sus tierras de uso común para el proyecto carretero de cuota Entronque 75-D Matehuala, esta no se llevó a cabo por diversas irregularidades señaladas por la Procuraduría Agraria.
La asamblea estaba programada a las 10 de la mañana, y desde poco antes ya se encontraban presentes elementos de la Guardia Civil Estatal, empleados de Mexicana de Técnicos en Autopistas (META) y algunos integrantes del comisariado, por lo que el presidente Severo Rosales dio ingreso a ejidatarios y personas con poder notarial, impidiendo la entrada de Astrolabio.
A la llegada del representante estatal de la Procuraduría Agraria, Álvaro Pineda Maldonado, se intentó dar inicio a la asamblea. Sin embargo, los ánimos de los asistentes se caldearon debido a que el presidente pretendía negar el uso de la voz al secretario Eladio Cerda Guerrero y otros ejidatarios.
Tras su arribo, el representante estatal especificó quiénes pueden ingresar con carta poder de acuerdo con la Ley Agraria, además de señalar que la convocatoria sólo estaba firmada por el presidente y tesorero, por lo que faltaba la del secretario y se desconocía el motivo.
El funcionario precisó que debido a ello no se reunieron los requisitos de formalidad, dado que es un órgano colegiado, por lo que las consecuencias de tomar acuerdos en esa asamblea serían que el acta no podría ser inscrita en el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria estaría impedida a avalar el convenio de ocupación previa.
“Si llegaran a contar con la firma del convenio, también les anticipo: para eso tienen que hacerlo llegar a nosotros y a la fecha lo desconocemos. Tenemos que revisarlo, tenemos que pedir la opinión a México y si nos dicen, nos autorizan y dicen que dan visto bueno, vamos a proceder”.
Esta situación fue advertida también por el secretario del comisariado, quien fue informado de ello por la coordinadora general de Oficinas de Representación de la PA, Yolanda Beatriz Vera Castillo.
Además de que señaló que es necesario que se dé a conocer a fondo la propuesta de la empresa, pues pese a ser parte de una comisión negociadora, nunca se le invitó a las reuniones sostenidas con META.
Sin embargo, en un inicio, Severo Rosales y la abogada de META insistieron en que si la mayoría estaba de acuerdo se llevaba a cabo la asamblea; el presidente del comisariado intentó justificar la falta de la firma del secretario con que constantemente se ausentaba y que, al buscar a su suplente, esta se negó a firmar.
Además, afirmó que sí se invitó a la representación de la PA en el municipio de Matehuala desde el pasado viernes, y que si en la dependencia no se habían coordinado, no era su problema.
Por su parte, la abogada de la empresa, identificada con el nombre de Aimé, argumentó que las convocatorias son para que los pobladores se enteren. Dado que el secretario se encontraba presente, era evidente que fue de su conocimiento, además de que su obligación era firmarla y emitirla.
“(…) Es obligación de los órganos de representación y estuvimos aquí en una reunión informativa, y la asamblea le pidió que hiciera la convocatoria. Intencionalmente, si no la firma, pues es porque no quiere hacerlo. Se le explicó ese día y se les dijo: la carretera lleva varias etapas, primero la tierra, luego los permisos.
Nosotros no hemos hecho ninguna negociación con nadie (…) la decisión es aquí, en la asamblea. Y yo les dije ese día: ‘El día de la convocatoria, el día de la asamblea, ustedes podrán decidir si están de acuerdo o no están de acuerdo, en paz y todo’.
Nosotros no queremos que haya división en el ejido, justo lo que hacemos es para que se unan. Si la gente lo malinterpreta, discúlpenme, no tengo manera de obligarlos a que lo entiendan. Ya se los hemos explicado muchas veces, pero si ustedes no lo quieren ver así, no los vamos a obligar”.
La abogada expresó también su inconformidad porque algunas personas grabaron parte de lo que decía, y dijo haber visto “muchísimas” notas sobre El Peyote, de las que ninguna favorecía al ejido, sino que creaba “malos entendidos, chismes y divisiones”.
Finalmente, en su primera intervención, de varias en las que se tomó la libertad de llamara la atención de los asistentes a la asamblea, evadió el tema ambiental y dijo que era un asunto que únicamente competía a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) determinar su viabilidad y aprobar su solicitud de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).
El secretario del comisariado respondió que había decidido no firmar la convocatoria porque no fue incluido en las reuniones con la empresa, en las que se determinó el precio que se ofrecería.
“Se hizo una comisión negociadora en el acta, en una de las actas; se dio la autoridad a esa comisión para que se diera seguimiento a esta negociación. ¿Y qué pasó? Que no fue la comisión la que estaba negociando, era el compañero que estaban negociando solo. Y eso yo en lo personal no me pareció nada bien.
Entonces, yo sí les digo, yo estoy como lo dice ahí para defender los intereses del ejido, como representante del ejido, no puedo apoyar una injusticia. ¿Por qué? Porque a como se ve claramente que esto es una injusticia.
El terreno que se va a tomar es el ejido, solamente muy pocos saben valorar lo que es el ejido, que es producto de la sangre de muchos de los que dejaron sus vidas por defender que hubiera tierra y libertad”.
Además, Cerda Guerrero reiteró la importancia de considerar el aspecto ambiental dado la crisis global que se enfrenta con el cambio climático y la necesidad de mitigar el daño que causaría la carretera.
Respecto a los motivos por los que se negó a firmar la convocatoria, añadió que se encuentra en rehabilitación de diversas intervenciones quirúrgicas por padecimientos del corazón, por lo que se mostró decepcionado de que se le acusara de incumplir con sus funciones, pues su estado de salud era del conocimiento del presidente del comisariado.
Dado que desde un inicio los ánimos de los asistentes se caldearon, posterior a la discusión se suscitó un conato de violencia debido a que se pretendía impedir el uso de la voz a integrantes de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, quienes ingresaron con una carta poder. Pineda Maldonado intentó poner orden y les reiteró las condiciones bajo las que se realizaría la sesión.
“La convocatoria adolece de una firma, si ustedes siguen y toman cualquier acuerdo, nosotros, dependiendo de la oficina central, si firmamos el convenio o no lo firmamos. Yo tampoco los puedo obligar de que no la hagan ni nada, pero sí que quede claro las consecuencias, que es ilegal y ya se verán las consecuencias”.
Para evitar mayores confrontaciones, Guardianes de la Sierra propuso que, tras la elección de los nuevos integrantes del comisariado este jueves 9 de octubre, los electos realicen la primera convocatoria para llegar a un acuerdo en la negociación del pago por ocupación previa, lo que fue bien recibido por la mayoría de la asamblea.
Persuasión a toda costa
No obstante, la abogada, quien dijo ser coordinadora de la liberación del derecho de vía de la concesionaria Infraestructura Potosina de Carreteras, continuó en sus intentos por convencer de que la convocatoria era válida y podría continuar.
“Me estoy tomando el atrevimiento de explicar, primero porque soy abogada (…) El hecho de que ustedes estén aquí convalida que la convocatoria se hizo. Y aquí no se debe del contentillo que si quiero o no quiero firmar y si que por causas de salud o lo que sea. Lo importante es que esa convocatoria ahí él no lo firmó, pero aquí está presente. Para eso son las convocatorias, para venir, para enterarse”.
Dijo que no se trataba de juegos, pues era un trato entre adultos, además de que sería una decisión de asamblea, y que si se firmaba el convenio se le tenía que dar cumplimiento porque “son personas serias”.
“El todavía es comisariado y no tiene nada que ver que mañana haya elección, porque perfectamente el comisariado mañana entrante, dará continuidad a las siguientes etapas de lo que viene de la carretera. Entonces, se los digo porque no se confundan y nadie se mal informe y diga que, si el día de hoy se firmó un convenio, ya no tiene validez (…). Entonces, ya se los dije desde el otro día, no pueden estar así en que contentillo de unos, a contentillo de otros; tienen que hacerlo valer como son, a través del voto y ya eso es una asamblea. Y si no, eso no les va a permitir crecer como ejido, en ustedes como ejido está crecer y desarrollarse; o no aceptarlo y quedarse.
Y elegido crece, porque de todas maneras si se logra lo de la obra social, ese pozo va a ser en beneficio de toda la comunidad. Ahora, ese pozo y esa carretera, y ese pago y todo eso, no lo está trayendo nadie más aquí; eso es algo real y directo.
Todas las personas que han venido aquí, a darles asesorías de una y de otras que son erróneas, no les ha traído absolutamente nada ni les van a traer nada y eso es demostrable. Entonces, yo nada más les digo ahora, la convocatoria, el hecho de que ustedes estén aquí, esté convalidada. Esta asamblea se puede celebrar sin ningún problema; con los que gusten y se quieran quedar”.
En un intento más por avanzar en la negociación luego de que algunos ejidatarios señalaron la falta de seriedad de la empresa por no haber respondido a su planteamiento por escrito, la abogada refirió que sí habían dado una respuesta por escrito al presidente del comisariado, en donde establecieron una oferta de 70 pesos el metro cuadrado, y 6 millones de pesos para la perforación de un pozo o para la adquisición de un pozo.
Además, indicó que existiría otro compromiso que no se encuentra en el documento donde hacen su oferta para pagar el techado de la cancha del ejido, siempre que se ajunte a un presupuesto de 500 mil, o máximo 600 mil pesos.
No obstante, les señaló que legalmente la empresa no está obligada a hacer obra social, e inclusive repartió copias del Reglamento de Ordenamiento en Materia de Propiedad Rural, además de explicar el proceso de ocupación previa y expropiación.
Les indicó que en el reglamento se establece cuál es el procedimiento para los proyectos de caso de utilidad pública y cómo se debe llevar a cabo la expropiación, para lo que establece que antes de eso se puede autorizar una ocupación previa por la que se da un pago anticipado.
“Esto se los platico porque en ningún momento el elegido pierde ningún derecho, ni con la ocupación ni con recibir el pago anticipado. Este pago anticipado es que podríamos estar entregando, que yo les decía en aquella reunión informativa, que después de la asamblea me podría perfectamente comprometer a estarlo pagando en una semana. Ese pago anticipado el ejido lo recibe como un abono.
(…) Nosotros tomamos con mucha seriedad los derechos, tenemos mucho respeto por la tierra y tenemos también ese arraigo que ustedes tienen. Y por eso yo les hablo de usted y vengo con respeto y no venimos a atropellar a nadie en ningún trámite. Por eso venimos aquí a las asambleas, porque si no fuera así, pues iniciamos el proceso de expropiación”.
Pese a los intentos de la abogada, finalmente la asamblea acordó que esperarán a la realización de sus elecciones para que los nuevos integrantes del comisariado emitan la primera convocatoria para celebrar asamblea el 17 de octubre, y la segunda para el día 25.
