Fernanda Durán
En la Alameda Juan Sarabia de San Luis Potosí, donde por décadas hombres con camionetas han cargado salas, pianos y mudanzas completas, hoy la mayor preocupación ya no es el peso de los muebles, sino el de una regulación que, aseguran, podría terminar por borrar su forma de subsistencia.
Fleteros de carga liviana advirtieron ante el Congreso del Estado que la exigencia de renovar sus unidades a un máximo de 10 años de antigüedad —una disposición pensada originalmente para el transporte de pasajeros— está empujando a la desaparición de un oficio que pasó de 100 concesionarios a apenas una decena.
Durante una mesa de trabajo de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los trabajadores expusieron que la norma los coloca en una situación desigual, al imponerles las mismas condiciones que a taxis y camiones urbanos, pese a que su actividad es distinta.
“Nuestro servicio es totalmente diferente. Es el más por ciento nuestra maniobra de trabajo, de cargar una mesa de mármol, cargar un piano, que no lo hace ningún taxista ni ningún chofer de camión urbano”, explicó Miguel Torres Martínez, quien resaltó que el desgaste de sus unidades es considerablemente menor, porque no trabajan de forma continua.
La exigencia de renovar sus camionetas representa un obstáculo económico prácticamente insalvable. De acuerdo con los propios concesionarios, una unidad adecuada para su actividad puede costar entre 500 mil pesos y más de un millón, cifras fuera de su alcance.
“El recurso que nos da nuestro trabajo no es la economía suficiente para comprar una camioneta. La verdad, no”, afirmó uno de ellos, al advertir que acceder a créditos implicaría endeudarse sin certeza de poder cubrir los pagos.
Los fleteros también denunciaron que, mientras a ellos se les exige renovar sus unidades, existe una amplia presencia de prestadores irregulares que operan sin supervisión, lo que agrava la competencia desleal.
Indicaron que incluso unidades que ya concluyeron su vida útil en el transporte público continúan en circulación bajo otros esquemas.
“Hay mucho transporte de personal que andan con vehículos (…) todos los vehículos que han salido, la mayoría del transporte público andan en la zona. Y andan trabajando veinte años atrás. Los modelos 2002 andan trabajando. Si terminan su vida útil en el servicio público y los mandan a trabajar a las organizaciones. Y ellos sí acarrean personal”, relató uno de los concesionarios, al cuestionar que esas unidades operen pese a trasladar personas, mientras a los fleteros —que solo transportan objetos— se les aplican restricciones más estrictas.
Más allá del vehículo, los trabajadores insistieron en que su labor combina transporte con maniobras especializadas, desde desmontar muebles hasta subirlos manualmente a pisos superiores, lo que reduce el uso de la camioneta como herramienta principal.
“No todo el trabajo es la camioneta o el vehículo. Nosotros también hacemos maniobras, carga-descarga, empleado de muebles, proteger los muebles, saberlos manejar. O sea, no consta nada más en lo que es el puro transporte. Y como tal, pues no tenemos el mismo trabajo ni el mismo movimiento que los camiones y los taxis”, expresó José Pedro Torres Martínez.
A la par, advirtieron que el crecimiento de la informalidad ha reducido sus oportunidades laborales.
“Hay bastantísimos fleteros que no están regulados y nosotros que sí estamos regulados, nos atacan primero a nosotros”, reclamó Torres Martínez, al pedir que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes actúe bajo criterios equitativos.
Las consecuencias ya son visibles dentro del propio gremio. “Éramos 100, ahorita ya nada más somos 10, y va a pasar lo mismo”, advirtieron al atribuir esta disminución al endurecimiento de requisitos como el pago de gafetes, pase de revista, así como otros factores como el antidoping, además de la falta de condiciones para continuar en la actividad.
Pese a ello, dejaron en claro que no rechazan la modernización, pero solicitaron que el proceso sea gradual y acorde a sus ingresos.
“No nos negamos a poder cambiar un vehículo más nuevo a futuro, pero que nos den también la atención de poder trabajar un poco más para poder hacer el cambio”.
Como alternativa, propusieron establecer mecanismos de evaluación acordes a su dinámica laboral, como medir el desgaste mediante el kilometraje en lugar de limitarse al año modelo. Explicaron que sus unidades permanecen detenidas gran parte del tiempo, por lo que el deterioro es menor en comparación con el transporte de pasajeros.
“A lo mejor, si se haga un estudio, cuánto kilometraje le ponen a un camión, cuánto kilometraje desgasta a un taxi. Y nosotros con el desgaste, con un odómetro en la rueda, darle lo mismo. O sea, en cuestión de desgaste de vehículo”, planteó José Pedro Torres Martínez, al considerar que este criterio permitiría una regulación más justa.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jesús Omar Araiza Lozano, se comprometió a transmitir sus planteamientos, mientras que legisladores como el diputado Emilio Rosas Montiel reconocieron que el Congreso puede fungir como intermediario, pero recordaron que deben respetarse las disposiciones vigentes.
En el mismo sentido, la diputada Diana Ruelas Gaitán puntualizó que el Poder Legislativo puede analizar reformas, pero no modificar directamente la aplicación de la ley.
Mientras esperan una respuesta formal, los fleteros continúan trabajando en la Alameda, conscientes de que el siguiente requisito que deban cumplir podría ser el último que puedan costear.
Al cierre de la reunión, la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la diputada Jaqueline Jáuregui Mendoza, les informó que el Congreso no tiene facultades para intervenir directamente en la aplicación de la normativa vigente ni para resolver su situación de manera inmediata, al precisar que el Poder Legislativo únicamente puede analizar y dictaminar iniciativas de ley cuando estas se presentan formalmente.
En ese sentido, argumentó que, aunque podían escuchar sus planteamientos y darles orientación, no les corresponde realizar valoraciones jurídicas ni modificar disposiciones en vigor, por lo que cualquier cambio dependería de procesos legislativos posteriores y no de acuerdos tomados en esa mesa de trabajo.
