Video | Estudiantes toman instalaciones de la UASLP y las calles del Centro Histórico por caso de abuso sexual

Texto y fotografías de María Ruiz

Estudiantes organizadas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tomaron las instalaciones del plantel, las calles de la capital potosina y finalmente las oficinas del edificio central de la Universidad, en protesta por el caso de abuso sexual cometido contra una compañera de dicha carrera.

La indignación se dirigió no solo contra el acto, sino contra lo que señalan como un sistema de “indiferencia, encubrimiento y omisión” por parte de las autoridades universitarias y, en particular, de la Federación Universitaria Potosina (FUP).

La protesta, que incluyó el cierre temporal de la Facultad durante una visita de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), los estudiantes denunciaron que la agresión no ocurrió en los baños, como se habría comunicado, sino en el cubículo de la FUP dentro de la Facultad.

“Sabemos que fue en el cubículo de la Federación Universitaria”, aseguró una alumna. “Esto se oculta para proteger a los responsables que forman parte de la institución”.

Las manifestantes acusaron directamente a miembros de la FUP de ser los perpetradores y criticaron el comunicado de la Federación que se deslinda de los hechos.

“La Federación ya emitió un comunicado diciendo que los responsables no eran parte de ellos, pero todos sabemos que sí, incluyendo a Santiago, quien era representante y fue destituido provisionalmente”, denunció otra estudiante.

Además de la movilización se formalizó la presentación de un pliego petitorio donde las estudiantes expresan su “más profunda indignación” y acusan a la FUP de actuar con “negligencia y complicidad”.

“La Facultad de Derecho, espacio que debería ser ejemplo de respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales, ha permitido que las estructuras de poder y silencio prevalezcan sobre la justicia”, señala el documento.

En ejercicio de su derecho a la organización, las estudiantes presentaron las siguientes exigencias:

  • Destitución inmediata de los representantes de la Federación Universitaria Potosina (FUP) en la Facultad de Derecho, por su “oposición y encubrimiento ante el caso de abuso denunciado”, así como por la “utilización política del cargo”.
  • Asunción de responsabilidad institucional por parte de la UASLP, en especial de la dirección de la Facultad y de la Defensoría de Derechos Universitarios, por su “falta de actuación efectiva, su revictimización y la ausencia de protocolos con perspectiva de género”.
  • Implementación urgente de un protocolo integral de atención, acompañamiento y sanción ante casos de violencia y acoso, con participación activa de colectivas feministas y especialistas externos independientes.
  • Transparencia en los procesos disciplinarios y rendición de cuentas públicas sobre las sanciones adoptadas, incluyendo a quienes resulten responsables por acción u omisión y garantías de seguridad y no represalias para la compañera afectada, sus acompañantes y quienes participen en la denuncia o movilizaciones.

Tras la toma de la Facultad, un contingente de estudiantes se movilizó por la calle Tomás Estevez y posteriormente la avenida Carranza rumbo al Edificio Central de la UASLP.

Al llegar al sitio, exigieron una audiencia con el rector Alejandro Zermeño Guerra para exigir medidas concretas que garanticen la seguridad de las estudiantes.

Con consignas como “El encubridor también es violador”, los jóvenes denunciaron que los agresores sexuales forman parte de la propia institución y exigieron que la universidad implemente protocolos de defensa estudiantil y derechos humanos que no se queden únicamente en documentos públicos.

“No basta con tener una oficina de la Defensoría; necesitamos que su labor sea tangible y efectiva”, señalaron.

Los estudiantes entraron al área de Rectoría, donde fueron atendidos por Magdalena Beatriz González Vega, Defensora de los Derechos Universitarios. Sin la presencia del rector, González Vega explicó que ya se había tenido conocimiento de los hechos y que se estaba actuando.

“En la mañana estuvimos enterados en la asesoría de lo que estaba sucediendo e inmediatamente acudimos. Yo personalmente, con el director y con el secretario, estuvimos ahí hablando con ellos. Escucho que están inconformes con la persona que está en la FUP, tomo nota. Les pido un voto de confianza. En el caso de [la Facultad de] Economía también actuamos y lo actuamos inmediatamente. Se pueden decir muchas cosas, pero eso no quiere decir que estén diciendo la verdad”, señaló.

Sobre las medidas concretas que se aplicarán, la Defensora detalló:

“Las acciones que se pueden implementar y que la Defensoría de Derechos Universitarios implementa siempre que hay un caso de violencia, es el protocolo para atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Estamos buscando que la joven afectada acuda con nosotros, porque de otra manera no podemos actuar. Ya tenemos el acta que se levantó con los directivos de la Facultad de Derecho, y con eso lo tomamos como una denuncia. Inmediatamente empezamos la investigación para llegar a la conclusión que se tiene que llegar. No puedo adelantar resultados porque no sabemos con qué vamos a contar, pero sí cuenten con que estamos trabajando de la manera más rápida posible”.

Respecto a sanciones o medidas disciplinarias contra los responsables, enfatizó que eso ya corresponde a las autoridades competentes y en respuesta a la denuncia formal de la víctima, indicó lo siguiente:

“Yo no ejerzo sanciones; investigo. La aplicación de sanciones corresponde a otras instancias. Nuestra labor es recabar la información y garantizar que la investigación se realice de manera correcta y rápida”.

Las estudiantes aseguraron que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino “parte de un patrón sistemático de encubrimiento y tolerancia a la violencia”.

Recordaron un incidente reciente donde “un maestro agredió a una alumna y las denuncias internas solo recibieron como respuesta ‘cámbiate de clase’”.

Critican la “hipocresía de la facultad” que promueve los derechos humanos, pero “no hay justicia” cuando ocurren estos hechos.

“Ahora ya no hablamos solo de inseguridad afuera. Aquí adentro nos sentimos vulnerables y desprotegidas. Todo este sistema está corrompido”, sentenció otra alumna, quien además lamentó la nula participación de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el caso.

Frente a la crisis, la UASLP emitió un comunicado donde afirmaba que “respecto a la comisión de un presunto delito (…), la UASLP reprueba dicho acto”.

La institución aseguró que “las autoridades escolares actuaron conforme a los protocolos”; se levantó un acta correspondiente, se tuvo diálogo con la presunta afectada y su familia, y “se realizan indagatorias para recopilar más información”.

Asimismo, la universidad notificó que se dará acompañamiento en la querella interpuesta ante la FGE “para que se castigue conforme a la ley a quienes resulten responsables”.

Sin embargo, para las estudiantes, esta respuesta es insuficiente y no refleja la realidad de la situación, por lo que exigen acciones contundentes e inmediatas.

Al momento de redactar esta nota, el contingente de estudiantes se movilizó a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, en donde hicieron extensivas sus denuncias y exigencias.