Fernanda Durán
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Denisse Porras Guerrero, advirtió que, rumbo a las elecciones de 2027, la legislación y los organismos electorales deberán fortalecer reglas, lineamientos y mecanismos de verificación para evitar que se repitan casos como los registrados en 2024, cuando hombres fueron postulados en espacios reservados para mujeres bajo autoadscripción de género.
Lo anterior ante la revisión integral de la reforma electoral local, que deberá resolverse antes de mayo si se pretende modificar el arranque del proceso electoral local para noviembre previo a la elección.
En entrevista, Porras Guerrero reconoció que el caso de Venado y otros municipios exhibió vacíos normativos que limitaron la capacidad de actuación de las autoridades jurisdiccionales, pues el Tribunal local resolvió con base en los criterios y precedentes existentes, pero dentro de un marco legal insuficiente para frenar posibles simulaciones cuando la norma solo exige una manifestación subjetiva.
“Mientras siga así de ambiguo en la ley, con una autoadscripción que simplemente hable de un sentimiento que hasta puede ser temporal, la verdad es que nosotros poco podemos hacer”.
La magistrada consideró que el momento clave para corregir esas deficiencias es precisamente la actual discusión de la reforma político-electoral, donde pueden establecerse reglas más claras sobre qué puede acreditarse como autoadscripción válida y bajo qué parámetros puede ser revisada por autoridades electorales.
A su juicio, uno de los principales retos es pasar de esquemas de simple declaración a mecanismos con mayores elementos de comprobación, por ejemplo mediante algún tipo de reconocimiento colectivo o evidencia material sobre la trayectoria pública de la persona respecto del género con el que busca contender.
“Que haya, por ejemplo, una especie sí de reconocimiento colectivo de alguna manera, de que esa persona se ha venido conduciendo con ese género”.
Porras Guerrero subrayó que, mientras la ley permanezca endeble o subjetiva, tanto tribunales como Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) estarán limitados, pues solo pueden actuar dentro del marco jurídico vigente. Por ello insistió en que los “candados” deben construirse desde distintos niveles:
“Por supuesto que es de la federal y también en la local, y también en los lineamientos del propio OPLE”.
La presidenta del TEESLP también reconoció que este tipo de simulaciones no solo comprometen la credibilidad de las instituciones, sino la equidad misma de la contienda, aunque la responsabilidad no recae exclusivamente en tribunales o consejos electorales, sino también en partidos políticos y ciudadanía.
“Yo creo que también la responsabilidad tanto de las postulaciones de los partidos políticos como la responsabilidad de la ciudadanía, por quienes votamos, porque además del electorado potosino es bastante selectivo y fino en su voto”.
Sobre precedentes como los casos de Michoacán —donde autoridades electorales analizaron contradicciones entre autoadscripción y conducta pública de candidaturas—, Porras indicó que pueden servir como referencia, aunque no deben aplicarse de forma automática, sino revisarse caso por caso.
En ese sentido, señaló que el proceso de 2027 representa una oportunidad para robustecer no solo la regulación sobre género, sino también sobre otras acciones afirmativas, como cuotas para personas con discapacidad o grupos históricamente discriminados, donde también puede existir margen para usos indebidos si no se fortalecen los criterios de acreditación.
