Fernanda Durán
Ante los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI) que revelan que hasta el 98 por ciento de los contratos municipales en San Luis Potosí se asignaron por adjudicación directa o invitación restringida durante 2024, autoridades estatales y legisladores anunciaron que buscarán impulsar reformas para limitar estas prácticas y fortalecer los mecanismos de fiscalización.
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, confirmó que esta tendencia ha sido detectada de manera reiterada en las auditorías realizadas, pues “es una cifra totalmente cierta” y existe un uso extendido de las excepciones legales para evitar procesos de licitación pública.
Explicó que si bien la legislación contempla supuestos para adjudicar de forma directa, como casos de urgencia o cuando existe un solo proveedor, “se ha abusado de esta figura”, lo que ha derivado en observaciones constantes por parte del órgano fiscalizador, especialmente en materia de obra pública y adquisiciones.
El auditor detalló que una de las principales irregularidades detectadas es la falta de integración adecuada de expedientes y la justificación indebida de urgencias.
“Ni siquiera integran un expediente completo o marcan como urgencia situaciones que no lo son y por eso se van por la vía de adjudicación directa”.
Añadió que, aunque en muchos casos los bienes o servicios contratados sí se entregan, el problema radica en los costos.
“Al saltarse todos estos pasos legales de adquisición y de obra pública, adquieren un bien muchísimo más caro o una contratación muchísimo más onerosa en perjuicio de la ciudadanía”, lo que se traduce en observaciones por sobreprecio.
De acuerdo con Lecourtois, las observaciones relacionadas con adjudicaciones directas rondan los 600 millones de pesos, lo que refuerza la necesidad de revisar el marco normativo, por lo que “debemos de trabajar sobre todo con el Poder Legislativo para reforzar la ley en materia de adquisiciones y de obra pública”.
Si bien reconoció que actualmente existen mecanismos de sanción, estos son insuficientes.
“Falta endurecer mucho las penas esto no va a cesar hasta que tengamos ya ejemplos reales de castigo ejemplar a todos los funcionarios que indebidamente han hecho estas prácticas”.
Desde el Congreso del Estado, el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia, coincidió en la necesidad de modificar la legislación, por lo que presentará una iniciativa en la materia “para corregir esta situación, porque evidentemente no abona al clima de institucionalidad”.
El legislador subrayó que la transparencia en el uso de recursos públicos es una exigencia ciudadana, pues “los potosinos deben de saber hacia dónde va el gasto público” y tener certeza de que los procesos de contratación “se apegan a derecho”.
Asimismo, reconoció que el IFSE ha documentado estas irregularidades de manera recurrente en sus informes anuales, “sobre todo las empresas dadas de alta que no cumplen con los requisitos”. Esto al referirse a casos en los que proveedores carecen de existencia real o capacidad operativa.
Gámez Macías advirtió que estas prácticas pueden derivar en sanciones que van desde procedimientos administrativos hasta responsabilidades penales.
“Serán observados y en su caso daremos paso a las sanciones pertinentes”.
En cuanto a posibles ajustes legales, planteó la necesidad de establecer límites más claros al uso de adjudicaciones directas, incluyendo la posibilidad de fijar un porcentaje máximo del presupuesto que pueda asignarse por esta vía.
“Tendríamos que estudiarlo un poco, pero ponerle un porcentaje de adjudicaciones directas que se puedan realizar para que no sea una práctica recurrente de manera permanente”.
Finalmente, reconoció que la normativa actual no establece un tope en ese sentido, lo que permite a los municipios recurrir de forma amplia a estos mecanismos.
