Fernanda Durán
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo al exalcalde de San Luis Potosí, Francisco Xavier Nava Palacios, por considerar que se vulneraron sus derechos durante la tramitación del juicio político que derivó en su inhabilitación por 18 años, impuesta por el Congreso del Estado.
Durante la sesión del 25 de junio, la SCJN resolvió el amparo en revisión 91/2024, promovido por Nava Palacios en contra del procedimiento legislativo que llevó a su sanción y la de otros integrantes del Cabildo 2018-2021.
El juicio tuvo como acto reclamado la tramitación del juicio político en el Congreso del Estado, y se originó en el Juzgado Tercero de Distrito de San Luis Potosí. La revisión fue turnada al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito antes de llegar a la Suprema Corte.
Por mayoría de cuatro votos a favor del proyecto —con voto en contra del ministro Jorge Pardo Rebolledo— la Primera Sala modificó la sentencia impugnada, concedió el amparo y declaró sin materia la revisión adhesiva interpuesta por otra parte. Debido a una oposición expresa de las partes, los datos personales fueron omitidos en la resolución pública.
El 18 de diciembre de 2021, la LXIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó en sesión extraordinaria la inhabilitación de Xavier Nava Palacios por 18 años, al considerar que como alcalde de la capital potosina incurrió en violaciones graves a derechos humanos y omisiones graves, al continuar con la construcción de un puente sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, a pesar de existir una suspensión judicial derivada de un juicio promovido por ejidatarios del núcleo agrario Rancho Viejo “La Libertad”.
Junto con Nava Palacios, fueron también sancionados nueve integrantes de su administración municipal, incluyendo a la exsíndica Alicia Nayeli Vázquez Martínez (15 años de inhabilitación) y el presidente interino Alfredo Lujambio Cataño (12 años), así como ocho regidores que recibieron sanciones de cinco años.
En diciembre de 2022, el Juzgado Tercero de Distrito concedió una suspensión definitiva a Nava y Vázquez Martínez, lo que momentáneamente detuvo los efectos de su inhabilitación. Sin embargo, en febrero de 2023, el Segundo Tribunal Colegiado revocó esa medida, reactivando el castigo.
A la par de este proceso, Nava Palacios presentó una demanda de amparo contra el procedimiento completo de juicio político, lo que dio pie al expediente que finalmente resolvió la Suprema Corte este martes.
Aunque el juicio de amparo promovido por los ejidatarios sobre la legalidad del terreno afectado por el puente continúa sin resolución de fondo, la Corte consideró que la actuación del Congreso al sancionar a Nava violó disposiciones constitucionales que garantizan un debido proceso.
La resolución de la Suprema Corte implica que se deberán dejar sin efectos las consecuencias jurídicas derivadas del juicio político tramitado por el Congreso del Estado en contra de Xavier Nava.
No obstante, aún están pendientes por resolverse los recursos promovidos por otros exregidores y funcionarios inhabilitados como Alfredo Lujambio, Juan Antonio Salas Herrera, Frida Fernanda Rosas Zárate y otros, cuyas sentencias podrían verse influenciadas por este precedente.
