Desiree Madrid
El aumento a la tarifa del transporte público urbano en San Luis Potosí ha generado una serie de críticas por parte de colectivos ciudadanos, organizaciones civiles y agrupaciones estudiantiles, cuestionamientos a los que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado respondió señalando que una parte de la inconformidad obedece a intereses políticos.
La titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, defendió la política tarifaria implementada por el gobierno estatal y aseguró que existe disposición para escuchar a los sectores inconformes, siempre que el diálogo se dé a través de los canales institucionales establecidos.
De acuerdo con la funcionaria, la SCT se mantiene abierta a recibir planteamientos y observaciones de los distintos sectores sociales para analizar los impactos del ajuste tarifario y, en su caso, revisar posibles alternativas. Sostuvo que el acercamiento directo con la autoridad es el mecanismo adecuado para atender las inconformidades expresadas.
No obstante, Martínez Acosta minimizó el alcance de las críticas públicas al incremento, al considerar que no todas responden a preocupaciones legítimas sobre la movilidad o la economía familiar. Afirmó que la dependencia ha identificado que parte del rechazo está motivado por agendas políticas, particularmente en un contexto previo a procesos electorales.
“Muchos de estos señalamientos tienen trasfondos políticos que ya tenemos identificados”, declaró, aunque reconoció que existen colectivos con intereses genuinos relacionados con la mejora del servicio de transporte público.
Como parte de la defensa del modelo de movilidad estatal, la funcionaria destacó la operación del sistema MetroRed, al que calificó como un esquema sin precedentes a nivel nacional por ofrecer transporte gratuito. Indicó que actualmente cuenta con cuatro líneas en funcionamiento y que se trabaja en la incorporación de una nueva ruta para ampliar la cobertura y facilitar los transbordos.
Según cifras oficiales, el sistema MetroRed ha registrado más de 20 millones de viajes desde su implementación, lo que, de acuerdo con la SCT, demuestra su aceptación entre la población usuaria y su relevancia como eje de la política de movilidad del estado.
Martínez Acosta también subrayó la existencia de subsidios para sectores considerados vulnerables, como personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes, quienes pueden acceder a viajes gratuitos o tarifas preferenciales mediante tarjetas específicas gestionadas por el gobierno estatal.
En el caso del resto de los usuarios, señaló que es posible mantener la tarifa anterior a través del sistema de prepago, mientras que los estudiantes de niveles no universitarios conservan una tarifa especial de seis pesos, siempre que cuenten con la tarjeta correspondiente.
Las declaraciones de la titular de la SCT contrastan con las posturas de organizaciones como Ciudadanos Observando, que han cuestionado la falta de claridad en los criterios técnicos y legales que sustentan el incremento tarifario, así como con los señalamientos del Frente Universitario Potosino, que advierte un impacto directo en la economía estudiantil.
Mientras el debate continúa, colectivos y especialistas han insistido en este tipo de ajustes a la tarifa debe analizarse a la luz de la legislación vigente y de la obligación del Estado de garantizar un servicio de transporte público eficiente, accesible y de calidad, elementos que, sostienen, siguen sin resolverse de fondo.
