Desiree Madrid
Usuarias de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva denunciaron que se quedaron sin seguimiento jurídico en procedimientos relacionados con violencia de género, violencia familiar y otros delitos, luego de que las abogadas que llevaban sus casos dejaran de prestar servicios en la dependencia. Algunas tuvieron que buscar representación por otros medios, incluida la contratación de abogados particulares, para continuar con sus asuntos ante la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con los testimonios de las afectadas, al menos cinco abogadas habrían dejado de atender sus casos sin notificar oportunamente sobre los cambios en su representación ni sobre quién daría continuidad a las diligencias pendientes. La situación generó incertidumbre entre quienes dependían de la asesoría gratuita que brinda la institución para enfrentar procedimientos legales derivados de situaciones de violencia.
Cuestionada sobre estas quejas antes de su comparecencia ante el Congreso del Estado, Roxanna Hernández Ramírez, quien lleva dos meses al frente de la Secretaría, reconoció que se realizaron bajas de personal como parte de una reorganización interna, aunque no precisó cuántas trabajadoras dejaron sus funciones. La secretaria atribuyó los cambios a una reingeniería que, según dijo, respondió a inconformidades de usuarias que consideraron no haber recibido un trato adecuado, y señaló que cada titular “tiene su manera de trabajar”.
Al ser interrogada sobre la salida de las abogadas, Hernández Ramírez primero reconoció que hubo bajas, pero después rechazó que se tratara de despidos y explicó que los contratos del personal tenían una duración de tres meses y concluyeron.
La secretaria tampoco pudo informar cuántas abogadas o trabajadoras dejaron de prestar sus servicios. Sin embargo, no aclaró cómo se distribuyeron los casos que atendían las abogadas que salieron de la dependencia, si fueron sustituidas de inmediato ni qué procedimiento se siguió para comunicar a las usuarias quién continuaría con su representación. Tampoco detalló qué medidas se adoptaron para evitar interrupciones en los procedimientos que siguen abiertos ante la Fiscalía.
La afirmación de la secretaria de que las mujeres mantienen representación jurídica contrasta con los testimonios de usuarias que aseguran haber tenido que buscar otras opciones para continuar sus asuntos. Además de la incertidumbre sobre el seguimiento de sus denuncias, recurrir a servicios particulares representa un gasto para mujeres que habían acudido a la institución en busca de acompañamiento legal gratuito.
