Desiree Madrid
La titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, rechazó que el Gobierno del Estado haya incurrido en opacidad respecto al Impuesto sobre Emanaciones Contaminantes (ISEC), mejor conocido como impuesto ambiental, y sostuvo que quienes han interpuesto amparos relacionados con el gravamen lo hacen para no pagarlo, no porque la autoridad les haya negado información.
La declaración llegó en respuesta sobre el amparo promovido por la asociación civil Cambio de Ruta, que señala a la dependencia que encabeza García Vidal como responsable de no haber atendido debidamente una solicitud sobre el destino y ejercicio de los recursos del impuesto ecológico.
“Del impuesto ambiental se ha amparado gente que realmente no quiere contribuir”, afirmó la funcionaria, y descartó que la falta de información sea el motivo detrás de los recursos legales.
Para García Vidal, el asunto ya ha sido suficientemente ventilado:
“Ya lo hemos hablado en muchísimas mesas de trabajo, se les han contestado todas sus preguntas”, dijo, y quienes se amparan son “los que no quieren pagar”.
La funcionaria aseguró que la información relacionada con el ISEC ha sido entregada en distintos espacios de diálogo en los que participaron la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), personal de la propia Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Gestión Ambiental (Segam). Además cuestionó a quienes han señalado lo contrario:
“La verdad es que es muy fácil publicar. No me la han dado. ¿Y dónde está la contrarréplica?”.
Al ser interrogada sobre cuántos amparos se han promovido en total contra el ISEC, la titular de SEFIN admitió que no contaba con ese dato y tampoco pudo especificar a qué giro empresarial pertenecen las compañías que los han tramitado, aunque algunos de esos recursos legales han procedido y otros no.
La postura de García Vidal contrasta con lo resuelto por la justicia federal días antes. El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí concedió un amparo a Luis González Lozano, director general de Cambio de Ruta, dentro del juicio de amparo indirecto 158/2026, luego de concluir que la Secretaría de Finanzas y su Unidad de Transparencia no proporcionaron una respuesta adecuada a las solicitudes de información que el activista presentó durante 2025 sobre la recaudación, aplicación y destino de los recursos obtenidos mediante el ISEC.
De acuerdo con los antecedentes contenidos en la sentencia, González Lozano buscaba conocer cuánto dinero había sido recaudado por concepto del impuesto ecológico entre enero y julio de 2025, cómo se ejerció ese recurso y si los fondos eran destinados a los fines ambientales que justifican la existencia del gravamen.
La Secretaría de Finanzas respondió remitiendo al solicitante a oficios previos y a enlaces electrónicos donde presuntamente se encontraba la información, respuesta que el órgano jurisdiccional consideró insuficiente.
La jueza federal que resolvió el caso determinó que una respuesta gubernamental no puede tenerse por satisfactoria cuando simplemente redirige al ciudadano a páginas de internet o documentos genéricos sin explicar si la información solicitada se encuentra efectivamente ahí ni proporcionar los datos específicos requeridos.
La resolución subrayó que las autoridades están obligadas a emitir respuestas fundadas y motivadas, en especial cuando se trata de solicitudes vinculadas al manejo de recursos públicos, y que el derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional exige que la contestación guarde una relación lógica con lo planteado y atienda el fondo de la petición.
Como efecto de la sentencia, la Secretaría de Finanzas y su Unidad de Transparencia deberán dejar sin efectos el oficio cuestionado y emitir una nueva respuesta debidamente fundada y motivada que atienda de manera puntual cada uno de los planteamientos del solicitante.
