Fernanda Durán
La controversia entre el Congreso del Estado y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) por la reforma constitucional en materia de pensiones escaló este lunes, luego de que el diputado Héctor Serrano Cortés, coordinador parlamentario del Partido Verde, anunciara que presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra del rector Alejandro Zermeño Guerra por presuntos actos de discriminación.
El legislador acusó que las declaraciones del rector, quien previamente descalificó sus críticas al señalar su origen y formación, rebasaron el ámbito del debate público y constituyen una vulneración a derechos fundamentales.
“El rector creo que se extralimitó, me parece que perdió los cabales”, sostuvo Serrano, al señalar que el señalamiento sobre no ser egresado de la universidad ni originario del estado desvía el fondo del tema: la exigencia de rendición de cuentas.
El diputado afirmó que la queja será presentada a título personal, al considerar que se trata de un acto discriminatorio.
“Yo habré de presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por la discriminación que por primera vez en mi vida se da”.
Serrano insistió en que no es necesario pertenecer a la comunidad universitaria para exigir transparencia en el uso de recursos públicos.
“No se necesita ni ser egresado de la Universidad, ni ser de origen potosino (…) para solicitar el rendimiento de cuentas”.
El conflicto se origina en el contexto de la aprobación de la reforma al artículo 127 constitucional, que establece un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos.
Desde el Congreso del Estado, legisladores han planteado la posibilidad de que este criterio también alcance a la UASLP, lo que ha sido rechazado por el rector, quien ha defendido la legalidad y viabilidad del sistema de pensiones universitario.
En este contexto, Serrano acusó que la universidad ha evitado transparentar información sobre estos esquemas.
“Lo único que estamos pidiendo es que nos diga cuáles son los salarios que él tiene y tienen los ex rectores”.
El legislador también cuestionó la respuesta del rector en torno a la no retroactividad de la reforma, al señalar que se trata de un argumento que requiere mayor sustento jurídico.
“Yo creo que sí requiere una orientación legal para evitar violentar los derechos de las personas”.
La confrontación se da en un momento en que el Congreso local analiza la posibilidad de armonización de la reforma constitucional en materia de pensiones, lo que podría derivar en un intento por incluir a organismos públicos estatales, entre ellos la UASLP, dentro de los nuevos límites al gasto en jubilaciones.
Aunque la universidad ha sostenido que su sistema ya cuenta con topes y ha sido modificado en años recientes, desde el Poder Legislativo se ha insistido en revisar el costo real de estas prestaciones y su impacto en el erario.
