Fernanda Durán
La diputada Jessica Gabriela López Torres dio a conocer que únicamente el 43 por ciento de las personas obligadas por sentencia judicial cumplen actualmente con el pago de pensiones alimenticias en San Luis Potosí, mientras que el resto incurre en incumplimientos pese a existir resoluciones legales en su contra.
La legisladora lamentó que, aunque existen sentencias emitidas por autoridades judiciales, en muchos casos estas no logran ejecutarse de manera efectiva.
“Es un tema que he platicado con la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, que mencionaba que puede haber sentencias en papel y en figura muy bien establecidas, pero al momento de causar ejecutoria no funcionan o no se cumple con el interés de proveer los alimentos”.
Indicó que uno de los principales problemas es la falta de mecanismos suficientes para garantizar que las personas deudoras alimentarias realmente cumplan con los pagos establecidos por los jueces.
Explicó que incluso dentro de los juicios de pensión alimenticia, existen casos donde las personas obligadas recurren a recursos legales o estrategias para evitar entregar los montos acordados.
Ante este panorama, López Torres adelantó que en breve podrían dictaminarse iniciativas impulsadas por ella y por la diputada Roxanna Hernández Ramírez para permitir que el padrón de personas deudoras alimentarias sea público en el estado.
La legisladora sostuvo que la intención es fortalecer las herramientas de presión y cumplimiento contra quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias.
“A final de cuentas también la Suprema Corte se ha pronunciado al respecto y ha dicho que inscribir a estas personas y hacerlo público no es violatorio de los derechos de la persona deudora, sino todo lo contrario, abona a que cumpla con ese pago que adeuda”.
El padrón estatal de deudores alimentarios fue aprobado en San Luis Potosí en 2022 y comenzó a operar formalmente en 2023 bajo responsabilidad del Poder Judicial del Estado.
Sin embargo, en distintas ocasiones legisladores y colectivas han cuestionado su eficacia debido a retrasos en registros, falta de publicidad y limitaciones para hacer exigible el cumplimiento de las pensiones.
Recientemente, el diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y castigar a quienes proporcionen datos falsos, oculten su domicilio, cambien su nombre o escondan sus ingresos reales para evitar el pago de pensiones alimenticias.
La propuesta busca sancionar de forma específica a los deudores alimentarios que manipulen información para impedir que se fije o cumpla una pensión. Según la iniciativa, mientras el Código Penal ya castiga la omisión de pagos y la simulación de insolvencia, ahora se pretende perseguir “la acción de falsear u ocultar información esencial ante las autoridades”, con el objetivo de combatir “el dolo procesal con el que operan los deudores alimentarios”.
Además, la reforma plantea aumentar las penas actuales, pasando de seis meses a tres años de prisión, hasta un rango de uno a cuatro años de cárcel para quienes incurran en estas conductas.
