Texto y fotografías de Fernanda Durán
Durante la comparecencia de la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta, ante el Congreso del Estado por la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, un grupo de taxistas bloqueó las calles Prolongación Pedro Vallejo, Ignacio López Rayón e Ignacio Comonfort, frente al recinto legislativo.
Los manifestantes, que se identificaron como integrantes de movimientos como Metropolitano, La Resistencia y Extraditables, reclamaron la falta de operativos contra el transporte irregular y las plataformas digitales.
La protesta inició pasadas al medio día, cuando los conductores intentaron ingresar al edificio del Congreso, pero se encontraron con una valla de cadetes de la Guardia Civil Estatal que impedía el acceso por la entrada principal.
Desde la calle, comenzaron a gritar consignas hacia la ventana de la sala de comparecencias, donde se desarrollaba la sesión.
“Es lo más triste y deprimente para nosotros como ciudadanos, porque además de ser taxistas también somos pueblo, y nos niegan la entrada a un recinto donde se lleva a cabo una audiencia”, denunció Filiberto Pérez Sánchez, representante del grupo Metropolitano. “Queremos exhibir la alta represión que hay en contra de nuestro movimiento, porque nuestras demandas son legítimas: el trabajo escasea y ya no sabemos qué hacer”.
Entre los señalamientos más graves, los manifestantes denunciaron presuntas irregularidades en los cobros de trámites y cursos obligatorios para el gremio, como las capacitaciones y los exámenes psicométricos, segun explicó Filiberto Pérez, los pagos —de aproximadamente mil treinta pesos por operador— se realizan mediante depósitos a una cuenta privada de Banorte y no en las oficinas de la Secretaría de Finanzas, como establece la Ley de Hacienda.
“Nos piden pagar en una cuenta a nombre de un particular, con voucher de depósito en la farmacia Guadalajara. Ese dinero no sabemos a dónde va a parar”, afirmó el representante, quien pidió al Congreso investigar el destino de los recursos y la falta de transparencia en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Los inconformes acusaron que, pese a cuatro años de reclamos, la Secretaría no ha realizado operativos efectivos contra el servicio no concesionado.
“Dicen que no hay ninguna plataforma registrada en la Secretaría y es cierto, pero todas trabajan al amparo de esta gubernatura”, afirmó Pérez Sánchez, quien también señaló la falta de transparencia en el cobro de cursos y trámites que se pagan en cuentas privadas.
“Pagamos más de 26 mil pesos por concesión y cada año otros seis mil por referendos, revistas y licencias. Queremos que se nos dé una aplicación que nos permita trabajar, como la tienen las plataformas. La gente también quiere saber dónde estamos nosotros”, añadió.
Otros manifestantes exigieron la destitución de la secretaria Araceli Martínez Acosta, a quien acusaron de “mentir sobre la situación del transporte”, además de que “solo presume la Red Metro” y “ha olvidado al gremio”.
“Queremos que nos quite las plataformas porque no están legalmente constituidas; se llevan el dinero de San Luis Potosí a otros países y el gobierno no hace nada”, afirmó uno de los voceros del Movimiento Único de Taxistas.
Dentro del Congreso, el diputado presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Cuauhtli Badillo Moreno, pidió a la funcionaria salir a atender a los manifestantes.
Martínez Acosta se negó bajo el argumento de que ya los había recibido en años anteriores “sin resultados positivos”.
“Hoy hace un año, en mi cumpleaños, también estuvimos reunidos con los mismos personajes”, respondió la secretaria. “Conozco perfectamente a quienes encabezan esta manifestación: representan el 0.33 por ciento del gremio, es decir, 18 vehículos de taxi, y no es de mi interés volver a dialogar porque buscan retomar las viejas prácticas de la ‘herencia maldita’, cuando en contubernio con la autoridad detenían a los conductores de plataformas y golpeaban a los ciudadanos”.
La funcionaria afirmó que en San Luis Potosí existen 5 mil 442 concesionarios y un padrón de 18 mil operadores, de los cuales la mayoría respalda la regularización de las plataformas digitales y participa en mesas de trabajo con la dependencia.
“El 99.7 por ciento de los taxistas potosinos están en el diálogo y de acuerdo en que se regulen las plataformas, siempre que se garantice un equilibrio en la prestación del servicio”, señaló.
Martínez Acosta hizo un llamado a las y los diputados locales para impulsar una legislación que sancione a las empresas internacionales que operan sin registro y exhortar a sus homólogos federales a actualizar la normativa sobre transporte digital.
“No voy a ceder a presiones que pretendan violentar los derechos y garantías individuales de la ciudadanía potosina”, sostuvo. “He trabajado 24/7 desde mi llegada a la Secretaría y mi número de teléfono lo tienen todos, pero no permitiré que intereses oscuros vulneren al Estado”.
La secretaria también acusó que los manifestantes “engañan a otros taxistas” y que algunos han exigido la liberación de un vehículo detenido “por su presunta participación en un robo a mano armada”, por lo que también pidió a los legisladores penalizar las acciones de los taxistas.
“Tenemos que reconocer que hay malas prácticas y que también hay taxistas robando y atracando a la ciudadanía”, advirtió.
La protesta se mantuvo hasta la conclusión de la comparecencia, mientras los cadetes de la Guardia Civil bloqueaban el acceso. Los inconformes insistieron en que no buscan confrontación, sino atención, y exigieron “operativos reales, una aplicación pública para el gremio y transparencia en el manejo de los recursos”.
