Fernanda Durán
El requisito de que plebiscitos, referéndums y otros mecanismos de democracia directa alcancen al menos el 40 por ciento de participación ciudadana para que sus resultados sean vinculantes será uno de los principales desafíos de la reforma electoral presentada por el Ejecutivo federal, consideró el abogado constitucionalista Jorge Chessal Palau, integrante de la Barra Mexicana de Abogados capítulo San Luis.
El especialista señaló que este tipo de disposiciones obligan tanto a las autoridades como a la ciudadanía a involucrarse activamente en los procesos de participación.
“Representa dos retos muy importantes. Uno de ellos que el Estado pueda convencer de que hay que participar en estos ejercicios de democracia directa y por otro lado que los ciudadanos se convenzan de que hay que participar”.
Añadió que la baja participación en procesos electorales o consultivos suele generar posteriormente cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados.
“No nos podemos quejar de que el Poder Judicial haya quedado mal integrado si solamente asistió el 15 por ciento de la población a votar”, comentó al referirse a ejercicios recientes de participación ciudadana.
En ese contexto, Chessal Palau recordó que en México el voto ya está reconocido constitucionalmente como una obligación cívica, aunque en la práctica no existen sanciones para quienes deciden no acudir a las urnas libremente. No obstante, aclaró que imponer castigos por no votar podría incluso entrar en conflicto con derechos fundamentales, por lo que el verdadero desafío es incentivar la participación ciudadana sin recurrir a sanciones.
“Castigar por no ir a votar yo creo que también sería exceder”, señaló, al advertir que la abstención también tiene implicaciones políticas, pues “la abstención se cuenta por la mayoría. Es decir, estoy consintiendo tácitamente el resultado que vaya a salir”.
En su análisis sobre la reforma electoral en su conjunto, Chessal Palau consideró que el proyecto contiene cambios que podrían mejorar algunos aspectos del sistema político, particularmente en materia de financiamiento de campañas.
“Uno de los grandes problemas de los procesos electorales es el dinero que circula de manera informal en todos los partidos. No es problema de un solo partido, sino de todos”.
El reto de alcanzar ese umbral no es menor si se consideran los niveles de participación que han tenido ejercicios similares en el país. En los últimos años varios plebiscitos organizados en México han registrado participaciones menores al 15 por ciento del padrón electoral; en el caso de San Luis Potosí, el plebiscito de 2023 sobre la municipalización de Villa de Pozos apenas alcanzó una participación de 6.82 por ciento, una de las más bajas documentadas en este tipo de consultas.
En ese sentido, consideró positivo que la propuesta incluya mecanismos para obligar a que los recursos utilizados en campañas se manejen a través del sistema financiero y bajo controles vinculados a la prevención de lavado de dinero.
Otro de los cambios que valoró favorablemente es que la reforma contemple eliminar las senadurías de representación proporcional, al estimar que esta medida permitiría que el Senado recupere su función original como órgano de representación de las entidades federativas dentro del pacto federal, ya que su diseño constitucional buscaba que cada estado estuviera representado directamente en esa cámara.
De acuerdo con el constitucionalista, la presencia de senadores plurinominales modificó parcialmente esa lógica de representación territorial.
“Había una cuarta parte del Senado que no representaba ningún Estado, entonces se cambiaba el sentido de lo que era el Senado de la República”.
No obstante, expresó reservas sobre algunos elementos de la propuesta relacionados con la regulación del contenido electoral generado mediante inteligencia artificial, particularmente por sus posibles implicaciones para la libertad de expresión y el trabajo periodístico.
“El control de la inteligencia artificial puede ser bueno, pero no se debe de transitar a que sea una forma de control de los medios de comunicación”.
Advirtió que la regulación del contenido electoral generado mediante inteligencia artificial no debería derivar en mecanismos que limiten el trabajo periodístico durante los procesos electorales, ya que los medios de comunicación suelen ser una fuente clave para visibilizar posibles irregularidades.
“Muchas de las veces los órganos electorales sólo acceden a la información en función de lo que los medios de comunicación puedan proponer”.
Finalmente, apuntó que algunos aspectos de la reforma aún deberán definirse en la legislación secundaria, particularmente la fórmula de asignación de diputaciones de representación proporcional, que será clave para determinar cómo se distribuyen los escaños en la Cámara de Diputados.
