Marcela del Muro
Tras una larga y extenuante jornada de manifestaciones —que comenzó la tarde del 2 de febrero con la toma de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos—, las familias del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros llegaron a un acuerdo con el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez.
El funcionario aseguró que, a más tardar el próximo jueves, se agendará una mesa de trabajo con la fiscal del Estado, María Manuela García Cazares, quien destituyó a la titular de la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas, Luz María Montes Mariano, y fue la gran ausente durante toda la jornada de protestas.
“Él se compromete a trazar una ruta, no solo del tema de la fiscal, que nosotros estamos pidiendo que la regresen, sino también de todo lo que le falta a la Unidad”, explicó la presidenta del colectivo, Edith Pérez Rodríguez, a sus compañeras.
Las integrantes del colectivo dialogaron durante quince minutos y acordaron que aceptaban la propuesta del secretario de Gobierno; sin embargo, de no notificarles la fecha exacta de la mesa de trabajo el jueves 5 de febrero, el próximo lunes Voz y Dignidad volverá a manifestarse: ocupando nuevamente vialidades muy transitadas de la capital como la carretera 57.
Durante la llamada con el secretario Torres Sánchez, el colectivo le explicó que “llegamos hasta estos niveles [de manifestación] porque lo que nos ha tomado años construir, lo están ahora destruyendo”.
La Unidad se creó hace ocho años gracias al impulso y exigencia de los colectivos y familias buscadoras. Montes Mariano está al frente desde su conformación. Voz y Dignidad explica que ella se ha capacitado y es la funcionaria de la Fiscalía General de Estado (FGE) con más conocimiento en materia de desaparición de personas; conformando y entrenando a un equipo de trabajo especializado, aunque, lamentablemente, no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a una crisis tan devastadora como la desaparición de personas en San Luis Potosí.
La destitución de Montes Mariano es la gota que colmó el vaso del colectivo, que denuncian que durante más de dos años, desde la llegada de García Cazares al frente de la FGE, ha sido una constante lucha por exigir se garanticen las condiciones necesarias para que la Unidad siga operando, pero sin éxito: actualmente no cuentan con los insumos materiales, humanos y presupuestales suficientes para buscar, investigar y litigar; el personal no cuenta con condiciones dignas de trabajo; y la Unidad no cuenta con autonomía, que ha dificultado su trabajo, pues todas las decisiones recaen en la fiscal general, quien se ha empeñado en obstaculizar el funcionamiento de esta área, perciben las familias.
Desde que las familias se enteraron de la salida de Montes Mariano, la mañana del sábado 31 de enero, buscaron el diálogo con la fiscal general del Estado e, incluso, con el mismo secretario de Gobierno, sin resultados. La tensión fue aumentando con los días de silencio de los funcionarios. Las familias que integran el colectivo —la mayoría viajaron desde las distintas zonas del estado— se articularon para respaldar a Montes Mariano y defender una institución, “que por capricho de la fiscal general” dejaron acéfala.
Lo único que se buscaba con la jornada de manifestaciones del 3 de febrero era entablar el diálogo con Manuela García Cazares o con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona; la primera pues parece ser la única que puede tomar decisiones al interior de la FGE, el último, buscando un poco de sensibilidad ante el problema que enfrentan las familias de desaparecidos. Un grupo de más de seis funcionarios estatales, encabezado por Miguel Ángel García Amaro, subsecretario de Gobernación, intentaron calmar la crisis, pero la negativa de diálogo de la fiscal general —incluso a contestar el teléfono de los mismos funcionarios públicos— tensó más la situación entre las familias.
“Dicen que tiene un tema delicado de salud. Pero nosotras somos un tema delicado, y ya no vamos a aceptar que nos falten al respecto”, reclamó Marisela Torres, mamá buscadora de la zona Media.
“Nos violentaron al destituir a Luz Ma. Con esto nos están diciendo que no somos nada, que somos una carga. Es una cobarde por no querer darnos la cara”, reclaman entre una madre de la zona Media y una hermana de la Huasteca.
Primera parada de la manifestación: el evento de Concanaco Servytur
Las familias provenientes de la capital y de municipios del Altiplano pernoctaron desde el 2 de febrero en el campamento colocado fuera de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Un grupo grande de familias provenientes de la zona Media y la Huasteca viajaron desde la madrugada del 3 de febrero para poder estar presentes desde temprano en la manifestación. No fue una jornada cómoda, era palpable la indignación y furia que la destitución de la titular de la Unidad de Desaparecidos provocó en las familias.
La primera parada de la manifestación llegó con el anunció de un evento donde, supuestamente, se encontraría el gobernador Gallardo Cardona, en el Centro de Convenciones, donde se presentó la estrategia nacional “Viernes muy mexicano”, organizado por Concanaco Servytur y la Secretaría de Turismo.
La mitad del grupo de familias tomaron las mantas con los rostros de sus hijas, hijos, hermanos y esposos desaparecidos y llegaron a la sala donde se celebró la presentación, ante la mirada de sorpresa de empresarios y medios de comunicación, cuyas puertas de vidrio fueron cerradas impidiendoles la entrada. Sin embargo, la llegada de un empresario permitió a las familias tomar los micrófonos y manifestarse, previo a la llegada de la secretaria de Turismo, Yolanda Cepeda, quien se mostró impasible ante la situación.
Las familias del colectivo compartieron sus experiencias de resistencia durante los últimos años: han aguantando la falta de presupuesto, la carencia y el mal estado de los material de búsqueda, “las camionetas están tan en malas condiciones que nos dejan tiradas a la mitad de los campos de exterminio”; soportado la inseguridad que enfrentan mientras buscan a sus familiares desaparecidos y la omisión e indiferencia de los funcionarios que encabezan la FGE; y callado ante la destitución o cambios de funcionarios de búsqueda, pero llegaron a un límite con la destitución de la titular de la Unidad.
“Ahorita nos reciben en la Fiscalía de Derechos Humanos”, anunció García Amaro. “Pues, hasta ahorita, si no venimos aquí, tenemos desde las cuatro de la tarde de ayer, pernoctamos afuera y no hubo una patrulla de seguridad pública que nos vigilara, no hubo un asesor de la Comisión de Víctimas que nos asesorara, no hubo una llamada de usted”, reclamó Edith Pérez Rodríguez.
“Dos años tengo esperando para ir por lo que queda de mi hermano, pero ahí nos están esperando para tener una agenda para poder ir a levantarlos, con nuestras propias manos. ¿Ustedes creen que es justo eso? ¿Cuándo voy a entregar ese cuerpo a mi madre?”, cuestionó Jessica Martínez Cervantes, que busca a su hermano Esteban, desaparecido el 2 de julio de 2020 en el municipio de Tamuín. El año pasado se realizó el levantamiento de una parte de los restos calcinados de Esteban; sin embargo, los peritos de la Unidad no pudieron recuperar todo el material óseo en un día de búsqueda, quedando parte de los restos aún en campo y sin presupuesto que permita realizar una nueva diligencia de búsqueda.
El impactó que causaban las palabras de las familias buscadoras era notorio en los rostros de los y las empresarias asistentes al evento. Una mujer lloraba mientras escuchaba a Voz y Dignidad por los Nuestros.
“Empresarios: tienen hijos, quieren un mejor San Luis, nosotros también. Hay que fortalecer la seguridad, las instituciones, no nada más venir a invertir; hay que fortalecer la seguridad para que esto funcione. Yo los invito para que también hablen de este tema porque se los están llevando, los están desapareciendo. Si fueran sus hijos también nos dolería y también los buscaríamos. Pónganse un poquito en los zapatos de las madres buscadoras, de las madres de los más de 130 mil que hay en el país”, señaló Guadalupe Mendiola Acosta, que busca a su hermano, el empresario huasteco Daniel Mendiola, desaparecido en el 2012.
“Me arrancaron la vida. Nos arrancaron el alma y estamos muertas en vida. Lo único que me mantiene de pie es ese amor por ellos. Una disculpa a todos ustedes”, finalizó Edith Pérez, quien busca a sus hijos José Arturo y Alexis, a su sobrina Milynali, a su sobrino Aldo y a su hermano Ignacio, desaparecidos cuando regresaban de un viaje a Texas en el 2012.
Tras trece minutos de compartir sus experiencias, las buscadoras salieron de la sala. García Amaro aseguró que la fiscal general estaba próxima a llegar al plantón instalado afuera de la Fiscalía de Derechos Humanos.
No llegó ni contestó la fiscal: el bloqueo de Sierra Leona y la falta de empatía de la ciudadanía
Pasado el mediodía, las autoridades mediadoras aseguraron que la fiscal general acudiría a, más tardar, en una hora a dialogar con las familias, pero ninguno logró comunicarse con ella. Ninguno de los funcionarios presentes parecía saber por qué se decidió la remoción de Luz María Montes de la titularidad, y tampoco mostraban poder de decisión para revertir esa orden, que es lo que exigen las familias.
“Acabo de hablar con Luz María y ella está bien, muy contenta con su nuevo puesto”, comentó Doroteo Paredes, fiscal de Derechos Humanos. Este comentario enfureció a las familias, quienes pidieron que también acudiera a la conversación con la fiscal García Cazares.
Fueron pasando los minutos, convirtiendo la espera en horas. “Si la fiscal no llega a las 3.30 de la tarde tomaremos Sierra Leona”, amenazaron las familias con una hora de antelación, pero la fiscal seguía sin dar señales de vida. Los funcionarios mediadores comenzaron a hablar de que García Cazares se encontraba internada, delicada de salud, enferma en su casa sin poder solucionar esta crisis que ella provocó la noche del viernes, destituyendo a Montes Mariano.
“Nos están engañando”, reclamó el colectivo. “Nos dijeron que vendría la fiscal, pero ahora nos dicen que está enferma ¿saben cuántas de aquí sufrimos algún padecimiento?”, cuestionó Odalis Cruz, mamá de Emir Yurel, joven desaparecido en diciembre de 2024 y cuyos restos fueron hallados en un campo de exterminio de la zona Media en marzo del año pasado.
Y pese a esos padecimiento —desajuste de la presión arterial y del azúcar en sangre, malestares estomacales y lesiones musculares— las familias tomaron sus mantas y cerraron dos puntos de la vialidad de Sierra Leona, como lo habían prometido.
Las y los intolerantes automovilistas gritaban desesperados: “Vayan a reclamar a otro lado”, “¿cuánto les están pagando por hacer esto?”, “váyanse a los edificios del gobierno, aquí no solucionaran nada”. Los enojados conductores pasaban acelerando a lado de las madres, atravesaban las mantas y sonaban los claxones como si eso fuera a debilitar la lucha o a disminuir la furia de las familias buscadoras.
Y aunque les gritaban que con ese bloqueo no solucionan nada, a los pocos minutos la comitiva de funcionarios aumentó: Luz María Montes Mariano llegó para dialogar con las familias. “No es con usted. Nos ha soportado todos estos años para que ellos nos hagan lo que nos están haciendo”, reclamó Edith y agregó “si no está la fiscal no nos vamos a quitar”.
Tras un poco más de una hora bajo el sol y viviendo varios episodios de riesgo por conductores que intentaban pasar por huecos reducidos entres las familias o encima de las banquetas y camellones, el colectivo decidió retirarse: “Si la fiscal no nos atiende antes de las 5.30 de la tarde, tomaremos la Glorieta Juárez”, anunció Voz y Dignidad.
La tensión y desesperación de los funcionarios mediadores iba en aumento, mientras la fiscal general seguía sin responder, ajena a la crisis que provocó.
El acuerdo
Tras la manifestación en Sierra Leona, las familias se reunieron a conversar con Luz María Montes. La ex titular les comentó que ya está próxima a jubilarse, en octubre, que el trabajo en la Unidad en los últimos meses ha sido agotador y desgastante, “mi deseo es no regresar”, comentó. Aunque ella no lo expresó, las familias del colectivo sospechan que sus superiores la están amenazando.
“La conocemos desde hace casi 10 años, nosotras confiamos en usted. ¿Se imagina cómo nos sentimos?”, comentó una hermana buscadora. “Esto no estaba en los planes ni en la agenda ¿cómo es posible que por un berrinche, por una provocación, se venga abajo todo el trabajo de años?”, cuestionó una madre buscadora.
El secretario general Torres Sánchez buscó en repetidas ocasiones conversar con el colectivo, pero fue a media tarde, pasadas de las cinco, cuando la presidenta y secretaria de la organización de familias decidieron conversar con él y aceptaron esperar un par de días para concretar la mesa de trabajo con la fiscal.
Con esta agotadora jornada de manifestaciones, quedó claro que las familias de desaparecidos no van a permitir que nadie destruya todo el trabajo que se ha hecho para buscar a sus hijas, hijos, hermanos, hermanas y esposos ausentes. No van a permitir que se les humille, que humillen a los pocos funcionarios que trabajan junto a las familias, tampoco permitirán que se tomen decisiones que afectan su futuro sin consultarles.
“Sin las familias, no”, señala el colectivo, que exige: se garantice la fecha de las mesas de trabajo a más tardar el próximo jueves, se restituya a Montes Mariano como titular de la Unidad, se garantice la autonomía de la Unidad, los insumos materiales, personales y económicos para la búsqueda, investigación y litigio, se respeten las condiciones de trabajo para el personal y, sobre todo, se garantice el derecho a ser buscado de los miles de desaparecidos que hay en el estado y de sus familias.
