Desiree Madrid
El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, que agrupa a familias de personas desaparecidas, presentó un amparo indirecto contra el Congreso del Estado de San Luis Potosí por su negativa a crear una Fiscalía Especializada en Desapariciones, obligación marcada en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desde 2017 y que a la fecha sigue sin cumplirse.
La presidenta del colectivo, Edith Pérez Rodríguez, explicó que el recurso fue presentado con el acompañamiento de académicos de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), tras trabajo conjunto.
Señaló que la vía judicial es el único camino que quedó después de ocho años de promesas incumplidas y de lo que calificó como una “omisión criminal” del Congreso.
“La omisión legislativa no es un descuido burocrático, es una forma de violencia institucional. Nos condena a más dolor, más incertidumbre y más impunidad”, afirmó Pérez Rodríguez.
Asimismo, recordó que San Luis Potosí está entre los seis estados del país que todavía carecen de una fiscalía especializada para atender la crisis de desapariciones.
Durante su mensaje, la activista lanzó un señalamiento directo contra el diputado Fernando Gámez, a quien acusó de engañar a las familias buscadoras con falsas promesas.
Relató que, en un acto público, las familias entregaron al legislador corazones de papel como símbolo del dolor que cargan, y que Gámez, casi al borde del llanto, se comprometió a impulsar la creación de la fiscalía.
“Recibió nuestros corazones rotos en sus manos, temblando, comprometiéndose a hacer todo lo que fuera necesario. Hoy no ha hecho nada. Fue una ofensa terrible, un compromiso roto más”, denunció Pérez Rodríguez.
El colectivo también responsabilizó al Ejecutivo estatal de frenar el tema desde Palacio de Gobierno, al asegurar que la Subsecretaría de Gobierno se ha limitado a simular diálogo, mientras que en actos oficiales de la Fiscalía y de la Comisión Estatal de Búsqueda han entregado documentos para solicitar la creación de la fiscalía sin que haya avances. Incluso la fiscal general, María Manuela García Cázares, respondió que sin recursos no se puede hacer nada, pese a que la ley establece esa obligación.
Además, criticaron que el plazo marcado en la reforma federal de 2025 —que obligaba a los congresos locales a armonizar su legislación y crear fiscalías especializadas antes del 15 de septiembre— está pronto a vencer sin que en San Luis Potosí se haya tomado al momento acción alguna.
“El Congreso incumple la Constitución, los tratados internacionales y la Ley General. Mientras legislan rápido para negocios o intereses políticos, nos condenan a nosotras a la impunidad”, señalaron.
Edith Pérez concluyó que el amparo busca que la justicia federal obligue a las y los diputados a cumplir con la ley y crear la Fiscalía Especializada en Desapariciones.
“Ya no queda espacio para la confianza moral. Si no actúan por voluntad, tendrán que hacerlo por la vía legal. Las desapariciones no admiten excusas porque vivos se los llevaron y vivos los queremos”, cerró el colectivo.
